Derechos Humanos
2020, un año sin avances en materia de derechos en Cuba
Activistas cubanos califican el 2020 como un año sin avances en el tema de los derechos humanos y señalan al gobierno como el responsable de las violaciones que ocurren contra la población, según sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), calificó de “pésima” la situación en la isla, donde “la represión se ha desatado con más intensidad que en etapas anteriores”.
Precisó que esas acciones represivas han sido contra "todos los actores de la sociedad civil, particularmente con los actores emergentes donde figuran periodistas, artistas y líderes comunitarios”.
Agregó que todo ocurre en medio de un panorama muy difícil por la crisis sanitaria, usada por el régimen “como una herramienta, un instrumento para reprimir y desmovilizar la sociedad civil”.
El opositor lamentó que el régimen ocupe una silla en el consejo de ONU en este año “cuando se han disparado las detenciones arbitrarias y los procesos penales en la isla, sobre todo contra las mujeres que han intentado organizarse en las tareas del feminismo, así como contra los que trabajan en temas de medio ambiente y los derechos LGTBI", agregó.
Finaliza un año y comienza otro con “la salud de los derechos humanos en estado crítico, y se mantendrá la crisis económica profunda por la mala planificación de un régimen donde la desigualdad y pobreza van en ascenso”, concluyó.
Zelandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de defensa electoral y/o Constitucional (COCUDE), coincidió con Madrazo en que durante 2020 se ha incrementado la limitación de derechos.
A su juicio, eso ha hecho que "la población despierte y comience a exigir respeto".
La opositora agregó que también el tema de la familia sometida al hacinamiento y las restricciones del gobierno para evitar el avance de la pandemia incidió en el aumento de la violencia entre los ciudadanos y la violación de los derechos ciudadanos por parte de las autoridades.
Dijo que en un análisis que COCUDE ha hecho en las últimas semanas con vistas al resumen anual han observado que abundan las irregularidades a la hora de aplicar multas arbitrarias por parte de las autoridades aún cuando no hay evidencias que demuestren el delito.
"Esas sanciones constituyen una limitación a la libre expresión, y eso demuestra que en vez de ir hacia delante vamos hacia atrás", recalcó.
Moisés Leonardo Rodríguez promotor de la Corriente Martiana, organización encargada de promover los derechos humanos y de comunicar a las Naciones Unidas las violaciones que ocurren en la isla, define el 2020 como un año de notable incremento de las violaciones en Cuba.
Señaló que uno de los mayores atropellos cometidos es el concerniente a la aplicación del Decreto-Ley 370 que "sanciona y castiga" a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de opinión, y de asociación.
“Han sido multados arbitrariamente cantidad de actores de la sociedad civil y lo hemos puesto en conocimiento de las Naciones Unidas y de organizaciones que se dedican al monitoreo de estos”, precisó.
El activista recordó que también entre las violaciones del régimen en este año figuran las multas, e incluso la prisión, las negativas a decenas de ciudadanos a salir del país y la persecución a periodistas y Damas de Blanco.
Concluyó que a todos esos abusos se suma la violación de los derechos contra artistas, activistas y periodistas independientes del Movimiento San Isidro que a finales de noviembre se pronunciaron por la libertad de uno de sus integrantes acusado y trasladado a la cárcel tras la realización de un juicio sin el debido proceso.
José Díaz Silva, líder de Movimiento Opositor Por una Nueva República, recordó que solo de su organización seis activistas fueron a la cárcel luego de ser violados sus derechos calificó el 2020 por eso considera que se ha vivido una "de etapa de tristeza y sufrimiento para las familias y los opositores".
En medio de una crisis humanitaria "las arremetidas contra la sociedad civil de la que formamos parte los activistas han sido muy fuertes", señaló.
"Nuestro pueblo sufre y no creo que en el próximo año eso vaya a cambiar", opinó Díaz Silva.
María Elena Mir Marrero, líder sindical, enfatizó en que no ha habido ninguna tipo de mejoría.
A su juicio la represión, los arrestos, vigilancias, citaciones y amenazas, que constituyen serias violaciones, crecieron vertiginosamente a partir del segundo semestre "porque al principio la gente se quedó en las casas por la pandemia pero luego se vio obligada a salir a las calles.
Mir Marrero aseguró que la severa crisis que se desató ha llevado a la población a no dejarse someter en medio de serias restricciones "y el régimen actúa así porque se están dando cuenta que ya no son solo los opositores los que se les enfrentan”.
