El 28 de septiembre de 2026 el Banco Central de Cuba (BCC) publicó una “Declaración de principios” firmada por su ministra presidenta, Juana Lilia Delgado Portal. El texto rechaza “cualquier actitud oportunista, inescrupulosa o ilícita que pretenda lucrar a costa de las necesidades ajenas” y ordena investigar denuncias, depurar responsabilidades, reforzar auditorías y coordinar con los órganos del Estado. Exige “tolerancia cero”, niega que esas conductas representen al gremio bancario y pide a la población que denuncie. El memorándum, dice, debe difundirse “con carácter obligatorio”. No cita sucursales, nombres ni montos.
El comunicado no nació en el vacío. Cuatro días antes, perfiles oficiales y medios independientes informaron de la detención, en Santiago de Cuba, de empleados del Banco Popular de Ahorro (BPA) y del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC). Según esas versiones, trabajadores de las sucursales 8312 (BPA) y 8391 (BANDEC), en Santo Tomás entre Aguilera y Heredia, operaban con cuentapropistas un esquema de cambio de efectivo por transferencias electrónicas. Las comisiones iban del 30 al 50 por ciento. Usaban tarjetas y documentos de identidad de clientes. El Ministerio del Interior ocupó efectivo, máquinas contadoras, tarjetas magnéticas y libretas de registro.
El fenómeno no era nuevo en esa ciudad. En abril, el Tribunal Provincial Popular de Santiago condenó a tres personas a entre 10 y 15 años por apropiación de fondos estatales y falsificación de documentos bancarios, con transferencias fraudulentas de más de cinco millones de pesos. En mayo, la policía había detenido a operadores en cajeros de la terminal de trenes que cobraban entre 35 y 50 por ciento. En junio se ocuparon 380.000 pesos a un revendedor que vendía efectivo a cambio de transferencias con un 20% de comisión. El BCC, al hablar de ética y control interno, eligió no mencionar ninguno de esos expedientes.
La escasez como mercado
Ese mercado paralelo de efectivo no se explica solo por la venalidad de un cajero. Cuba vive una crisis de liquidez en moneda nacional: colas de horas ante sucursales, límites de extracción, cajeros secos al mediodía. Ciudadanos han relatado que para retirar 2.000 pesos hay que transferir 2.800. Quien vende una casa o cobra un salario digital se encuentra con que el banco “devuelve” el dinero a cuentagotas. El BCC lo admite a su manera cuando agradece las denuncias “en medio de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo”. La escasez convierte el acceso al efectivo en un bien racionado; el racionamiento crea necesidad, en la que empleados con llave de la caja e intermediarios con red de tarjetas ven una oportunidad de lucro.
La bancarización forzada de 2023, pensada para absorber el efectivo y digitalizar pagos, chocó con un sistema de cajeros insuficiente, inflación y desconfianza. El peso se ha depreciado en el mercado informal hasta cotizaciones que, a fines de septiembre de 2026, se acercan a 750 unidades por dólar, según la tasa informal de El Toque. En ese entorno, la comisión del 40 por ciento no es un capricho: es el precio de convertir un saldo electrónico en billetes con los que se compra comida, se paga la carrera a un botero o se soborna a un funcionario.
De la ventanilla al Consejo de Ministros
Si el caso de Santiago ilustra la corrupción de ventanilla, el de Alejandro Gil Fernández mostraría la de gabinete. Destituido en febrero de 2024 como viceprimer ministro y ministro de Economía, Gil fue sometido a un nebuloso proceso a puerta cerrada en noviembre de 2025.
El 8 de diciembre el Tribunal Supremo Popular lo condenó a privación perpetua de libertad. Los dos cargos más graves fueron de espionaje y traición a la patria pero el prontuario incluyó también actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal. El comunicado judicial afirma que se aprovechó de sus facultades, recibió dinero de firmas extranjeras y sobornó a otros funcionarios para legalizar bienes. En enero de 2026 el Supremo ratificó las penas. Es el proceso de más alto rango publicado en décadas.
Gil había impulsado la Tarea Ordenamiento de 2021, reforma de unificación de la doble moneda asociada al desplome del poder adquisitivo. Su caída se presentó primero como “errores graves” y después como traición y corrupción.
El contraste con Santiago es político: el cajero aparece en un perfil de Facebook del MININT; el exministro, en un fallo opaco del Supremo. En ambos casos el Estado elige qué nombres salen y cuáles no.
Combustibles, gas licuado, cables y la empresa que se come a sí misma
La frontera entre delito común y corrupción institucional se vuelve porosa cuando el activo robado es el mismo que la empresa estatal no logra reponer: gas licuado, aceite de transformadores, diésel, piezas. Un apagón de varios días no solo refleja falta de combustible importado; también refleja una cadena de desvíos, omisiones de custodia y reventa. La crisis energética no “causa” cada hurto, pero multiplica el valor del componente sustraído y reduce el costo moral de sustraerlo.
En 2025, el gobierno reconoció un esquema en la Empresa de Gas Licuado de La Habana, con ejecutivos de CUPET señalados por malversación y desvío de gas. Los detalles —quiénes, cuánto, qué pena— no circularon con la misma intensidad que el memorándum bancario.
Alimentos, comercio y el hospital que cobra en la sombra
En septiembre de 2025, la Fiscalía y el viceministro primero de la Industria Alimentaria discutieron en la televisión casos de corrupción administrativa en empresas de alimentos.
