América Latina
Represión de Maduro es cuatro veces mayor que la de Chávez según informe estadístico
En los tres meses analizados, se calcula que se desplegaron hasta 20 modalidades distintas de protesta a lo largo de 16 estados, con un total de 800.000 personas manifestándose.
En sus 161 páginas, este documento describe en profundidad todos los pasos que han llevado a Venezuela hasta la situación actual, señalando que “ante el retroceso de las políticas sociales y el aumento de la pobreza, la tradicional exclusión política del proyecto bolivariano comenzó a ser acompañada de una nueva y creciente exclusión social".
El asesinato de la actriz Mónica Spear, el 7 de enero de 2014, de alto valor simbólico y un gran impacto en la opinión pública nacional, fue el detonante de la grave situación de inseguridad acumulada en el país. Semanas después, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la ciudad de San Cristóbal, protestaba por el abuso sexual contra una compañera, foco inicial de la represión estatal que aún persiste según el informe.
En comparación con la represión vivida en la etapa de Hugo Chávez, las cifras son muy dispares, ya que éste sólo la ejerció en el 7% de las protestas en 2009, año de mayor oposición civil durante su mandato. Puestos uno a uno en este terreno, el informe concluye que Nicolás Maduro reprime un 485% más que su antecesor.
Por estados, Zulia y Lara fueron donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras, pues de cada 2 manifestaciones una fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana.
Heridos y torturas y detenciones en las protestas
Entre febrero y abril de 2014 se produjeron 854 heridos y lesionados durante las protestas, de los que 138 fueron heridos de bala y 330 por heridas causadas por perdigones. Esto supone un incremento de 270% con respecto a los 12 meses de 2013, en los que hubo 316 víctimas producto de heridas o lesiones en manifestaciones. Es la cifra más alta registrada en los últimos 10 años en Venezuela, y se da la circunstancia de que en 33 de estos casos fue responsable la Guardia Nacional Bolivariana.
El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar
En lo relativo a torturas y malos tratos se habían registrado 157 casos, pero el documento señala además que tuvieron lugar en diversos centros de detención. Las víctimas sufrieron abusos en más de uno de estos centros, y en algunas ocasiones e incluso durante los traslados. El informe va más allá: “el tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar”. Tampoco obvia a las mujeres en particular, reportando 6 casos de amenazas de abuso sexual contra detenidas.
Capriles: “Una cosa era Chávez y otra ése que está ahí”
En una visita al municipio Independencia de Valles del Tuy, en el estado de Mirando del que es gobernador, Henrique Capriles declaró que el país va directo a un “barranco” por las necesidades del pueblo que se niega a cubrir, tal y como recoge el diario venezolano El Universal."Ayer se lo dije a unos compañeros del Psuv, una cosa era Chávez y otra cosa ese que está ahí, esos que están mandado ahí, y ojo, yo fui opositor a Chávez, ese modelo no funcionó y no funciona. Aquí las cosas hay que decirlas como son, lo que no sirve se cambia y punto. El pueblo no tiene por qué calarse un mal gobierno. Al pueblo lo que le interesa es que le hablen de los tres golpes: desayuno, almuerzo y cena, ¿cuándo van hablar del golpe a la pobreza? El pueblo tiene que reaccionar, no puede quedarse de brazos cruzados. Esto no se trata de una lucha de pueblo contra pueblo, esto es una lucha de gobierno contra el pueblo".
En estos cuatro meses de 2014 se produjo la cifra de detenidos más alta de los últimos 25 años. El doble, por ejemplo, que las registradas entre los años 1989-1990 (segundo mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez).
Otro dato elocuente es que este número de detenciones representa el 30% del total en 24 años de protestas (10.400 entre 1989 y 2013, frente a los 3.127 de estos meses). Muchas de ellas y como dato significativo, llevadas a cabo por civiles, debido al “forjamiento de pruebas incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de libertad”.
240% más violaciones a la libertad de expresión que Chávez
Los ataques a periodistas durante el primer cuatrimestre del año 2014 también se multiplicaron, junto a las violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 174 casos, significando un aumento de 240% respecto al mismo período en 2013, incluyen denuncias por 37 detenciones, 67 agresiones, 31 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
En otro contexto, el relativo a la naturaleza y la ubicación de las protestas, el informe señala que la represión y la violación de derechos humanos cambió respecto a otras etapas, produciéndose ahora “ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación”.
En ellos participó fundamentalmente la GNB (un 81% de los casos), en el 17% las Policías Estatales, en el 12% el Ejército, y en el 8% la Policía Nacional Bolivariana. En estos se produjeron daños a bienes privados en el 36% de las ocasiones y en el 34% allanamientos ilegales para capturar a supuestos manifestantes.
Finalmente, el capítulo de fallecidos como consecuencia de la violencia en Venezuela recoge 41 víctimas, 27 de ellas por armas de fuego. Es importante, de acuerdo al informe, recordar la responsabilidad de la justicia para investigar y determinar “qué asesinatos fueron consecuencia de disparos por cuerpos armados del Estado y cuáles por particulares que dispararon contra los manifestantes o contra los organismos policiales y militares”.
En su parte final, el documento hace un llamamiento al Estado venezolano para que “canalice de manera democrática la protesta social, respete el derecho a exigir derechos, el derecho a disentir y las normas constitucionales que garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación”.
El informe fue firmado por las organizaciones civiles de Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de la Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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