Un recurso presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela busca anular varias disposiciones electorales que, según la demanda, restringen el derecho al voto de los venezolanos residentes en el exterior.
La acción popular de nulidad por inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Eduardo Enrique Meier García ante la Sala Constitucional. El recurso cuestiona el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, vigente desde 2009; el artículo 26 de su reglamento, y las instrucciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con la inscripción y actualización del Registro Electoral en el extranjero.
Estas disposiciones condicionan el ejercicio del sufragio fuera de Venezuela a la acreditación de residencia o de algún régimen que demuestre la legalidad de permanencia en el país de acogida.
Meier sostiene que tales exigencias introducen requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución venezolana y afectan especialmente a ciudadanos que abandonaron el país por razones económicas, políticas o humanitarias.
“Cuando vieron que hay una migración de ocho millones de compatriotas, empezaron las restricciones”, afirmó el abogado en declaraciones a Martí Noticias.
Según explicó, las normas obligan a los electores a demostrar documentalmente su situación migratoria para poder participar en los procesos electorales.
“Es una condición que no tiene nada que ver con el derecho al sufragio”, cuestionó.
Solicitan suspender las restricciones electorales
El recurso incluye una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos de las disposiciones impugnadas mientras el Tribunal Supremo de Justicia decide sobre su constitucionalidad.
La petición también busca que el CNE permita la inscripción y actualización de los venezolanos en el Registro Electoral mediante la presentación de su cédula de identidad o pasaporte venezolano, incluso si estos documentos están vencidos.
Meier estima que entre cuatro y seis millones de venezolanos en edad de votar residen fuera del país y podrían enfrentar obstáculos para ejercer este derecho. El abogado considera que las restricciones tienen motivaciones políticas.
“Estas restricciones, que son un cálculo político partidista, definitivamente, porque lo que pretende es suprimir el voto a millones de compatriotas en la diáspora, deben ser revisadas y deben ser declaradas ilegales e inconstitucionales”, sostuvo.
Proponen una circunscripción electoral para la diáspora
La iniciativa judicial también plantea alternativas para ampliar la participación de los venezolanos que viven fuera del territorio nacional.
Entre las propuestas figura la creación de una circunscripción electoral para la diáspora, la actualización permanente del registro de votantes y la evaluación de mecanismos de votación digital o por correspondencia.
El escrito solicita, además, facilitar la habilitación de centros electorales fuera de las sedes consulares, especialmente en ciudades con una elevada concentración de migrantes venezolanos.
La propuesta contempla auditorías independientes del Registro Electoral en el exterior y mecanismos de observación para garantizar la transparencia de los procesos.
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