El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que China continúa "reprimiendo brutalmente" a la minoria uigur y otros grupos étnicos del país.

"Estados Unidos debe seguir responsabilizando a los funcionarios por estos abusos", afirmó Rubio tras pedir el jueves la extensión de medidas impuestas hace cuatro años en respuesta a la "represión sistemática de los uigures" en la región de Xinjiang.

La Ley de Política de Derechos Humanos Uigur, impulsada por el senador Rubio, se promulgó en 2020 y sus sanciones expirarán en 2025, dijo Rubio en un comunicado.

Ahora, el senador republicano se ha unido al senador demócrata Jeff Merkley para presentar la Ley de Reautorización de la Política de Derechos Humanos de los Uigures de 2024, con el fin de garantizar el "apoyo continuo de Estados Unidos" a los derechos dicha comunidad.

"En un momento en que la diáspora uigur y los disidentes chinos siguen siendo objetivos de la represión transnacional a manos de la China comunista, hay que tener las herramientas necesarias para enfrentar esta amenaza", declaró Rubio.

"Estados Unidos debe seguir enviando un mensaje claro de que no seremos cómplices de la persecución y el genocidio de los musulmanes uigures por parte del gobierno chino", dijo Merkley.

"Los uigures y otros grupos étnicos en Xinjiang están siendo torturados, encarcelados, esclavizados, obligados a trabajar y presionados para que abandonen sus prácticas religiosas y culturales por parte del gobierno chino. Aprobar este proyecto de ley es vital para responsabilizar a China por estas graves violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo proteger a las víctimas de este genocidio", subrayó el senador.

Dos proyectos de ley fueron presentados este miércoles en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para impedir que Cuba y los demás países en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo puedan tener acceso a instalaciones sensibles de Estados Unidos.

El senador cubanoamericano Marco Rubio y el representante Carlos Giménez, también de origen cubano, presentaron en sus respectivas cámaras del Congreso la Ley de Aeropuertos Seguros frente a los Enemigos (SAFE).

Estos esfuerzos en la Legislatura estadounidense fueron impulsados tras la visita del 20 de mayo de una delegación cubana a las instalaciones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Dicha visita, en una fecha de importancia histórica en Cuba, fue duramente criticada por legisladores de ambos partidos, y la TSA ofreció disculpas por lo sucedido.

El senador Rubio afirmó en un comunicado que "es absurdo" que se haya acogido a funcionarios de naciones designadas como Estados patrocinadores del terrorismo, y subrayó que es necesario impedir que los agentes extranjeros "se enteren de las medidas de seguridad" de la aviación en Estados Unidos. (Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria son los cinco países en la mencionada lista).

Giménez, por su parte, comentó que está orgulloso de haber presentado la ley bipartidista SAFE en la Cámara de Representantes.

Otros legisladores que apoyan estos proyectos de ley son el senador Rick Scott y los representantes Debbie Wasserman Schultz, Mario Díaz-Balart, Jared Moskowitz y María Elvira Salazar.

El pasado lunes, en una iniciativa aparte, Díaz-Balart incluyó una "fuerte prohibición" en el proyecto de ley de financiamiento de Seguridad Nacional para el Año Fiscal 2025 que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a países que están en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

CABO CAÑAVERAL, Florida — Boeing lanzó el miércoles por primera vez astronautas al espacio, sumándose a SpaceX como servicio de transporte para la NASA.

Dos pilotos de prueba de la NASA despegaron en la cápsula Starliner de Boeing rumbo a la Estación Espacial Internacional, los primeros en usar esa nueva aeronave.

Se espera que el viaje de Butch Wilmore y Suni Williams dure 25 horas y llegue el jueves. Pasarán poco más de una semana en el laboratorio orbital antes de regresar a Starliner para un aterrizaje remoto en el desierto, en el oeste de EEUU, el 14 de junio.

"¡Vámonos!", gritó Wilmore minutos antes del despegue.

