El ex presidente colombiano Andrés Pastrana presentó hoy en la Corte Penal Internacional (CPI) un pedido urgente de intervención en Venezuela y solicitó a este organismo la captura y detención de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

El ex mandatario colombiano, en representación de más de 30 expresidentes de América latina y España, reunidos en el Grupo Idea, acudió personalmente a la Fiscalía de la CPI, en La Haya, Países Bajos, para presentar un documento "que demuestra cómo Venezuela es un estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado".

"Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos humanos", dijo Pastrana.

El exmandatario colombiano aseguró que se trata de "un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas".

En abril de 2024, el fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.

“No hay conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver la crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y de Nicaragua”, dijo la líder opositora venezolana María Corina Machado en entrevista con la activista cubana Rosa María Payá.

En una conversación a través de Facebook Live, la promotora de Cuba Decide y directora de la Fundación para la Democracia Panamericana aseguró que el caso venezolano tiene muchas similitudes con el cubano, pero también tiene muchas diferencias.

"Cuando ustedes se están enfrentando al régimen de Nicolás Maduro, se están enfrentando también a sus asesores castristas, al sistema de inteligencia que, en mi opinión, es el sistema de los servicios de inteligencia y represión más influyente en América Latina, que son los servicios del castrismo que, por más de 60 años han infectado nuestra región y han provocado la inestabilidad democrática", dijo Payá.

Además de Cuba, Machado mencionó otros "actores nocivos” en el escenario político venezolano: "Tienes que agregar otros, porque están las relaciones profundas y complejas que tiene Maduro con Rusia, con Irán, porque Venezuela se ha convertido, de alguna manera, en la ventana para la penetración de redes, incluso del terrorismo islámico en nuestro continente. Sin lugar a duda, es complejo".

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Aludiendo a la solución del actual conflicto en Venezuela, de la cual dice estar segura, aunque no sabe cuánto tiempo esté dispuesto Maduro a prolongar la crisis, Machado afirma que hay que hacerle entender al gobernante chavista que "el costo de permanecer en el poder se va a incrementar cada día que pasa y que su mejor interés es aproximarse a una negociación para una transición, en la que habrá garantías a las partes".

"Cuando decimos que vamos a derrotar al régimen, que ya lo hicimos (…) no es sólo sacarlo del poder", señala aludiendo a la necesidad convertir a Venezuela en un referente democrático en toda América Latina y al objetivo de incluir a
"nuestros hermanos cubanos, que es la propia lucha nuestra".

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La crisis política en Venezuela se agravó tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, donde tanto el chavismo como la oposición se han proclamado como vencedores.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) declaró a Maduro ganador, con 6,4 millones de votos, y concedió al candidato opositor, Edmundo González, sólo 5,3 millones. Este resultado fue respaldado además por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Sin embargo, el recuento de la oposición, a partir del escrutinio de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica indica que González es el ganador.

Este veredicto ha sido respaldado por numerosas organizaciones y gobiernos que reclaman la publicación de las actas y su verificación independiente para que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada.

Un juez federal ordenó el miércoles la liberación de un exboina verde estadounidense acusado de participar en un fallido intento de golpe de Estado en 2020 contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, rechazando los argumentos de que huiría mientras aguarda un juicio por cargos de contrabando de armas.

Jordan Goudreau fue arrestado en julio tras una investigación de cuatro años sobre la intentona golpista, la cual concluyó cuando fuerzas de seguridad venezolanas mataron a varios combatientes y dos de los compañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales estadounidenses fueron recluidos en una prisión del gobierno de Maduro.

El complot, expuesto por The Associated Press dos días antes de la incursión, fue ejecutado por un grupo de desertores del ejército venezolano a los que Goudreau supuestamente ayudó a armar y entrenar en la vecina Colombia.

Goudreau se adjudicó de inmediato la responsabilidad de la Operación Gedeón —o Bahía de los Lechones, como llegó a conocerse el sangriento fiasco—, pero dijo que había actuado de común acuerdo con la oposición venezolana para proteger la democracia.

