El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó dos nuevos crímenes machistas que elevan a 63 el registro de feminicidios en Cuba, en medio de una espiral de violencia que avanza al ritmo del colapso socioeconómico y la inacción estatal.
Los asesinatos de Juana María Guzmán Torres, de 54 años, ocurrido el 8 de noviembre en Manzanillo, provincia de Granma, y de Yasmina Ruano González, de 32 años, un día después en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, llevaron a activistas independientes a exigir respuestas urgentes ante una problemática invisibilizada oficialmente.
Ambas mujeres fueron atacadas por sus parejas dentro de sus viviendas. Guzmán fue asesinada en la casa que compartía con su agresor en el reparto La Cañada, en Manzanillo, mientras que Ruano murió en su vivienda del reparto Francoy, en Nueva Gerona, en presencia de su pequeño hijo.
Las dos fallecieron a causa de un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre como consecuencia de las heridas infligidas por sus atacantes. Los dos presuntos asesinos ya fueron capturados por la policía.
Para el sociólogo cubano Hans Carrillo, profesor de la Universidad Federal de Goiás en Brasil, el aumento de los feminicidios no es un fenómeno desvinculado de la realidad del país, sino el reflejo directo del empobrecimiento generalizado. Según dijo, la crisis sistémica ha destruido la autonomía financiera de la población, golpeando con mayor profundidad a las mujeres.
“Las condiciones socioeconómicas en Cuba, que se visualizan cada vez más depauperadas, se reflejan directamente en el aumento de los feminicidios en la isla a través de varias vías. Una de ellas es al anular las vías de escape de las víctimas de estos actos violentos y al mismo tiempo potencializar la violencia ambiental”.
“Todos los problemas existentes hasta ahora, construidos por la pésima gestión económica del gobierno, implicado en inflación, en evaluación salarial, en la falta de empleo formal y digno, en el ahogamiento de la iniciativa privada de una forma organizada y sistemática, han destruido la autonomía financiera de la población y con un impacto mucho más profundo en las mujeres, forzándolas, por tanto, una dependencia económica significativa que las obliga a permanecer, digamos así, junto a sus agresores para poder subsistir”, detalló.
El especialista también apuntó al déficit habitacional y al colapso de los servicios básicos como detonantes de un entorno de alta hostilidad intrafamiliar. A su juicio, el Estado cubano —empobrecido, deficiente, desarticulado y de carácter autoritario— carece de una red pública de refugios y de recursos policiales mínimos para procesar denuncias y brindar auxilio oportuno a tiempo.
“Todo eso tiene que ver con la gestión económica del país, pero también tiene que ver con la gestión cultural, la perspectiva cultural del país, con la política, con la manera como han funcionado también los sistemas jurídicos con relación a eso, un país donde se minimiza esa violencia contra las mujeres”, señaló Carrillo.
“Hemos notado otros factores también que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con la cultura del machismo”, agregó el sociólogo.
Por su parte, la directora del OGAT, Ileana Álvarez, ha señalado cómo operan estos crímenes en medio de una crisis integral y una profunda vulnerabilidad institucional, advirtiendo sobre las dificultades críticas a las que se enfrentan las víctimas:
“Los feminicidios documentados continúan aumentado en Cuba y queremos llamar la atención sobre este hecho en medio de una crisis que profundiza las desprotecciones. Los apagones, la falta de transporte, las dificultades de comunicación y la dependencia económica reducen las posibilidades de pedir ayuda, salir de una vivienda o sostener una separación. La responsabilidad es siempre del agresor, pero estas condiciones pueden dejar a las mujeres con menos medios para ponerse a salvo”, indicó.
Para la experta, la falta de garantías y canales efectivos de apoyo reduce drásticamente las posibilidades de que las mujeres puedan escapar de entornos violentos o pedir ayuda a tiempo.
"En las comunidades rurales esas barreras pueden ser todavía mayores. Estar lejos de los servicios, no disponer de transporte o quedarse sin comunicación puede impedir que una mujer amenazada reciba auxilio a tiempo. La protección tiene que llegar también a esos lugares con recursos y respuestas adaptados a sus necesidades”, agregó Álvarez.
Asimismo, desde el observatorio se subraya la urgencia de documentar y visibilizar cada caso con una estricta perspectiva de género, denunciando no solo el hecho luctuoso, sino también los factores estructurales y la desatención institucional que perpetúan la impunidad y la revictimización de las familias afectadas.
Mientras los registros independientes del OGAT continúan actualizándose al alza frente al silencio de las cifras oficiales, especialistas y activistas coinciden en que frenar esta tragedia exige mucho más que estadísticas: requiere voluntad política, desmontar el machismo estructural y garantizar un sistema judicial que proteja de manera real los derechos de las mujeres en Cuba.
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