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Cuba

Offshore, la cara oculta del socialismo cubano (I)

Billetes de 100 dólares.
Billetes de 100 dólares.

Empresas en paraísos fiscales. Testaferros de la familia Castro. Un entramado que hoy sale a la luz.

LA HABANA, Cuba.- Carlota Caridad Burgaleta, Sarah Torres Rodríguez y María Elena Fajardo Cedeño son cubanas que actualmente residen en Centro Habana y Alamar. Sus vidas en estos barrios humildes de La Habana contrasta con el hecho de que entre finales de los 80 y durante la década de 1990, cuando Cuba era arrasada por la mayor crisis económica de su historia, ambas se convirtieron, de la noche a la mañana, en directoras y accionistas de varias empresas offshore cubanas registradas en Chipre, Panamá y Malta y por las cuales no han recibido hasta el día de hoy un centavo.

Las tres mujeres, aunque prestaron sus identidades cuando eran apenas unas oficinistas de la Empresa Navegación Mambisa, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, no están totalmente conscientes de que son las directoras oficiales de cuatro sociedades conectadas con Caribbean Queen Shipping Ltd. y otra entidad fantasma creada por el gobierno cubano en Chipre.

Vagamente recuerdan el día en que las llamaron a la oficina del director comercial para que estamparan sus firmas en unos documentos sobre los cuales nadie les explicó nada.

“Era normal. En esa época se firmaban muchos papeles a favor de la revolución, compromisos de trabajo, y nadie hacía preguntas. Nadie lo veía mal”, asegura Maria Elena, quien dice no importarle lo sucedido, a pesar de que su nombre ha surgido a la luz después de las revelaciones de los Panama Papers.

La situación de estas dos mujeres es similar a la de un centenar de cubanos que, aunque en diversos documentos aparecen como directivos de empresas, sobre todo navieras, registradas por Cuba en paraísos fiscales entre la década de los 70 hasta la actualidad, ignoran el papel que han jugado en la generación de un capital sobre el cual jamás le han dado cuenta ni participación como beneficiarios directos. Incluso, muchos de ellos, hoy apenas sobreviven con una pensión estatal que no supera los 20 dólares mensuales.

En opinión de exfuncionarios del gobierno que ocuparon altas responsabilidades tanto en los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Economía, y cuyos nombres también aparecen en documentos revelados a la prensa, el procedimiento se volvió rutinario, sobre todo en las navieras, y fueron operaciones que, bajo la supervisión directa de las principales figuras del poder político en la isla, se realizaron de modo muy secreto para esquivar las consecuencias del embargo económico de los Estados Unidos, aunque a veces, debido a la corrupción propiciada por el modo individual y discreto en que se realizaban ya sean transacciones o acuerdos comerciales, mucho del dinero que generaban estas entidades no retornaba al país, así como un buen número de funcionarios lo usaba en beneficio propio.

Las empresas y sus orígenes

Creada presumiblemente en 1986, cuando la estatal Empresa de Navegación Mambisa adquirió los dos emblemáticos buques mercantes Caribbean Queen y Caribbean Princess, Caribbean Queen Shipping Ltd. fue registrada en varios países bajo otros nombres similares que, debido al mismo esquema operativo, se conectaba con la aún activa Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd, fundada en 1973 en el Reino Unido para el trasiego de carga internacional y que fuera dirigida sucesivamente por funcionarios que más tarde ocuparían altos cargos en el gobierno cubano, como es el caso de Francisco Soberón.

En la actualidad un caso similar, que responde al mismo patrón, sería el de las empresas registradas en Panamá por el exfuncionario del Ministerio de Transporte de Cuba, estrechamente ligado al círculo familiar de Raúl Castro, Guillermo Rodríguez López-Callejas y funcionarios de PDVSA, en Venezuela. Entre ellas Cuvenpetrol S.A., Transportes del ALBA-Transalba, Trocana World Inc. y Tovase Development.

De modo que Caribbean Queen Shipping Ltd. no fue ni la primera, ni la más importante en el entramado de empresas que cada año realizaban, realizarían y continúan realizando millonarias transacciones hacia Cuba desde el extranjero, incluso desde países no considerados paraísos fiscales como Reino Unido, Francia, España o los Estados Unidos.

Se pudiera afirmar que el esquema de creación de empresas offshore, ha definido la economía cubana del período revolucionario desde sus comienzos y fue durante la década de los 90, cuando el país se sumergió en el denominado Período Especial, que tomó auge la creación de este tipo de corporaciones en principio para enfrentar la crisis que sobrevino a la caída del bloque de países socialista de Europa del Este y del cual la economía cubana dependía en su totalidad.

No obstante, bajo la luz de los datos recientes sobre el monto de las transacciones comerciales actuales entre Venezuela y Cuba, muy superiores a las registradas entre la antigua Unión Soviética y la isla en su mejor momento, las offshore han jugado un papel central en el esquema económico del gobierno cubano.

Aunque se conoce que estas operaciones “fantasmas” tuvieron su comienzo en los años 60, no fue hasta la década de los 70 en que se crearon las primeras offshore de envergadura.

Max “el Guatón” Marambio, un ciudadano chileno amigo de los Castro que se refugió en Cuba tras el golpe de estado a Salvador Allende, viajó posteriormente a Miami para fundar Havanatur, luego de inscribirla en Panamá. Durante años la compañía, con representaciones en numerosos países de América Latina, se ha encargado de reservaciones y ventas de pasajes aéreos entre Estados Unidos y Cuba, un negocio cuyo centro operativo radicó en las oficinas del Ministerio del Interior y que reportaba grandes dividendos a la institución castrense.

Según las Conclusiones Acusatorias del entonces fiscal Felipe Alemán Cruz, presentadas durante la llamada Causa no. 2 de 1989, cuando fueron apresados y destituidos varios altos oficiales del Ministerio del Interior, entre ellos el propio ministro, General de División José Abrantes Fernández, entre 1988 y 1989 este recibió 300 dólares por cada persona que salió temporalmente del país hacia los Estados Unidos, una práctica que, según se lee en el acta de la fiscalía, le proporcionó los “4 millones de dólares” para la “compra de 1296 medios de transporte”, amparado en una cuenta personal “de varios millones de dólares (…) que mantenía a su disposición (…) e independiente del presupuesto del ministerio del interior”. Pero, además, una práctica que tal vez heredara de sus antecesores pero que en el contexto de esa época resultó fatal.

Apenas unas semanas antes informes provenientes de los Estados Unidos alertaron sobre actividades de narcotráfico y lavado de dinero donde estaba involucrado de manera activa el Departamento MC del Ministerio del Interior, un escándalo que destapó la corrupción en la corporación CIMEX, un entramado empresarial donde confluían otras empresas así como la propia Havanatur.

Años después de la destitución del general José Abrantes, las cosas no solo continuaban tal cual, sino que mostraba un perfeccionamiento.

En 2004, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad del Departamento de Hacienda norteamericano, reveló que existían al menos 9 entidades de viajes controladas por el gobierno cubano que operaban dentro de los Estados Unidos en posesión de “personas sujetas a la jurisdicción” de ese país, entre ellas Havanatur.

En cuanto a Max Marambio, el fundador del entramado empresarial, terminaría siendo noticia internacional al ser condenado (en ausencia) en 2011, por un juez de la isla, a 20 años de prisión por los delitos de corrupción y cohecho.

Poco tiempo después, un trabajo del Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER Chile) reveló que el verdadero negocio de Havanatur corría a cargo del hermano de Max, Luis Marambio, quien estuvo implicado en otro escándalo de corrupción junto a 15 directivos de la empresa Cubana de Aviación, entre ellos el presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil, el general Rogelio Acevedo González, además de su esposa.

Acevedo González, a pesar de habérsele hallado considerables sumas de dinero escondidas en la casa, aunque destituido, fue totalmente exonerado de culpas. Por otra parte, la esposa, apenas cumplió 5 años de prisión bajo régimen penal con privilegios especiales que le permitía, entre otras cosas, visitar a su familia los fines de semana.

(Este artículo de Ulises Fernández fue publicado en Cubanet y es la Primera parte del reportaje investigativo del periodista Ulises Fernández, realizado gracias al apoyo del Institute for War and Peace Reporting IWPR)

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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo

Un policía se conecta a Internet usando un teléfono celular en La Habana (AP/Desmond Boylan/Archivo)
Un policía se conecta a Internet usando un teléfono celular en La Habana (AP/Desmond Boylan/Archivo)
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La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.