Con años de retraso debido a fallas en la nave espacial, el debut de la tripulación de Starliner se produce mientras la compañía lucha con problemas de seguridad de sus aviones.

Wilmore y Williams, capitanes retirados de la Armada y exresidentes de la estación espacial, enfatizaron repetidamente antes del lanzamiento que tenían plena confianza en la capacidad de Boeing para hacerlo bien con este vuelo de prueba.

Paralizado por un software defectuoso, el vuelo de prueba inicial de Starliner en 2019, sin tripulación, tuvo que repetirse antes de que la NASA permitiera que sus astronautas se abrocharan el cinturón. La repetición de 2022 fue mucho mejor, pero luego surgieron problemas con el paracaídas y hubo que quitar la cinta inflamable a la cápsula.

El lanzamiento del miércoles fue el tercer intento con astronautas desde principios de mayo, después de un par de problemas relacionados con cohetes, el más reciente el fin de semana pasado. Una pequeña fuga de helio en el sistema de propulsión de la nave espacial también provocó retrasos, pero los administradores decidieron que la fuga era manejable y no un problema de seguridad.

"Sé que ha sido un largo camino para llegar hasta aquí", dijo el director del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich, antes del retraso del fin de semana.

Boeing fue contratada junto con SpaceX, de Elon Musk, hace una década para transportar a los astronautas de la NASA hacia y desde la estación espacial. La agencia espacial quería dos empresas estadounidenses competidoras para el trabajo tras el retiro de los transbordadores espaciales, pagando 4.200 millones de dólares a Boeing y poco más de la mitad a SpaceX, que remodeló la cápsula que estaba usando para entregar suministros a la estación.

SpaceX puso astronautas en órbita en 2020, convirtiéndose en la primera empresa privada en lograr lo que sólo tres países (Rusia, Estados Unidos y China) habían dominado. Ha llevado a la estación espacial nueve tripulaciones para la NASA y tres grupos privados para una empresa de Houston que alquila vuelos.

El despegue desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral fue el centésimo de un Atlas V para el fabricante de cohetes United Launch Alliance. Fue el primer viaje de astronautas en un cohete Atlas desde la era Mercurio de John Glenn, hace más de 60 años. El cohete suele lanzar satélites y otras naves espaciales.

A pesar del historial perfecto del Atlas V, la presencia humana aumentó la tensión para los decenas de empleados de la NASA y Boeing reunidos en Cabo Cañaveral y el Control de Misión en Houston.

El Starliner de Boeing y el Dragon de SpaceX están diseñados para ser totalmente autónomos y reutilizables. Wilmore y Williams ocasionalmente tomarán el control manual de Starliner en su camino a la estación espacial para verificar sus sistemas.

Si la misión va bien, la NASA alternará entre SpaceX y Boeing para vuelos en taxi a partir del próximo año. El piloto de respaldo para este vuelo de prueba, Mike Fincke, se preparará para el próximo viaje de Starliner.

"Cuando tienes una nueva nave espacial, necesitas aprender todo sobre ella y este ha sido un gran ejercicio", dijo Fincke a los periodistas a finales de la semana pasada.

El Departamento de Estado publicó el martes una Hoja Informativa sobre las nuevas acciones de la administración Biden-Harris diseñadas para asegurar la frontera de Estados Unidos.

Hoja Informativa

Las nuevas medidas impedirán que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo

Biden toma medidas mientras los republicanos del Congreso anteponen la política partidista a la seguridad nacional, votando dos veces en contra de las reformas más duras en décadas

Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha pedido al Congreso que asegure nuestra frontera y aborde el asunto de nuestro maltrecho sistema de inmigración. En los últimos tres años, mientras que el Congreso no ha actuado, el Presidente ha actuado para asegurar nuestra frontera. Su administración ha desplegado el mayor número de agentes y oficiales para hacer frente a la situación en la frontera sur, ha incautado niveles récord de fentanilo ilícito en nuestros puertos de entrada y ha reunido a líderes mundiales en torno a un marco para hacer frente a los cambiantes patrones migratorios que están afectando a todo el Hemisferio Occidental.

A principios de este año, el Presidente y su equipo alcanzaron un histórico acuerdo bipartidista con los demócratas y republicanos del Senado para llevar a cabo las reformas más importantes de las leyes de inmigración de Estados Unidos en décadas. Este acuerdo habría añadido personal crítico de fronteras e inmigración, invertido en tecnología para capturar fentanilo ilegal, introducido reformas radicales en el sistema de asilo y otorgado autoridad de emergencia al Presidente para cerrar la frontera cuando el sistema se vea desbordado. Sin embargo los republicanos en el Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional, votando en dos ocasiones en contra del conjunto de reformas más duras y justas en décadas.

El presidente Biden considera que debemos asegurar nuestra frontera. Por eso ha anunciado hoy medidas ejecutivas para prohibir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Estas medidas entrarán en vigor cuando el elevado número de encuentros en la frontera sur supere nuestra capacidad de actuar a tiempo, como ocurre hoy. Facilitarán a los funcionarios de inmigración la expulsión de quienes carezcan de base legal para permanecer en el país y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.

Pero debemos ser claros: esto no puede lograr los mismos resultados que la acción del Congreso, y no proporciona el personal crítico y la financiación necesaria para asegurar aún más nuestra frontera sur. El Congreso aún debe actuar.

Las acciones ejecutivas de la Administración Biden-Harris:

Prohibirán que los migrantes que crucen ilegalmente la frontera sur reciban asilo

• El Presidente Biden emitió una proclama en virtud de los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la que se suspende el ingreso en Estados Unidos de los no ciudadanos que crucen ilegalmente la frontera sur. Esta proclama va acompañada de una decisión final provisional de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que restringe el asilo a esos no ciudadanos.

• Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea desbordada y facilitarán a los funcionarios de inmigración la rápida expulsión de las personas que carezcan de base legal para permanecer en Estados Unidos.

• Estas medidas no son permanentes. Dejarán de aplicarse cuando el número de inmigrantes que crucen la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. Estas acciones también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado, incluidas las destinadas a menores no acompañados y a víctimas del tráfico de personas.

Acciones recientes para asegurar nuestra frontera y abordar nuestro maltrecho sistema de inmigración:

Fortalecer el proceso de evaluación para casos de asilo

• El Departamento de Seguridad Nacional publicó una propuesta de norma para garantizar que los inmigrantes que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional sean expulsados lo más rápidamente posible en el proceso, en lugar de permanecer en detención prolongada y costosa previo a la expulsión. Esta propuesta de norma mejorará la seguridad y tendrá consecuencias más oportunas para quienes no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos.

Se anuncian nuevas acciones para resolver los casos de inmigración con más celeridad

• El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han puesto en marcha un procedimiento de casos de recién llegados para resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intenten cruzar entre los puertos de entrada de la frontera sur infringiendo nuestras leyes de inmigración.

• A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá tramitar estos casos con mayor celeridad y el Departamento de Seguridad Nacional podrá expulsar más rápidamente a las personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos y conceder protección a aquellos que tengan razones válidas.

• El acuerdo bipartidista sobre la frontera habría creado y apoyado un marco aún más eficiente para emitir decisiones definitivas a todos los solicitantes de asilo. Este nuevo proceso para reformar nuestro desbordado sistema de inmigración solo puede ser creado y financiado por el Congreso.

Revocación de visados de directores ejecutivos y funcionarios gubernamentales que se beneficien del ingreso ilegal de migrantes en Estados Unidos

• El Departamento de Estado impuso restricciones de visado a los directivos de varias empresas de transporte colombianas que se benefician del tráfico ilícito de migrantes por mar. Con esta actuación se toman medidas enérgicas contra las empresas que ayudan a facilitar la entrada ilegal en Estados Unidos y se envía un mensaje claro de que nadie debe lucrarse con la explotación de migrantes vulnerables.

