América Latina
Tribunal electoral salvadoreño certifica que Bukele ganó con el 82,6% de los votos
El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño oficializó el vienes el escrutinio final de las elecciones presidenciales y confirmó que el presidente Nayib Bukele fue reelegido con 82,6% de los votos.
En segundo lugar quedó Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con 6,2%, según el computo oficial del Tribunal Electoral.
"En 2019, ganamos la presidencia en primera vuelta, con más votos que todos los demás partidos juntos. Pero en 2024, ganamos con prácticamente todos los votos de todos los partidos del 2019, juntos, incluyéndonos a nosotros mismos. Gracias a Dios. Gracias al pueblo salvadoreño", se pronunció Bukele en la red social X tras la confirmación de los resultados.
Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se ubicó en la tercera posición con 5,4%, seguido del excapitán del ejército Luis Parada, de Nuestro Tiempo, con 1,99%; luego Javier Renderos, de Fuerza Solidaria, con 0,72 %, y después Marina Murillo, del Frente Patriótico Salvadoreño, con 0,5%.
De acuerdo con el escrutinio, el 52,6% de los 6,2 millones de salvadoreños aptos para ejercer el sufragio en el país y en el exterior ejerció el voto. El resto no acudió a las urnas ni sufragó a través de internet.
Mientras que 3,1 millones de salvadoreños sí ejercieron su voto, un total de 2,9 millones eludieron el llamado. Hubo un total de 60.027 votos nulos, 15.064 abstenciones y 1.760 sufragios impugnados.
"Aquí ha quedado expresada la voluntad del soberano", dijo en conferencia de prensa la presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, quien destacó que "hubo una participación masiva". En estos comicios se superó la participación en la elección presidencial de 2019, en la que 2,7 millones ejercieron el sufragio, con una participación del 51,8% del padrón.
La presidente del Tribunal aprovechó para rechazar las acusaciones de algunos partidos políticos, que han puesto en duda el manejo de los paquetes electorales en su trayecto a la sede del Tribunal.
"Damos fe de la integridad de estas elecciones, de la integridad del voto que está en esas cajas (urnas); podemos asegurar que la cadena de custodia no se ha roto", declaró Martínez, que exhortó a los partidos a "respetar la voluntad del pueblo salvadoreño".
La victoria de Bukele confirmó los pronósticos de todas las encuestas, entre ellas la de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, en la que Nuevas Ideas aparecía con 81,1% de intención de voto.
Este será el segundo mandato de cinco años de Bukele, quien en 2019 ganó en la primera vuelta, en la que superó a una coalición de partidos de derecha. Asumirá el nuevo mandato el 1 de junio.
El presidente salvadoreño, que goza de una alta popularidad, basó su campaña en el combate a las temibles pandillas, y advirtió a los salvadoreños que si su partido no ganaba las elecciones presidenciales y legislativas se ponía en riesgo la guerra contra estas organizaciones criminales.
Pese a los constantes cuestionamientos de partidos políticos y organismos defensores de los derechos humanos a su candidatura —por contravenir la prohibición constitucional que impide la reelección inmediata—, Bukele logró que el poder judicial la habilitara.
El domingo, poco después del cierre de la votación y en un acto que concentró a miles de sus seguidores en la Plaza Cívica del centro histórico de San Salvador, Bukele se proclamó ganador y dijo que había roto "todos los récords de todas las democracias en toda la historia", pese a que aún no había resultados oficiales.
"Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literal, el porcentaje más alto de toda la historia", agregó desde el balcón del Palacio Nacional, donde lo acompañaba su esposa.
Bukele también dijo que Nuevas Ideas había ganado 58 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, un punto clave para mantener el régimen de excepción y su política de seguridad centrada en el combate a las pandillas.
Se prevé que en las próximas horas el Tribunal Electoral inicie el escrutinio final de la elección de diputados.
La confirmación de la victoria de Bukele se complicó debido a que falló el sistema de transmisiones, el cual sólo permitió que 6.015 actas de la elección presidencial fueran digitalizadas, quedando pendientes 2.547. El Tribunal ordenó que se iniciara un escrutinio final para revisar todas las actas y contar voto por voto.
Bukele se convirtió en un fenómeno político por sus medidas para fortalecer la seguridad. Dos años después de implementar su régimen de mano dura contra las pandillas, más de 76.000 personas permanecen encarceladas, la mayoría sin que haya una sentencia en su contra.
Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado a Bukele, criticándolo de presuntas violaciones a los derechos humanos, pero el mandatario los acusa de defender a los criminales, que durante más tres décadas controlaron gran parte del territorio.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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