El régimen cubano anunció la salida de Jorge Enrique Sutil Sarabia del puesto de gobernador de la provincia de Camagüey, un relevo presentado oficialmente como una "renuncia" aceptada por el mandatario Miguel Díaz-Canel.
La nota oficial asegura que el funcionario reconoció haber cometido errores "incompatibles con su responsabilidad", aunque omitió detallar cuáles fueron las conductas específicas que motivaron su salida, así como si se abrirán investigaciones formales o se aplicarán sanciones administrativas.
El vicegobernador Yennis León Mayedo asumirá el cargo de manera provisional.
Sutil se encontraba al frente de la gobernación desde junio de 2023, tras una trayectoria política en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC). Sin embargo, su destitución ocurre en medio de un fuerte torbellino de acusaciones públicas realizadas por periodistas independientes.
En una conversación con Martí Noticias, el reportero exiliado en México, José Luis Tan Estrada, desmintió la versión oficial de la dimisión voluntaria:
"A Jorge Enrique Sutil, el gobernador de Camagüey, lo botaron. No renunció, como dicen los medios oficialistas, esto lo pusieron para evitar un escándalo. Vino personalmente Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba a Camagüey y en una reunión que duró cinco horas con el Consejo del Gobierno Provincial de Camagüey, lo botaron por corrupto, por desviar recursos, por desviar millones de pesos del presupuesto del gobierno provincial para sus propios intereses".
Por su parte, la periodista Iris Mariño, subdirectora del medio La Hora de Cuba, advirtió sobre el trasfondo de crisis administrativa y el manejo de los recursos en la capital camagüeyana:
"Camagüey es un gran vertedero lleno de focos de mosquitos, de ratas. Eso es responsabilidad del gobernador de la ciudad de Camagüey, de los cargos públicos. Todos estos cargos públicos que son los que administran los recursos de la ciudad lo están ejerciendo de muy mala manera, una mala praxis gubernamental", dijo a Martí Noticias.
En Facebook, la salida del funcionario desató una ola de escepticismo y polémica, donde los ciudadanos cuestionan la transparencia del proceso y exigen sanciones reales que eviten la impunidad.
Gran parte de los usuarios criticó que una simple dimisión resulta insuficiente frente a la gravedad de los señalamientos, aprovechando el espacio para visibilizar la profunda crisis social y económica que atraviesa el país y las marcadas diferencias en el estilo de vida de los dirigentes.
El debate digital también se extendió rápidamente a una discusión nacional sobre la necesidad de permitir o regular modelos mixtos y privados en sectores estratégicos como la salud y la educación, confrontando a quienes ven en la empresa privada una alternativa necesaria ante la crisis y a quienes defienden el carácter estrictamente público de los servicios estatales.
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