“Si estuviera en su lugar, hubiera huido antes de que me acusaran”, declaró la jueza Virginia Hernandez Covington al ordenar la puesta en libertad de Goudreau a la espera del inicio de su juicio, previsto para el mes próximo.

Goudreau, con grilletes en las piernas y vestido de naranja, respondió "negativo" varias veces cuando se le preguntó en la corte si alguna vez se le habían diagnosticado enfermedades mentales que lo convirtieran en un peligro para sí mismo y para los demás tras su puesta en libertad.

Aunque Goudreau, de 48 años, no tiene antecedentes penales y fue condecorado tres veces con la Estrella de Bronce en Irak y Afganistán, la fiscal adjunta Cherie Krigsman argumentó que existía riesgo de fuga, que tenía un historial de manipulación de testigos y que infringía a sabiendas las leyes estadounidenses.

Krigsman dijo que Goudreau huyó a México, donde permaneció cerca de un año, a los pocos días de enterarse de que estaba siendo investigado. Antes de salir de Estados Unidos, realizó una serie de búsquedas en Google que supuestamente incluían “cómo huir y permanecer oculto de los federales” y “cómo ser un prófugo exitoso”.

Krigsman citó extractos de una conversación que Goudreau mantuvo con una fuente confidencial, en la que supuestamente entrenó al testigo para que mintiera a los investigadores sobre unos 60 fusiles AR-15 incautados por la policía colombiana de camino a los campamentos clandestinos donde los oponentes del gobierno venezolano eran entrenados.

Dos de los fusiles automáticos contienen rastros del ADN de Goudreau, mientras que silenciadores, gafas de visión nocturna y otros equipos de defensa llevan números de serie que coinciden con los adquiridos por Goudreau y su empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Melbourne, Florida. Todo ello requería una licencia de exportación, que Goudreau nunca tuvo. Algunas de las armas nunca arribaron, según los fiscales, porque un yate se hundió en medio del Caribe. Goudreau y un socio fueron rescatados por un buque petrolero que pasaba por allí.

“Su meritorio servicio en las fuerzas armadas representa una impresionante caída en desgracia”, apuntó Krigsman al juez. Dijo que Goudreau —nacido en Canadá— era un “fantasma”, entrenado por las Fuerzas Especiales para “permanecer invisible”.

La abogada de Goudreau, Marissel Descalzo, dijo que su cliente nunca se escondió y que en todo momento estuvo en contacto con los investigadores a través de otro abogado que lo representa en la demanda, interpuesta contra un exasesor del líder opositor venezolano que, según él, lo contrató para explorar la posibilidad de una incursión con mercenarios.

En anticipación a un argumento que probablemente se utilizará en el juicio, dijo que evidencia secreta mostrará que Goudreau enviaba mensajes de texto a “funcionarios gubernamentales de alto nivel” durante el período previo a la incursión, lo cual lo llevó a creer que el gobierno estadounidense respaldaba sus acciones. Aunque el gobierno del entonces presidente Donald Trump no ocultó su deseo de deshacerse de Maduro, no hay evidencia de que funcionarios estadounidenses respaldaran la invasión ni la exportación de armas, lo cual representaba una violación de las leyes de control de armas de Estados Unidos.

La fiscal Krigsman respondió: “Si él pensaba que alguien del gobierno había autorizado sus acciones, ¿por qué haría esas búsquedas en línea sobre cómo volverse prófugo de la justicia?”

En un principio, un juez de instrucción de Manhattan ordenó la puesta en libertad de Goudreau en julio, pero la orden fue suspendida mientras se le daba trámite a una interpelación interpuesta por el gobierno.

Como condición para su liberación, Goudreau —que no tiene residencia ni bienes propios aparte de un velero atracado en Tampa— tendrá que portar una tobillera de rastreo. También estará confinado en la residencia de un antiguo colega de las Fuerzas Especiales en el norte de Florida.

La fianza de 2 millones de dólares que garantiza su puesta en libertad está avalada con un apartamento propiedad de Jen Gatien, el cineasta que dirigió el documental “Men at War”, que sus productores dicen es un acercamiento a la vida de Goudreau “fugitivo” tras el fallido golpe de Estado.