En mayo de 2024, el exdirector de la empresa municipal de comercio de Sancti Spíritus fue condenado a ocho años de prisión por autorizar la compra irregular de 42.000 unidades de refrescos próximos a caducar a un proveedor privado. Pese a las advertencias previas sobre la operación, el acusado falsificó documentación para ocultar las irregularidades,
Un mes después, las autoridades de Guantánamo desmantelaron una importante red de corrupción administrativa responsable de la extracción ilícita de más de siete millones de pesos en productos destinados a la empresa municipal de Gastronomía. El esquema involucraba facturas fraudulentas y procedimientos de conciliación, y terminó provocando el colapso financiero de la empresa y el despido de toda su plantilla.
El portal digital OnCuba ha reseñado condenas de hasta ocho años a 21 personas en La Habana por cohecho continuado —falsificar documentos para rebajar facturas a cambio de sobornos— y daños de alrededor de 2.000 millones de pesos en empresas públicas por descontrol y corrupción. Son cifras oficiales o semioficiales que rara vez se desagregan por ministerio.
En salud, reportes independientes documentan cobros extraoficiales por gasas, suturas y cesáreas: un mercado informal dentro del hospital público. La escasez de insumos convierte al personal en intermediario.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2024, Cuba obtuvo 41 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 82 entre 180 países. Esto representa un deterioro constante respecto a la puntuación de 46 registrada en 2021: una caída de cinco puntos en apenas tres años, que indica un aumento de la percepción de corrupción en el sector público y una falta de transparencia en ámbitos clave de la gobernanza
La excepción que no se audita
En otro plano, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y la Unidad Central de Cooperación Médica concentran ingresos por misiones en el exterior. Informes de la CIDH y sanciones de Estados Unidos describen retenciones del 60 al 95 por ciento de lo que pagan los países receptores. El gobierno lo llama cooperación; Washington lo llama trata laboral. No hay, en la prensa oficial, un juicio comparable al de Gil contra los gestores de ese flujo.
El hilo que une al cajero de Santiago con el ministro caído y con el hospital que cobra “por fuera” se tensa en un punto que el BCC no menciona: el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Auditoría y Control Social (OCAC) denunció que GAESA participó en un esquema para saquear 69.8 mil millones de dólares de los salarios colectivos de los médicos que integraron las misiones cubanas en el exterior entre 2008 y 2022.
El holding de las Fuerzas Armadas —Gaviota, Cimex, TRD, Almacenes Universales, Banco Financiero Internacional y otras piezas— concentra turismo, tiendas en divisas, logística, parte de las remesas y una porción decisiva de la liquidez en dólares. Investigaciones del Miami Herald basadas en estados financieros internos revelaron que, en julio de 2024, Gaviota, el grupo turístico que administra 115 hoteles y otros negocios de alquiler de autos y agencia de viajes, tenía $4,261,709,820 depositados en cuentas bancarias.
En agosto de 2026, el subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, acusó a GAESA de “saquear” unos 18.000 millones de dólares del pueblo cubano ─otra cifra proporcionada por The Miami Herald─ y recordó que la Contralora General Gladys Bejerano, tras 14 años en el cargo, fue apartada después de afirmar que el Estado no tenía jurisdicción para auditar al conglomerado.
Esa falta de jurisdicción es el hecho institucional, no el adjetivo político. Mientras el BCC ordena auditar sucursales de BPA y BANDEC, GAESA opera como un fisco paralelo: capta dólares de las brigadas médicas, las remesas familiares, el turismo y el consumo, no se somete al mismo régimen de transparencia que el presupuesto votado en la Asamblea y no rinde cuentas públicas comparables a las de un ministerio.
Estadísticas oficiales analizadas por agencias muestran que en años recientes cerca del 40 por ciento de la inversión estatal se concentró en hoteles y construcción turística —múltiplos de lo destinado a salud, agricultura y educación juntas— mientras el SEN se cae a pedazos y los hospitales piden al paciente que lleve la gasa.
La crítica más dura no es solo el volumen de caja. Es el destino. Reportajes sobre la arquitectura corporativa del holding y de empresas asociadas describen firmas en jurisdicciones extranjeras de baja transparencia, cadenas de filiales y cuentas que no pasan por el erario visible. No hay en Cuba un proceso penal abierto, con nombres y cifras, contra la cúpula de GAESA por desvío al exterior. Hay, en cambio, un diseño: lo que entra por Gaviota o Cimex se comporta como patrimonio de un grupo militar-empresarial que el contralor del Estado no puede abrir.
Llamar a eso “malversación autorizada” es una hipótesis política; lo que está documentado es más seco: ingresos estratégicos fuera de auditoría nacional y un discurso de tolerancia cero que se aplica solo al empleado de mostrador.
Dos códigos, una crisis
La declaración del Banco Central es, a la vez, un reconocimiento y un límite. Reconoce que en las sucursales se cobra por lo que debería ser un servicio. Fija un código para el trabajador de ventanilla. El límite es estructural: el mismo Estado que pide denunciar al empleado de BANDEC no publica una auditoría de GAESA, juzgó a Gil a puerta cerrada y deja en penumbra los expedientes de CUPET, de la Industria Alimentaria y de las misiones médicas.
La crisis económica —inflación, escasez de efectivo, apagones, caída del turismo, salarios que no cubren la canasta— no absuelve al que cobra el 40 por ciento en el cajero ni al que firma un contrato inflado. Lo impulsa a delinquir. Cuando el billete desaparece, se vende. Cuando el medicamento falta, se cobra. Cuando el dólar del hotel no llega al hospital, la población paga dos veces: en la cola y en la comisión.
El memorándum del BCC, de septiembre de 2026, habla de honradez y de denuncia ciudadana. El mapa de los últimos dos años habla de otra jerarquía: en Cuba se persigue la irregularidad visible, como en el caso de Santiago, y se protege, con el silencio de la no auditoría, la caja más grande del país.
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