El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela documentó 155 agresiones contra periodistas y medios de comunicación entre enero y octubre de 2026, según un informe presentado este 2 de noviembre, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
La organización gremial, encargada de representar y defender los derechos de los periodistas venezolanos, identificó entre las principales violaciones las intimidaciones, los impedimentos para realizar coberturas informativas, las detenciones arbitrarias y los ataques directos contra comunicadores.
El balance contabiliza 37 casos de intimidación, 26 impedimentos a la cobertura periodística y 23 detenciones arbitrarias. También registra 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 13 ataques directos, 12 casos de eliminación forzada de material periodístico y siete amenazas.
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en el Distrito Capital, informó a Martí Noticias que entre los responsables de estas agresiones figuran altos funcionarios públicos y personas no identificadas. Además, cuestionó que los hechos denunciados continúen sin ser investigados para establecer responsabilidades.
“Observamos cómo se mantiene la impunidad, puesto que no hay investigaciones sobre las agresiones que se les efectúan a los periodistas”, denunció Cárdenas, quien también advirtió sobre el incremento del hostigamiento y las restricciones para acceder a información pública.
El representante gremial reconoció que, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, existe un mayor margen para informar sobre los acontecimientos del país. Sin embargo, sostuvo que persisten mecanismos de intimidación que afectan el trabajo de los periodistas y generan temor ante la posibilidad de sufrir detenciones o agresiones durante las coberturas.
El CNP también denunció que continúan los bloqueos contra medios de comunicación y que algunos periodistas excarcelados permanecen sujetos a medidas cautelares, por lo que no han recuperado plenamente su libertad.
A estas restricciones se suman los obstáculos para acceder a información de interés público y otras acciones que, según la organización, limitan la divulgación de contenidos periodísticos.
Ley contra el Odio continúa bajo revisión
Otro de los reclamos del Colegio Nacional de Periodistas está relacionado con la Ley contra el Odio, aprobada en 2017, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por delitos vinculados con la incitación al odio.
La legislación ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que denuncian su utilización para perseguir opiniones críticas y restringir la difusión de información.
Aunque la normativa está sometida a un proceso de reforma parcial, el CNP insiste en su derogación definitiva y reclama la eliminación de otras disposiciones legales que considera instrumentos de censura.
Cárdenas sostuvo que las medidas anunciadas hasta ahora no ofrecen una solución definitiva a los periodistas que todavía enfrentan restricciones judiciales y limitaciones para ejercer su profesión.
El gremio reiteró su exigencia de que se investiguen las agresiones, se respeten las garantías de los comunicadores y se permita el ejercicio del periodismo sin amenazas, detenciones ni represalias.
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