Si es declarado culpable, Goudreau podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión.

Al menos diez países de la región condenaron este martes la orden de arresto contra el excandidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, y la calificaron como “prácticas dictatoriales”.

“Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”, alertó un comunicado conjunto de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Por solicitud del Ministerio Público (MP) un tribunal emitió una orden de arresto contra el embajador retirado de 75 años, por la publicación de las actas que conservaron sus testigos de mesa tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La fiscalía lo investiga por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación”.

En el comunicado conjunto los países insistieron en que en Venezuela “no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas”, donde abundan las detenciones arbitrarias.

“Condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, precisa el texto.

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Ecuador, por su parte, afirmó que los delitos que se le imputan a González Urrutia muestran una "persecusión política". Chile también condenó la orden y cualquier forma de represión.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, afirmó que la orden de detención es “injustificada” y que en lugar de reconocer su “derrota” electoral, Maduro “ha ordenado” detener a González Urrutia.

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, exhortó a las autoridades venezolanas a respetar la libertad, integridad y derechos humanos de González Urrutia.

"Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada", subrayó en X.

El mes pasado varios países también rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerado un brazo del Poder Ejecutivo, que convalidó los resultados de las elecciones, luego de que el presidente Nicolás Maduro, proclamado por la autoridad electoral para un tercer mandato, introdujo un recurso cuestionado por juristas que aseguran no existe en el marco legal venezolano.

Más de un mes después de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados desglosados, a pesar de la insistencia de la comunidad internacional y las denuncias de fraude.

La oposición ha alertado sobre un aumento en la persecución y represión contra la disidencia, tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 27 muertos y más de 2.000 detenidos.

La Fiscalía General de Venezuela solicitó el lunes una orden de detención contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González, citado tres veces para declarar sin que compareciera en una investigación abierta a raíz de las cuestionadas elecciones presidenciales de hace poco más de un mes.

Edmundo González fue llamado por la fiscalía hasta en tres ocasiones, la última el pasado viernes, para que declarara en una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

El mandatario venezolano, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por la autoridad electoral sin que se publicaran las actas oficiales de votación. Los resultados anunciados fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de verificar los votos.

Según la petición de la fiscalía, González es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

El opositor no ha tenido apariciones públicas en las últimas semanas y, junto a la líder opositora María Corina Machado, han denunciado ser perseguidos por las autoridades. La AP pidió comentarios al equipo de González sin que se pronunciaran inmediatamente.

Machado fue una de las primeras en reaccionar a la acción de la fiscalía con un mensaje en la red social X, antes Twitter: “Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”.

La fiscalía venezolana ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia.

La fiscalía pidió la orden de aprehensión del excandidato González mediante un oficio, publicado en la cuenta del Ministerio Público en Instagram, dirigido a un juez que lleva causas de terrorismo.

El fiscal general Tarek William Saab —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados… causando la difusión de esta falsa información zozobra”, según dijo la semana pasada.

La investigación ha puesto el foco en las actas difundidas en la página http://resultadosconvzla.com/, donde la llamada Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, presentó boletas emitidas por las máquinas electorales, que mostrarían que el diplomático retirado ganó a Maduro por un margen de más de 2 a 1.

La fiscalía venezolana sostiene que González ha dicho públicamente que es uno de los responsables de la publicación de esas actas.

Antes las críticas por falta de transparencia y la presión internacional, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— que hiciera un peritaje al proceso electoral. Éste certificó el pasado 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.

Tras esa decisión, la fiscalía ha ido incorporando presuntos delitos por los que investigar a González y a otros miembros de la oposición.

González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, ha cuestionado hasta ahora la actuación de la fiscalía por falta de garantías del debido proceso y señaló al fiscal general Saab de “acusador político" que "condena por anticipado”.

El opositor rechazó que se pretenda someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

Maduro fue declarado ganador por el CNE, un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

Organismos de observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad del tribunal electoral.

Tanto González como la líder opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abriera una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.

“No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, rechazó la Plataforma Unitaria en un comunicado de la semana pasada. “Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito".