Derechos Humanos
Todas las violaciones en juicios del 11JCuba expuestas en la réplica de Cubalex a Bruno Rodríguez
El centro de asesoría legal Cubalex respondió de manera contundente a las alegaciones hechas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a través de su cuenta de Twitter, donde declara que “EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados”.
Basándose en testimonios de primera mano, ofrecidos por las víctimas a través de sus familiares, el bufete no gubernamental dirigido desde el exilio por la abogada cubana Laritza Diversent, desmonta las palabras del canciller, partiendo de la no separación de poderes establecida por el régimen desde sus inicios, lo cual coloca en franca desventaja a quienes sostienen una posición contestataria o de rechazo, como es el caso de los prisioneros políticos asociados con las manifestaciones del pasado 11 de julio.
La réplica, titulada "El canciller Bruno Rodríguez miente sobre los juicios en Cuba" , fue escrita por el abogado Alain Espinosa.
Los juicios contra los manifestantes son de carácter militar, con miembros de la policía política como testigos de la acusación y esta “unidad de poder”, afirma Cubalex, “es por naturaleza antagónica a las obligaciones inherentes a los jueces a la hora de ejercer la función judicial […] supone un conflicto real de intereses que se contrapone de manera objetiva al estado de derecho”.
A continuación Cubalex, desglosa en varios incisos las “transgresiones al debido proceso” que se cometen en los juicios a los manifestantes del 11J.
* La gran mayoría de los manifestantes detenidos fueron sustraídos del actuar de la justicia durante días. Las autoridades negaron a los familiares el paradero real de los detenidos, este elemento, según lo regulado en varios de los tratados internacionales de derechos humanos que integran el ordenamiento jurídico nacional, constituye una desaparición forzada de persona, expresamente proscrita por el derecho internacional y por el ordenamiento interno, específicamente por la constitución nacional.
* Imposibilidad de acceso a la defensa letrada, elemento que se vulnera no solo por el impedimento de contar con defensor desde el inicio del proceso, sino también por impedir el acceso a las actuaciones, sin fundamentar la decisión ni notificarla con apego a los establecido por ley, privando al imputado de la posibilidad material de disfrutar del derecho al debido proceso que le asiste como garantía de su seguridad jurídica. Específicamente en cuanto a aportar medios de prueba y solicitar la exclusión de aquellos obtenidos violando lo establecido, y además se viola el derecho de ser informado sobre la imputación que pesa en su contra.
* Irrespeto al derecho del imputado a comunicarse con familiares y allegados, que se manifiesta en muchos casos mediante la prohibición directa como medio de coacción para forzar al detenido a declarar en su contra, o cuando las autoridades de instrucción se abrogan el derecho de actuar como intermediarios entre el imputado y sus allegados a pesar de lo establecido en la legislación procesal que de manera expresa establece que dicha comunicación debe ser directa entre el imputado y sus familiares.
* La aplicación por parte de las autoridades de tratos que atentan contra la dignidad y la integridad física y psíquica de los imputados, muchas veces como forma de coacción para forzarlos a declarar en su contra al momento de la detención. Se ha podido comprobar el uso de métodos como el encierro durante largos períodos en patrulleros expuestos al sol sin permitirles la posibilidad de hidratarse, o en el caso de las mujeres el desnudo total, la revisión forzada de cavidades o el impedimento de aseo personal por varios días en presencia de su período menstrual. En otros casos, por lo general ya asegurados en centros penitenciarios y como métodos de castigos por su condición de opositores, el uso de violencia física que incluye métodos conocidos vulgarmente como la bicicleta, el racimo de plátano o el uso de las shakiras. Todos estos métodos causan graves daños físicos a los imputados, que posteriormente son ocultados por las autoridades mediante la violación de otros derechos dentro de los que se encuentran el recibir visitas o comunicarse. En casos de signos extremadamente visibles son aislados en celdas de castigos hasta que los mismos desaparezcan.
Respecto a lo que denomina la “fase judicial”, Cubalex expone las violaciones más comunes cometidas por los jueces de estos tribunales:
1- Violación del principio de publicidad de los debates, abrogándose de manera discrecional la facultad de impedir el acceso del público al acto del juicio oral, restringiéndolo a un familiar por acusado, mientras que el acceso de funcionarios de órganos represivos es libre. En este sentido cobra mayor importancia la violación por el hecho de que los jueces ni siquiera cumplen con el requisito legal. Toman una decisión de este tipo, que no solo vulnera los derechos de los acusados, sino que también incide directamente en el principio de transparencia que rige el actuar de los funcionarios públicos, e impide la posibilidad real a los ciudadanos de ejercer control sobre su actuar.
2- Violación al principio de libre apreciación de la prueba, de igual manera restringen de formal discrecional e ilegal la carga de la prueba de las partes, admitiendo en la mayoría de los casos un número extremadamente reducido de pruebas de la defensa, en especial respecto del número de testigos. Mientras en el caso de la fiscalía tanto el número de pruebas como de testigos es ilimitado.
Cubalex señala la “indefensión de los imputados y sus familiares” ante la ostensible parcialidad de jueces y fiscales.
El centro de asesoría legal afirma que las familias sufren por "el injusto e ilegal" proceso al que son sometidos sus familiares, en muchos casos menores de edad que incluso no han arribado a la edad legal para responder penalmente y también por "la imposibilidad material de defensa que genera la parcialidad con que es dirigido el proceso".
Por otra parte, denuncia el hostigamiento al que son sometidos estos familiares por parte de los órganos represivos, en especial la seguridad del estado, "para que se inhiban de ejercer derechos naturales como la libertad de expresión, única forma de visibilizar la situación en la que se encuentran sus familiares en busca de justicia para los mismos".
Tras meses de silencio sobre los juicios a los manifestantes del 11 de julio, la Fiscalía General de la República de Cuba aseguró en un comunicado que ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" y que "actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos".
La Fiscalía General recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos "de mayor connotación", con 790 personas instruidas "por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden".
De estos, se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados. De ellos, el 69 % quedaron en prisión provisional como medida cautelar a la espera de juicio.
(Con información tomada del portal digital Cubalex)
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Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
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