• El Departamento de Estado también impuso restricciones de visado a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense, actores no gubernamentales y sus familiares directos por su papel en el apoyo al régimen de Ortega-Murillo, que está vendiendo visados de tránsito a migrantes de dentro y fuera del Hemisferio Occidental que en última instancia se dirigen a la frontera sur.

• Anteriormente, el Departamento de Estado revocó visados a ejecutivos de aerolíneas chárter por acciones similares.

Ampliar esfuerzos para desmantelar el tráfico de personas y apoyar los enjuiciamientos de inmigración

• Los departamentos de Estado y de Justicia han puesto en marcha una iniciativa de “recompensas contra el tráfico de personas” (Anti-Smuggling Rewards) destinada a desmantelar la cúpula de las organizaciones de traficantes de personas que introducen migrantes a través de América Central y de la frontera sur de Estados Unidos. La iniciativa ofrecerá recompensas económicas a cambio de información que conduzca a la identificación, localización, detención o condena de los principales responsables de importantes actividades de tráfico de personas en la región.

• El Departamento de Justicia intentará imponer penas nuevas y más severas contra los traficantes de seres humanos que reflejen adecuadamente la gravedad de su conducta delictiva y la miseria humana que causa.

• El Departamento de Justicia también está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para enviar más fiscales y personal de apoyo con el fin de aumentar los procesos relacionados con la inmigración en las Fiscalías Federales fronterizas de Estados Unidos. Los esfuerzos incluyen el despliegue de más fiscales adjuntos especiales del Departamento de Seguridad Nacional en diferentes fiscalías federales, la asignación de personal de apoyo a fiscalías federales críticas, incluidos Fiscales del Departamento de Justicia para prestar servicios de duración específica en fiscalías federales de varios distritos fronterizos, así como la asociación con agencias federales para identificar recursos adicionales para perseguir estos delitos.

Mejorar la aplicación de las leyes de inmigración

• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha incrementado su cantidad de agentes en la frontera sur y está derivando una cantidad sin precedentes de personas para su rápida expulsión.
• El Departamento de Seguridad Nacional está realizando más vuelos de repatriación por semana que nunca antes. En el año transcurrido el DHS ha expulsado o retornado a más de 750.000 personas, más que en cualquier otro año fiscal desde 2010.

• Trabajando estrechamente con asociados en la región, la Administración Biden-Harris está identificando y colaborando en los esfuerzos para aplicar la ley para frenar la migración irregular antes de que los migrantes lleguen a la frontera sur, ampliando inversiones y oportunidades de integración en la región para apoyar a todos aquellos que de otro modo buscan migrar y aumentar las vías legales para los migrantes como una alternativa a la migración irregular.

Decomisar fentanilo en nuestra frontera

• Los funcionarios fronterizos han decomisado más fentanilo en los puertos de entrada en los dos años pasados más que en los cinco últimos años combinados, y el Presidente ha agregado 40 máquinas detectoras de drogas en puntos de entrada para frenar el contrabando del fentanilo en el territorio nacional. El acuerdo fronterizo bipartidista permitiría financiar la instalación de otras 100 máquinas de última tecnología para la inspección que ayudarían en la detección del fentanilo en nuestros puertos de entrada en el sur.

• En estrecha asociación con el gobierno de México el Departamento de Justicia ha extraditado a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como “el Nini”, de México a Estados Unidos para ser enjuiciado por su participación en el tráfico ilícito de fentanilo y por abusos de derechos humanos. Este es uno de los muchos esfuerzos conjuntos con México para abordar la epidemia del fentanilo y drogas sintéticas que está matando a muchas personas en nuestros países y a nivel mundial, así como para exigir cuentas a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que los nuevos límites a la migración indocumentada hacia Estados Unidos ayudarán a "asegurar" la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que presentaba medidas que cierran temporalmente la frontera a los solicitantes de asilo cuando aumentan los cruces.

