El preso político Maikel Armenteros Oramas cumplió este jueves dieciséis días recluido en una unidad policial sujeto a la revocación de la libertad condicional de que disfrutaba tras una reyerta ocurrida el 7 de abril en la noche.
“Cuando van a hacer una revocación, lo más que puede estar el revocado en una unidad policial son tres días y a los tres días hay que pasarte para prisión. A Maikel lo tienen preso ahí, tantos días y nadie da respuesta”, dijo a Martí Noticias, su madre Josefa Oramas.
“El juez de Ejecución dice que él tiene una medida cautelar para una revocación pero que todavía no se había decidido que se iba a hacer, si lo van a revocar o lo van a soltar; que había que esperar”.
En Cuba, la actuación policial y judicial suele supeditarse a decisiones políticas de los órganos de Seguridad del Estado. Esta subordinación anula la independencia de los tribunales, garantizando la impunidad ante excesos gubernamentales y convirtiendo la ley en un instrumento de control de la disidencia más que en un garante de derechos fundamentales.
Mientras tanto, el proceso de revocación de Armenteros sigue sin definirse. El detonante de la medida fue el incumplimiento del horario de restricción domiciliaria, que le prohíbe permanecer en la vía pública después de las 6 de la tarde.
Los manifestantes del 11J beneficiados con la libertad condicional deben cumplir restricciones estrictas bajo control judicial, incluyendo la prohibición de salir de la provincia o estar después del horario de trabajo fuera de su vivienda.
Tras ser trasladado el pasado sábado desde la 3ª unidad a la 5ª unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), el jefe de la estación negó tener vinculación directa con su caso, asegurando, inclusive, estar molesto por su presencia, dejando al recluso en un limbo jurídico y sin asistencia médica.
Armenteros, un manifestante del 11 de julio en Santa Clara, está condenado a seis años de privación de libertad y se enfrenta ahora a tener que cumplir el resto de su sentencia en un centro penitenciario.
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