Iván Hernández Carrillo Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASCIC) recordó que en 2020 los derechos de los trabajadores en la isla siguen siendo vulnerados.
El fracasado sistema político, económico y social sigue violando todos los derechos sindicales y laborales y tampoco reconoce la existencia de asociaciones independientes que luchen por los obreros y por los que trabajan en el sector privado.
Recordó que se ha reforzado la tiranía y el abuso contra la población a las que les han negado un salario justo.
Cuba no ha sido capaz de ofrecer "bienes y servicios a los ciudadanos de ahí el crecimiento de las desigualdades y limitaciones básicas para una vida digna", concluyó.
El pastor evangélico Alain Toledano señaló que la "violación más salvaje que sufrimos en la isla es la que se hace contra la familia".
Dijo que el acoso e intimidación contra los seres más cercanos se hace de forma diabólica, y no hay una voz que se levante a favor de los cristianos "porque todos están en complicidad y responden a ese régimen abusador".
El pastor reafirmó que el refugio de los cristianos "está en Dios, y nos hemos mantenido en pie porque sabemos que la nación ha despertado", aseveró.
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Preso político se sintió humillado al ser conducido encadenado "como criminal" a un hospital
El preso político Luis Robles Elizastigui dijo que se sintió humillado cuando fue llevado esta semana al hospital al hospital Miguel Enrique, en La Habana, al que llegó esposado de pies y manos.
Su familia denunció en varias ocasiones que el joven necesitaba asistencia especializada por problemas de salud, que lo aquejan en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde cumple una sentencia de cinco años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica, en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
En una grabación publicada en Twitter por el diario digital Cubanet, Robles expresó: “Me sacaron encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle. Pasé tremenda vergüenza, como si fuera un criminal”.
“A quien se le ocurre que usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar a un médico, a que la evalúe un médico, usted no sabe cómo esa persona se siente”, dijo a Radio Martí, Yindra Elizastigui, madre de Robles.
Robles, a quien se le aprobó en agosto el paso a un régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado las autoridades a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 Y K en el Vedado, La Habana, tiene que analizar su expediente.
“El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad, a la dirección nacional, donde ahora hay que esperar que el órgano de allí se reúna y dé su aprobación, porque yo pensé que, ya aprobándolo el centro penitenciario, nada más era allí. Porque yo escuché que siempre tenía que llegar allí a la dirección nacional, pero era por la firma y ya. Bueno, ahora hay que esperar que ellos lo aprueben, entonces se me dijo que volviera antes del día 10 de octubre, así que eso es lo que pienso hacer. No obstante Luis me mantiene informada de cómo va, por lo menos si se le ha dicho algo a él. De momento, esa es la respuesta que se me dio”, afirmó.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, organización no gubernamental de consulta jurídica dijo a Martí Noticias que en el caso de Luis Robles "hay que analizar, por ejemplo, si el era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo en el pase de un régimen a otro, pero además hay categorización de recluso, que son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios, del Ministerio del Interior, entonces el director o jefe de ese departamento es el máximo responsable de decidir si progresa en el régimen o la libertad condicional”.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizastigui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Fiscalía acepta queja sobre salud de preso político Félix Navarro
La Fiscalía Municipal de Colón, en Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro.
Álvarez Campillo solicitó al órgano de Justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la Prisión Agüica, para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
“El lunes tuve comunicación con la Fiscalía Militar de Matanzas y ellos me dijeron que no tenían que ver con las prisiones. Entonces, el miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón, y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Provincia, que son los que tienen que ver con las prisiones. No me dio respuesta sobre lo que iban a hacer, ni las medidas que iban a tomar. Tampoco sabía qué tiempo se demoraría la gestión”, relató la Dama de Blanco a Martí Noticias.
El preso político, de 70 años y diabético, ha sufrido, en dos ocasiones, pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglucemias, según denunció su hija Saylí Navarro desde el penal de mujeres La Bellotex, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria.
Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e, incluso, a perder la vida.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad.
De acuerdo a Saylí, su padre ha sufrido una importante pérdida de peso corporal en poco tiempo.
Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
“Se presentó en la prisión donde se encuentra Félix el oficial de la Seguridad del Estado, que dice llamarse Ramón. Él le dijo a Félix que no sabía nada de lo que le había sucedido. Ahora estamos más preocupados, porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix”, lamentó Álvarez Campillo.
Tres presos del 11J rechazan pasar a régimen de menor severidad por considerarlo indigno
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antúnez, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
“El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron proponiéndoles régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pase, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ella como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos y disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad”.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la asociación “Yorubas Libres de Cuba”, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas, Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021.
“Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que están presos injustamente”, dijo desde Placetas Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas, a pesar de presentar una delicada situación de salud que lo llevó a un reciente ingreso en el hospital provincial de Santa Clara, debido a una neuropatía diabética.
“Yo los apoyo en lo que ellos decidan y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega”, precisó.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por su participación en Placetas, Villa Clara, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Por otra parte, Antúnez ofreció se refirió a la repuesta que dio Arianna López a las autoridades cubanas al recibir la propuesta.
“Loreto y Donaida también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta, y les había dicho textualmente: Conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza, dijo Ariana que, aunque no vuelva jamás a ver a sus hijos, no va a ceder”.
Preso político sufre ataques homofóbicos de sus carceleros, denuncian familiares
Presos, familiares y activistas de derechos humanos denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del que son víctimas los reclusos en los penales de la isla.
Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, en carta abierta de su puño y letra sacada de la prisión por familiares de otros reclusos, denunció los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal.
Almenares González es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y cumple siete años de condena por el presunto delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel.
Texto de la Carta:
“Yo: Yuri Almenares González, conocido en redes sociales como Caimana de Georgia, delegado del Movimiento Opositores Por Una Nueva República, acuso desde el Combinado del Este, Edificio #1, el constante acoso, represión, tortura psicológica y, sobre todo, la constante discriminación homofobia por mi preferencia sexual (soy gay) y por mi ideología en contra de toda esta mafia esbirra, neonazis asesina dictatorial comunista cubana.
El jefe del Edificio #1 Mayor Leonelvis Hardy Baró, el Segundo Mayor Aliosky Kindelán Carrión, el Jefe de Tratamiento Educativo Yorgenis Vicet Robert, el Jefe de Orden Interior Edislaydis Castillo Gaínza y el Segundo de Orden Interior conocido como Roger, todos en complot con el Teniente Coronel Pedro de Sección 21 y su cúpula de mafiosos manipuladores están usando a los internos (reclusos) comunes hasta manifestantes del 11, 12/07/2021 a qué que me discriminen, me den golpes y no lo seguiré tolerando.
Sin contar que el Primer Teniente Reeducador del 1ro Sur, llamado Sergio quien el 9 de agosto me dio golpes todo porque yo estaba plantado llevando ya 16 días y no recibía asistencia médica. Cómo premio por golpearme fue promovido a jefe de Cátedra de Tratamiento Educativo.
El pasado 4 de julio de 2023 el Segundo del Orden Interior Roger me cayó a golpes también por andar un pullover blanco escrito con Happy 4 of July - U.S.A, suficiente para madurarme a golpes ya nada les pasa.
Así es está mafia asesina que todos se tapan uno a otros, ellos golpeándome y yo esposado les gritaba asesinos, esbirros, mafiosos, corruptos, abajo el comunismo, abajo la corrupción de ustedes asesinos. ¡Patria y Vida! ¡Libertad!, mientras yo más les gritaba más duro me daban, al punto de que ahora son los presos los enviados a golpearme, el 3 de septiembre de 2023 un lanchero llamado Michel Pacheco me golpeó la cara y respondí al golpe, por ese mafioso de Roger, fui llevado a celda de castigo 1114 la cual estaban las paredes llenas de excremento siendo así obligado por 4 días a estar en huelga de hambre ya que en esas condiciones no se podía comer ese sancocho mal elaborado por estos ladrones vestidos de verde olivo”.
Amenazas y castigos en Kilo 8
Jiordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explicó el acoso y las amenazas que enfrentan dos presos políticos en la prisión Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, ya advertidos de que serán castigados por denunciar todo lo que ocurre allí.
Se trata de Reinier Calderín Socarras, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con tres años de condena por los delitos de atentado y desacato, y Alieski Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
“Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey.
Según informaron vía telefónica los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarras y Alieski Calderín Acosta, en la prisión especial de máxima seguridad de kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares comenten contra los reos políticos y comunes”, advirtió Jiordan.
Y en conversación con el coordinador de UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo, llama la atención sobre el caso de su esposo, preso por un delito común, el presunto robo de una bicicleta, al que aún no se le han presentado cargos y sufre de un cáncer en fase terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del hospital provincial Amalia Simoni, y aún no le han dado un cambio de medida.
“Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía, esta con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo.
Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simoni Argilagos, aquí en la ciudad de Camagüey, Sonia lo que quiere es que espere el juicio por ese delito en su casa para ella poderlo atender”, explicó Fernando.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
“Que le hagan un cambio de medida para que el poco tiempo que le queda de vida, no muera ahí en ese lugar, aunque sea esté en la casa con condiciones porque allí no tiene ninguna”, aseguró la esposa del reo.
Abogado demandó al Parlamento de Cuba por postergar Ley de Manifestación y fue detenido poco después
El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo interpuso una demanda el miércoles contra la Asamblea Nacional del Poder Popular en exigencia de que sea aprobada una Ley de Manifestación en Cuba y el viernes fue detenido temporalmente.
El jurista independiente estuvo arrestado durante media hora en la estación policial de las calles Infanta y Manglar, en La Habana y ofreció a Martí Noticias detalles de lo ocurrido.
“Mi propósito es materializar el dicho de las autoridades, sobre todo de las máximas autoridades, del presidente de la Asamblea Nacional, del presidente de la República, que incluso ahora anda por allá por las Naciones Unidas y defiende que Cuba es un Estado de derecho en el que se respetan y se le garantiza a los ciudadanos el ejercicio de todos los derechos humanos, cuando no es así”, explicó Ferrer a Martí Noticias.
“A mí no me sorprende. Desde el proyecto de Constitución vaticiné que la Constitución- como estaba hecha en forma de declaración- no tenía por sí manera de ejercitarse, de aplicarse, necesitaba de leyes específicas y leyes que desarrollaran sus preceptos, pero que ahí era donde estaba el rejuego de las autoridades: a través de las leyes de desarrollo, restringen el derecho que está en la Constitución. Esto han pretendido hacerlo, como ha sido práctica judicial en el país, a través de la Ley del Derecho a la Manifestación y la Protesta Pacífica y en el cronograma inicial, ellos previeron un decreto ley que debía haber sido aprobado en septiembre del 2020, para implementar cómo deben realizarse las protestas, en qué lugar, todas las condiciones de ese ejercicio (…) Siempre supuse que esa ley no se iba a aprobar”, agregó el abogado.
“Las autoridades aquí, ya por una cuestión, no sé , ancestral, no permiten nada, nadie que que les reclame, entonces dan derecho a petición, atención a la población, pero una ley que implemente todo eso es casi impensable. Entonces, llegado a ese momento en que debía ser aprobado ese decreto, no lo hicieron. Después, justificaron con el problema de la pandemia, bueno, ya la pandemia pasó, le hicimos una petición a la Asamblea de que por favor implementaran esa ley, que evitaría un sin número de procesos penales que se llevan a cabo, incluidos muchos de los que están en el 11J, que están siendo juzgados incluso por delitos que requieren para su integración la existencia de esa ley, de esas disposiciones", precisó.
"Entonces, hicimos ese pedido a la Asamblea y nos respondió, que por su dinámica, esa ley no estaba prevista y que si nosotros pretendíamos hiciéramos uso de la iniciativa legislativa ciudadana que requiere para eso, como mínimo 10.000 ciudadanos con la condición de electores", explicó.
"Te aconsejan ejercer un derecho y después obstaculizan ese derecho, entonces si es así, la Asamblea, por supuesto, las autoridades electorales registrales, están violando ese derecho (...) Entonces no queda otra que demandar a esas autoridades que están incumpliendo con el deber de la asamblea de aprobar las leyes que desarrollan los preceptos constitucionales, sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos", agregó.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a ADN Cuba que "a las estructuras del MININT les molesta que Julio utilice el propio sistema legal para denunciar las violaciones del debido proceso, la inefectividad de los recursos de amparo. Ahora lo detienen y le dicen que van a seguir violando la legislación aunque él siga con sus denuncias".
Diversent añadió que, aunque el arresto fue de corta duración, "en sí mismo es una amenaza contra su trabajo como defensor de los derechos humanos. Nos preocupa su situación; ha estado dos veces privado de libertad por su labor (2015 y 2016). Es un ex preso político y reconocemos que activar los procedimientos legales en la forma en que lo ha hecho Julio durante este tiempo implica riesgos y esta detención es una prueba de ello".
[Con entrevista del periodista Tomás Cardoso para el programa Cuba al Día]
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