Desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 ha intentado afianzar su régimen mediante alianzas internacionales con Rusia y China, pero ha sido en los últimos años, luego de la represión violenta de las protestas de 2018, que Managua ha profundizado sus relaciones con Moscú y Pekín.
En el último año, de una manera muy acelerada, el régimen sandinista ha entregado concesiones de miles de kilómetros cuadrados a empresas mineras chinas en procesos denunciados como poco transparentes y nada competitivos.
Según un estudio de la oenegé ambientalista Fundación del Río divulgado esta semana, el régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha cedido hasta el 8,5 % del territorio nicaragüense a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales.
Hasta el momento, al menos 1.013.225,44 hectáreas, que equivalen al 8.5 % del territorio nicaragüense, se encuentran en manos de empresas mineras chinas de dudosa experiencia en el sector, destacando entre ellas Thomas Metal S.A. y Brother Metal S.A. según detalla el informe titulado “Invasión minera china en Nicaragua”.
El mismo informe, suscrito por Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, advierte que los intereses chinos van más allá de los minerales tradicionales como el oro y la plata e incluirían una amplia gama de minerales estratégicos como el cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.
En este contexto, fue especialmente revelador la denuncia realizada por Richard Grenell, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado cuatro de marzo calificó de "indignante" que el Gobierno de Nicaragua haya expropiado en septiembre de 2025 un plantel de procesamiento minero a la estadounidense BHMB Mining.
En una publicación en X, el diplomático estadounidense compartió un mensaje del abogado Jason Poblete, quien denunció que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua “confiscó” BHMB Mining, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares en Nicaragua y la entregó a un "empresario chino".
En respuesta la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua negó las acusaciones y aseguró que el país cuenta con "un amplio potencial minero" y con "un sólido marco regulatorio en materia de minería, que garantiza la seguridad jurídica de todo inversionista nacional o extranjero".
Ciertamente, Nicaragua, con una extensión territorial de 130,370 km², es el país más grande de Centroamérica y contaría con un potencial en minerales todavía inexplorado o al menos no publicado hasta ahora por el régimen de Ortega y Murillo en el poder desde hace 19 años.
El gerente de BHMB Mining, Baruch Rapoport, rechazó la versión del régimen de Nicaragua y señaló al diario nicaragüense La Prensa que dos empresas gestionaron la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining. Ambas han sido beneficiadas con concesiones del Estado nicaragüense.
“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferidos a entidades vinculadas a empresas chinas que también recibieron concesiones significativas”, denunció Rapoport.
Sumado a esta denuncia, cabe destacar que las empresas chinas cuentan con antecedentes cuestionables en materia ambiental debido a modelos depredadores de explotación minera, a pesar de ello las últimas concesiones entregadas por Managua no cuentan o al menos no se ha publicado ningún estudio de impacto ambiental y social previo que mitigue los riesgos de impactos negativos de esta expansión minera a gran escala en Nicaragua.
En todo caso, el aparente interés del régimen sandinista con estas concesiones mineras es aumentar las inversiones chinas en Nicaragua, asegurar el apoyo político de Pekín a Managua y elevar el costo político de cualquier acción estadounidense contra los Ortega-Murillo.
Para Ortega, mayor inversión china equivale a mayor blindaje para su régimen y por tanto un mayor nivel de disuasión frente a Washington que, en los últimos meses, se ha mostrado especialmente incisivo demandado la liberación de presos políticos, la plena vigencia de la libertad religiosa y la reducción de la influencia china sobre infraestructuras críticas del país.
Por parte del régimen de Pekín, la estrategia es aumentar su influencia en países de la región sobre todo en “países autoritarios y con poca transparencia” como lo señaló al medio Expediente Público Evan Ellis, experto del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos.
Así, Ortega y Murillo entran en un juego geopolítico de alto riesgo y confían su futuro y permanencia en el poder a la alianza con el régimen comunista de Pekín.
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