El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que el sistema judicial cubano funciona bajo control político y reclamó una profunda depuración de jueces y funcionarios vinculados a la represión en un eventual proceso de transición democrática en la isla.
Durante un coloquio celebrado en Madrid bajo el título “La reconquista de la independencia judicial en Cuba”, Yaxys Cires, jefe de Estrategias del OCDH, afirmó que “es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión”.
En declaraciones a Martí Noticias, Cires aseguró que el informe presentado “retrata de manera detallada cómo opera la manipulación de la justicia en Cuba, violando los derechos de los ciudadanos”.
El activista explicó que la falta de independencia judicial tiene fundamento en “una constitución que no respeta la independencia de poderes”, donde “el poder ejecutivo tiene que obedecer los dictados del Partido Comunista”.
“También del gobierno de la policía política, quienes le dicen a los jueces cómo deben condenar, a quién deben condenar, especialmente en los procesos políticos”, denunció Cires.
El informe, titulado “La ausencia de independencia judicial en Cuba: Elementos formales y prácticos”, fue elaborado por Maylín Fernández Suris, graduada de Derecho y exjueza cubana. El documento concluye que la subordinación de los tribunales al poder político no responde a casos aislados, sino a un diseño institucional concebido para garantizar fidelidad ideológica dentro del sistema judicial.
Según el estudio, normas como el Decreto-Ley 13 de 2020 permiten verificaciones secretas y vinculantes de la Seguridad del Estado sobre aspirantes a cargos públicos, sin posibilidad de apelación.
El informe recoge además testimonios de víctimas, abogados, fiscales y dos ex juezas cubanas que describen la coordinación entre la Seguridad del Estado, la Fiscalía y los tribunales para orientar decisiones en casos considerados sensibles por el régimen.
Durante el coloquio, una de las exjuezas denunció que recibían “indicaciones directas del Presidente del Tribunal Supremo”, alineadas con los intereses del Partido Comunista y del Ministerio del Interior.
“Los jueces estábamos obligados a rendir informes de la decisión que se tomaba y se nos indicaba incluso cómo proceder en estos casos”, afirmó la ex magistrada.
Cires también defendió la necesidad de reorganizar el sistema judicial sin provocar su colapso. “Así como un gobierno de transición tendrá que garantizar que haya agua en las tuberías, electricidad en los cables y seguridad, también tiene que garantizar que continúe la impartición de justicia”, declaró a Martí Noticias.
El jefe de Estrategias del OCDH propuso una revisión “de arriba abajo” del poder judicial y planteó conservar a jueces y funcionarios no vinculados a la represión, especialmente aquellos que hayan trabajado en materias civiles, familiares o laborales.
Asimismo, sugirió convocar a juristas cubanos residentes en el extranjero con experiencia y formación especializada para participar en la reconstrucción institucional del país.
“En el aparato judicial no puede haber jueces vinculados a la represión”, insistió Cires, quien también propuso la creación de una comisión integrada por juristas y actores de la sociedad civil para evaluar a magistrados y candidatos a ocupar cargos judiciales en una futura transición democrática.
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