La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.

“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.

“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.

Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.

La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".

Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.

Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.

El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.

El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Políticos reaccionan a la exclusión de Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo

Relaciones EEUU-Cuba
Relaciones EEUU-Cuba
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Un grupo de políticos estadounidenses calificó como "un fracaso" del gobierno de Joe Biden" la decisión de excluir a Cuba del listado anual de países que "no cooperan plenamente" en los esfuerzos antiterroristas de Washington.

"Una vez más, la administración Biden ha cometido un error en su política exterior que socava nuestros intereses de seguridad nacional. La débil explicación para negarse a designar al estado terrorista anti-americano de Cuba como un 'país no completamente cooperador' es tan errónea como el resto de su enfoque en política exterior", dijo el congresista Mario Díaz-Balart.

En su declaración, recordó que La Habana "alberga fugitivos de la justicia estadounidense" y es un "aliado cercano" de regímenes como el de Venezuela, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Además, insistió, "las tropas cubanas están entrenadas para luchar contra Ucrania" y su gobierno ha incurrido en delitos como el contrabando de armas hacia Corea del Norte.

Para el congresista Carlos A. Giménez, la medida es "peligrosa para la seguridad nacional" de Estados Unidos. "Insto al presidente y a su equipo a que abandonen esta mala política de concesiones y traten a Cuba comunista como el régimen paria internacional que es”, comentó.

"Una vez más la Casa Blanca peca de inocente o es bastante evidente su condescendencia con el régimen de Castro/Díaz-Canel”, agregó la congresista María Elvira Salazar.

El senador Marco Rubio recordó que "el régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a terroristas de ETA al igual que a fugitivos buscados por tribunales en EE.UU”.

“Cada vez que el presidente Biden apacigua al ilegítimo régimen comunista cubano, desestabiliza el hemisferio occidental, apoya el terrorismo y hace un gran favor a los enemigos de Estados Unidos en Rusia, Irán y la China", señaló Rick Scott.

Para el senador, "Biden es demasiado débil y está demasiado comprometido a mantener nuestras fronteras abiertas para obtener el mismo resultado. Lucharé contra viento y marea para revertir esta decisión".

Cuba fue excluida de la lista

El Departamento de Estado determinó esta semana que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, no sería incluida en el listado.

“La ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación SST. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista SST se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aclaró el organismo.

Tras la noticia, el canciller cubano Bruno Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que tidaba de insuficiente la decisión de Estados Unidos.

Cuba había sido excluida de esa lista durante la administración del expresidente norteamericano Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, volvió a incluirla en 2021.

Este jueves, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aclaró en su conferencia de prensa diaria que esto es totalmente independiente de la designación de un Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), en la que Cuba sigue incluida.

"La ley estadounidense establece criterios estatutarios específicos para rescindir la designación de cualquier estado patrocinador del terrorismo, y cualquier revisión del estatus de Cuba al respecto tendría que basarse en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aseguró.

Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos 

Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución / Imagen de archivo
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución / Imagen de archivo
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El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".

De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.

Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves

El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.

"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.

El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.

Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida

“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.

"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.

Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.

Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.

Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.

“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.

Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.

Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.

"Hay tristeza en los campos de Cuba", agricultores dicen que este 17 de Mayo no hay nada que celebrar

FOTO ARCHIVO Una casa en Campo Florido, en las afueras de La Habana. REUTERS/Desmond Boylan
FOTO ARCHIVO Una casa en Campo Florido, en las afueras de La Habana. REUTERS/Desmond Boylan

Este 17 de mayo la provincia de Sancti Spíritus será la sede del acto nacional por el día del campesino cubano, aniversario 65 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y 63 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Sobre la efemérides destaca el diario estatal Granma, “que la alegría espirituana por ser sede del acto central, conlleve el ascenso productivo que, desde todo el archipiélago, necesitan la economía y la familia cubana”.

Al respecto agricultores independientes cubanos aseguraron a Martí Noticias que no hay nada que celebrar en este aniversario del día del campesino cubano.

Campesinos cubanos advierten sobre las críticas condiciones que enfrentan para producir.
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El líder de Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, describe la realidad de los agricultores cubanos tras 65 años de revolución.

“El campesino cubano ya está viviendo una enfermedad terminal, los cultivos se le pierden por falta de utensilios de trabajo. Un campesino que está viendo día a día como estos apagones no les permite regar sus cultivos y se le pierde en el campo toda la cosecha, que después que logra la cosecha no puede cargarla por la misma falta de combustible, la misma falta de transporte, no puede sacarlo del campo y se le pudre”, destacó Ajete Abascal.

Desde la cooperativa Los Cristales, en Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz, aseguró que el centralismo estatal acabó con las producciones agrícolas.

“Ya hay tristeza en los campos de Cuba, obtener beneficios de lo suyo cada vez es menos, el campesino no quiere, porque sencillamente cuando produce quieren comprárselo al precio que quiere el gobierno, y el gobierno lo que hace es obstaculizar”, advirtió Ríos Cruz.

La mujer rural cubana también está llena de dificultades dijo desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes.

“El campesino lo único que hace es sufrir, las tierras no son de ellos, y después lo que produzcan, le exigen que se lo entreguen a ACOPIO, y a ver cuándo le pagan y la miseria que le pagan, y el que aún sigue allí pegado al surco se queja de que no tiene zapatos, que no tiene esto, que no tengo aquello, que lo que compro para recoger algo me cuesta carísimo, el campesino es un pobre esclavo”, opinó Miranda Céspedes.

Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino independiente Emiliano González, mencionó otros problemas que enfrentan agricultores y ganaderos: el vandalismo y la falta de combustible.

“Hurto y sacrificio de ganado, prácticamente no hay animales de tracción para preparar la tierra, eso es todos los días cuando tú oyes una noticia que se metieron en casa de fulano, le robaron un caballo a fulano", dijo.

"Ya con la electricidad y el combustible como está, no hay regadíos y hay que esperar por la naturaleza, que llueva cuando Dios quiera, y entonces es cuando se pueda sembrar”, dijo el agricultor.

EEUU sobre Cuba: "Todavía creemos que hay acciones que están llevando a cabo para apoyar actividades terroristas" (VIDEO)

El portavoz adjunto principal de Departamento de Estado, Vedant Patel, en conferencia de prensa, el 16 de mayo de 2024.
El portavoz adjunto principal de Departamento de Estado, Vedant Patel, en conferencia de prensa, el 16 de mayo de 2024.
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Después de que Estados Unidos anunció esta semana la salida de Cuba de la lista de Países que No Cooperan Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (NFCC, por sus siglas en inglés), el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró el jueves en su conferencia de prensa diaria que ese proceso es totalmente independiente de la designación de un Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), bajo la que Cuba se mantiene.

Patel explicó que ha habido países en la lista de Países que No Cooperan Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas de Estados Unidos sin haber sido designados como estados patrocinadores del terrorismo, y viceversa.

"Así que todavía se puede cooperar en la lucha contra el terrorismo, pero todavía creemos que hay acciones que están llevando a cabo para apoyar actividades terroristas (...) si algún criterio legal cambiara al rescindir la designación SST, trabajaríamos en ello con base en la ley y los criterios establecidos por el Congreso", afirmó el portavoz de la cancillería estadounidense.

Sobre esto aclaró que "la ley estadounidense establece criterios estatutarios específicos para rescindir la designación de cualquier estado patrocinador del terrorismo, y cualquier revisión del estatus de Cuba al respecto tendría que basarse en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”.

“Las ventas de artículos de defensa a Cuba seguirán restringidas en virtud de la Sección 40 de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, dada la condición de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Además, Cuba sigue sujeta a un embargo increíblemente amplio”, declaró Patel.

El vocero dijo que el Departamento de Estado “determinó que las circunstancias para las certificaciones de Cuba como país que no coopera plenamente han cambiado de 2022 a 2023”.

“Primero, la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de Miembros del Ejército de Liberación Nacional apoyaron la certificación NFCC de Cuba para 2022. En agosto de 2022, conforme a una orden del presidente colombiano Petro, el fiscal general de Colombia anunció que se suspendería la orden de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente a Cuba. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia de lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, hemos determinado que continuar con la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente ya no era apropiado”, explicó.

Asimismo, el vocero no respondió a una pregunta sobre qué medidas debe tomar Cuba para ser retirada del listado de países que promueven el terrorismo,

La decisión de eliminar a Cuba de la lista NFCC generó numerosas reacciones.

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