América Latina
Odebrecht: Lula recibió $4 millones en efectivo en pagos secretos
Una cuenta especial de denominada "Amigo" se dedicaba a entregar propinas al expresidente, reveló el empresario preso, que ha negociado un acuerdo de delación con la fiscalía brasileña.
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que lleva el apellido de su familia, declaró ante la Justicia haber entregado 13 millones de reales (unos 4,15 millones de dólares) en pagos secretos en efectivo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva entre 2012 y 2013, informan medios brasileños que tuvieron acceso a la deposición del ejecutivo.
Odebrecht, preso desde junio de 2015 en relación con el escándalo conocido como Lava Autos, declaró el lunes ante el juez federal Sérgio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción en Petrobras, que Lula es en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de su empresa bajo el seudónimo de "Amigo".
Se trata de la primera declaración del ejecutivo empresarial ante la Justicia, tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal, a cambio de una rebaja en la condena.
Aunque su testimonio está bajo secreto de sumario, se filtró rápidamente a los medios de comunicación.
Según las informaciones, Odebrecht aseguró haber dado el dinero a Lula, expresidente de Brasil (2003-2010), en varias entregas realizadas entre 2012 y 2013.
Los 13 millones de reales habrían sido entregados al exmandatario a través del Programa B, inicial de Branislav Kontic, ex asesor de Antonio Palocci.
Palocci, quien fue ministro con Lula y Dilma Rousseff, era el principal interlocutor del Gobierno con el grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Guido Mantega. Odebrecht declaró que los nombres "post-italiano" e "italiano" que aparecían en sus libros de contabilidad correspondían a Mantega y Palocci respectivamente.
Odebrecht declaró el lunes en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el Gobierno para favorecer los intereses de la constructora, la mayor de Brasil, y de la que habría cobrado 128 millones de reales (40 millones de dólares).
El exejecutivo también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el exgobernante, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.
Además, también habría entregado 50 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) para la campaña electoral en 2010 de Dilma, ahijada política de Lula y sucesora suya en el cargo (2011-mayo de 2016), mediante el entonces ministro de Hacienda Mantega.
Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el exmandatario no comentaría ninguna declaración bajo secreto en la Justicia "filtrada selectivamente y de forma ilegal".
"Quiero decir, que si es necesario, estoy dispuesto a volver a ser candidato a presidente. Mis rivales están muy nerviosos porque me golpearon hace tres años y en cada encuesta, estoy un poco más en la delantera. Brasil no se merece el dolor que está teniendo, y sólo lo está teniendo porque tiene un gobierno que no tiene credibilidad y en el que la gente no confía", declaró.
Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en uno de los procesos vinculados a la gran red de corrupción en Petrobras, en la que la constructora que dirigía es una de las más salpicadas por los desvíos.
Según investigaciones policiales divulgadas por la prensa, el grupo Odebrecht, causó daños por valor de 5.684 millones de reales (unos 1.810 millones de dólares) en 11 contratos inflados firmados con Petrobras entre 2003 y 2014.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, participó de un "cartel" con otras 15 importantes constructoras del país para hacerse de manera fraudulenta con las licitaciones de Petrobras, según ha descubierto la investigación.
Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaba los valores y repartía las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
Odebrecht se encargó en Cuba de la construcción del megapuerto y terminal de contenedores de Mariel, obra financiada en términos equivalentes a subsidios por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil bajo los gobiernos de Lula y Dilma.
En una entrevista con la web de negocios estadounidense Bloomberg Odebrecht reconoció que “Cuba es el único país en el que, de hecho, abrimos y crecimos bajo el gobierno de Lula, y donde tenemos que decir que la relación con Lula ayudó mucho".
Según una lista que revelaron diario O Globo y TV Globo, incautada al cambista Alberto Youssef, preso y acusado por lavado de dinero en el caso, se habrían pagado sobornos en relación con el puerto del Mariel por un monto de unos 3.6 millones de reales (1.44 millones de dólares).
El "cliente", de acuerdo con la lista de Youssef, habría sido la Olex (Odebrecht Logística y Exportación).
[Con información de EFE y Folha de S. Paulo]
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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