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América Latina

Bukele, Ortega y Giammattei: ¿Un "momento muy duro" para la democracia en Centroamérica?

De izquierda a derecha: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
De izquierda a derecha: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Expertos consultados por la Voz de América advierten sobre lo que califican como una reducción de la independencia de la rama judicial en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Aquí le explicamos.

SAN JOSÉ, COSTA RICA / WASHINGTON —Centroamérica vive uno de sus momentos más difíciles debido a actos de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos, según expertos consultados por la Voz de América.

“Populistas que buscan entronizarse en el poder” amenazan las frágiles democracias, algunas recién consolidadas tras haber salido de sus episodios más oscuros como son las guerras en El Salvador y Nicaragua.

Reflejo de ello es que al menos cuatro de los siete países de Centroamérica, Guatemala, Honduras —dirigido entonces por el expresidente Juan Orlando Hernández—, El Salvador y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia celebrada a finales de 2021 por el gobierno de los Estados Unidos.

El experto Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC, comenta que la situación política de la región muestra señales de desestabilización que, en algunos casos, pueden ser “irreversibles” en el mediano plazo, como es la actual concentración de poderes en El Salvador a manos del presidente Nayib Bukele, que se autodenomina como “el cool” de la región.

Según Orozco, el mandatario está llevando el país a la “impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de censura y criminalización”.

Recientemente el gobierno de Bukele, por medio del Parlamento que controla su partido, decretó un régimen de excepción tras una escalada de asesinatos a finales de marzo; además de esto, el legislativo aprobó una serie de reformas al Código Penal de penas de cárcel para los medios de comunicación o periodistas que reproduzcan información o mensajes de las pandillas.

Para Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, con medidas de este estilo, “Bukele ha logrado en tiempo récord desmantelar las instituciones democráticas del país”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido señalado por atacar y limitar a la prensa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido señalado por atacar y limitar a la prensa.

La decisión de imponer un estado de excepción, aseguró Pappier a la Voz de América, “ha suspendido los derechos fundamentales de los salvadoreños y (...) abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos”.

La figura de Bukele no está aislada, señaló el investigador, sino que forma parte de un “momento muy duro [y] muy preocupante en materia de derechos humanos” por el que está atravesando Centroamérica.

En esto coincide Eric Olson, investigador de la Seattle International Foundation, para quien en los últimos meses ha habido una “reversa en el tema de la democracia y la independencia de los mecanismos de control de los Estados” en la región.

Daniel Ortega y sus acusaciones
Daniel Ortega y sus acusaciones

El caso más paradigmático, aseguró Olson a la VOA, es el de Nicaragua, donde la crisis social y política que comenzó en el 2018 se ha prolongado. A este caso se le suman los de El Salvador y Guatemala, donde Olson señala que existe un retroceso democrático.

En estos países, afirmó, “las instituciones democráticas han sido deliberadamente politizadas y debilitadas en estos últimos meses”. La reducción de la independencia en la rama judicial es un común denominador en estos gobiernos, señaló Olson.

“En particular con la falta de la independencia de los ministerios públicos (...) la manera en que han politizado los tribunales y leyes con intención de debilitar la sociedad civil y limitar la libertad de expresión desde Nicaragua hasta Guatemala”, agregó.

En Guatemala varios exfiscales han sido forzados a salir del país debido a la persecución que enfrentan. El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la falta de avances en los esfuerzos anticorrupción y agregó en una lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos a dos funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei: la fiscal Consuelo Porras y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei ha sido acusado de debilitar la independencia del aparato judicial.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei ha sido acusado de debilitar la independencia del aparato judicial.

En lo que va del año, al menos 15 impartidores de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.

Si bien el gobierno guatemalteco ha negado los señalamientos, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica indicó que tenían “grandes preocupaciones por que la lucha contra la corrupción no haya avanzado como debería y nos gustaría ver pasos concretos”.

En el gobierno de Alejandro Giammattei, existe una alianza “de sectores corruptos, tanto en el Estado como en el sector privado, que se han dedicado a perseguir a los jueces y fiscales honestos que hay en el país para garantizarse la impunidad y con ello se han llevado puesto el Estado de derecho y han debilitado fuertemente la independencia judicial y las instituciones democráticas”, en opinión de Pappier.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evalúa que la situación en Centroamérica pasa por un crecimiento de los líderes populistas autoritarios.

Estas figuras políticas, señaló Guevara, resultan atractivos para una “población que está sometida a la vulneración de sus derechos humanos” donde estos líderes “presentan soluciones simples a complejos problemas, donde no se están atendiendo las raíces ni las causas estructurales”.

Guevara-Rosas pone como ejemplo el caso de Bukele, que como parte de un paquete de reformas aprobadas a finales de marzo, pasó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece prisión para los menores de edad a partir de los 12 años, con condenas de hasta 10 años.

“En El Salvador el tema de la violencia tiene sus causas en las desigualdades, en la pobreza y en la violencia que han ejercido hasta las propias autoridades”, subrayó Guevera-Rosas, “son estas niñas niños, adolescentes quienes han estado sometidos a la reclutamientos forzados a la violencia sexual entre otras sin que el Estado se plantee políticas integrales de respuesta”, agregó.

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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito

La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024
La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

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