La reforma parcial de la Ley contra el Odio en Venezuela, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran insuficientes las modificaciones propuestas y advierten que la legislación continúa representando una amenaza para las libertades fundamentales.
El proyecto contempla eliminar penas de prisión de entre 10 y 20 años, establecidas en la normativa original y sustituirlas, para determinadas conductas, por sanciones administrativas que incluyen multas y trabajo comunitario.
Sin embargo, la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que la propuesta no constituye una despenalización completa y mantiene su exigencia de derogar la ley.
“Mantenemos nuestra posición original de que es una ley que debe ser derogada”, afirmó Óscar Murillo, coordinador general de Provea, en declaraciones a Martí Noticias.
Murillo explicó que la eliminación de algunas sanciones penales no necesariamente representa una garantía para el ejercicio de las libertades ciudadanas, debido a que estas serían reemplazadas por medidas administrativas.
Provea denuncia ausencia de reparación a las víctimas
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, entonces presidida por Delcy Rodríguez, actual gobernante interina de Venezuela.
Desde su promulgación, organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta legislación ha sido utilizada para perseguir expresiones críticas y restringir la libertad de opinión.
Provea considera que la reforma tampoco establece mecanismos de reparación para quienes fueron afectados por la aplicación de la normativa.
“Estamos hablando de una reforma de ley que no contempla la reparación a las víctimas. Nosotros tenemos contabilizadas al menos 90 personas que fueron detenidas arbitrariamente, algunas de ellas en desaparición forzada, bajo la imputación de la Ley contra el Odio”, denunció Murillo.
El representante de la organización advirtió que una modificación legislativa sin medidas de reparación ni garantías para impedir nuevas arbitrariedades resulta insuficiente frente a las denuncias acumuladas durante los años de vigencia de la ley.
Jorge Rodríguez defiende la permanencia de la legislación
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la necesidad de mantener vigente la Ley contra el Odio, pese a las modificaciones propuestas.
“Ojalá llegue el punto y el momento en que esta ley sea absolutamente inaplicable, porque las expresiones de odio político hayan desaparecido”, manifestó el dirigente oficialista.
Rodríguez sostuvo que la legislación sigue siendo necesaria para enfrentar manifestaciones de violencia vinculadas con el discurso político.
Para Provea, las modificaciones planteadas por el oficialismo no responden a las demandas de las organizaciones de derechos humanos, que durante años han solicitado la eliminación de esta legislación.
“Aquí lo que estamos viendo es una simulación de cambio, de una transformación, y creemos que no es lo que está realmente sucediendo en el país”, expresó Murillo.
El coordinador general de la organización también cuestionó las motivaciones políticas detrás de la propuesta.
“Lamentablemente aquí están privando los cálculos. Aquí molesta, aquí no molesta. Y creemos que de verdad nunca hubo la convicción y la vocación de cambio para derogar esta ley”, agregó.
La reforma todavía debe someterse a una consulta pública y superar una segunda discusión parlamentaria antes de su eventual aprobación definitiva.
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