“Hoy, estoy dejando atrás la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva de que dispongo como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para abordar el problema de la frontera. Francamente, hubiera preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista, porque es la única manera de arreglar el tipo de sistema que tenemos ahora y que está roto", dijo en una conferencia de prensa.

“Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos que lo soliciten después de ingresar (al país) a través de un proceso legal establecido”, concertando una cita (en la aplicación CBP One) y acudiendo a un puerto de entrada, explicó el mandatario.

“Esta prohibición permanecerá activa hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar de manera efectiva”, aclaró.

En una nota explicativa la Casa Blanca explicó que Biden emitió la proclamación en virtud de las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la que se suspende la entrada de extranjeros que crucen ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos. "Esta proclamación va acompañada de una norma final provisional de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interior que restringe el asilo para estos extranjeros".

"Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea desbordada y les facilitarán a los funcionarios de inmigración la rápida expulsión de las personas que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Estas medidas no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de inmigrantes que crucen la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda garantizar una gestión segura y eficaz de las operaciones fronterizas. Estas medidas también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado por el Senado, incluidas las destinadas a los niños no acompañados y a las víctimas del tráfico de personas", agregó la Casa Blanca.

El acceso al asilo en la frontera sur estará suspendido cuando el número de cruces irregulares supere un promedio de 2.500 diarios por un periodo de siete días. Las restricciones estarían vigentes hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1.500 por día entre los puertos de entrada, según un promedio de siete días.

Los cruces diarios ya están por encima de esa cifra, por lo que entrarían en vigor de inmediato.

La Casa Blanca recordó que el Departamento de Seguridad Nacional está operando más vuelos de repatriación a la semana que nunca y que en el curso del último año, se ha expulsado o devuelto a más de 750.000 personas, una cifra que supera las de cualquier año fiscal desde 2010.

El presidente ha contemplado la posibilidad de tomar medidas unilaterales durante meses, especialmente después de que colapsara un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza.

"El acuerdo hubiera añadido personal fronterizo y de inmigración esencial, invertido en tecnologías para capturar el fentanilo ilegal, introducido reformas radicales en el sistema de asilo y proporcionado al presidente autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando el sistema se viera desbordado. Pero los republicanos del Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional, y votaron dos veces en contra del conjunto de reformas más rigurosas y justas en décadas", dijo la presidencia de EEUU.

Varios congresistas republicanos rápidamente expresaron su desacuerdo con la medida anunciada por el Presidente, entre ellos los legisladores cubanoamericanos.

El senador por la Florida, Marco Rubio, dijo en la red social X que “la orden ejecutiva del presidente Biden expuso la hipocresía de esta Casa Blanca”.

“Después de afirmar durante años que no había una crisis fronteriza, ¿de repente la hay?”, cuestionó el representante.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart opinó que este "cierre de la frontera” está plagado de "lagunas legales".

Mientras la representante María Elvira Salazar consideró que lo anunciado fue muy poco y que llegó demasiado tarde. "Too little, too late", escribió.

Se espera que las nuevas restricciones desencadenen impugnaciones legales por parte de grupos de inmigrantes y de derechos civiles que han criticado a Biden por adoptar políticas similares a las de Donald Trump y dar marcha atrás en las obligaciones legales de Estados Unidos con los solicitantes de asilo.

“Tenemos la intención de presentar una demanda”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que logró con éxito impugnaciones legales similares durante el gobierno de Trump. “Una prohibición del asilo es ilegal, tal como lo era cuando Trump la intentó sin éxito”.

Por su parte, el expresidente Trump dijo el martes en su cuenta de redes sociales que Biden “ha entregado totalmente nuestra frontera sur” y que la orden era “solo para aparentar” antes del debate presidencial del 27 de junio.