Cuba
Observatorio independiente monitorea las consultas populares del Código de las Familias
El capítulo Observadores de Derechos Electorales, ODE, perteneciente al Comité Ciudadano por la Integración Racial (CCIR), comenzó este martes su valoración de las “consultas populares” sobre el proyecto de Código de las Familias, que se extenderán hasta el 30 de abril.
“Nuestros observadores estarán presentes en las circunscripciones donde se desarrollen estos debates. Queremos conocer las características que tendrán, si realmente se publicarán o se recibirán todas las propuestas que las y los ciudadanos vayan a emitir el día que tengan su reunión. Sabemos que los debates en Cuba son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras de poder estatal, que no se vota en ninguna de sus instancias”, dijo a Radio Televisión Martí, Marthadela Tamayo, miembro de la entidad en La Habana.
La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, aseguró este lunes que el Consejo Electoral como órgano del Estado es el único designado para organizar, dirigir, supervisar y garantizar la transparencia del proceso de consulta o de plebiscito o referéndum que se convoque.
“En los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana es clave y tiene un efecto decisorio e influyente. Es por eso que nuestros observadores jugarán un papel fundamental en este proceso”, señaló Tamayo.
En ese sentido, Juan Antonio Madrazo Luna, director del CCIR, indicó que el compromiso de ODE, desde la ciudadanía, permite a un órgano independiente hacer una “evaluación profesional e imparcial de la calidad o falta de transparencia que pueda tener el proceso atendiendo a los instrumentos del derecho internacional, las buenas prácticas y la legislación nacional”.
“Nosotros hemos estado trabajando en la capacitación de nuestros voluntarios que participarán del monitoreo. La observación que hacemos es un mecanismo de evaluación, un instrumento que nos permite hacer análisis del proceso, proponer medidas que mejoren la calidad del mismo y transparentarlo desde la ciudadanía”, apuntó Madrazo.
La inclusión del matrimonio igualitario en la normativa desató la reacción de varias iglesias, entre ellas la Católica y la Evangelista, así como la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños y la de los llamados embarazos solidarios.
De aprobarse, haría valer demandas de la comunidad LGBTI de la Isla, donde, en los primeros años de la Revolución, los homosexuales eran perseguidos y recluidos en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).
“El Código de las Familias está visiblemente enfocado en crear una imagen progresista de la dictadura cubana y la realidad es diferente. Esto ya lo vivimos cuando la Constitución que se aprobó en el 2018. Todo aquel andamiaje, digamos, de derechos que estaban siendo plasmados en la Carta Magna y que aún no se han concretado”, manifestó la activista Aymara Peña, residente en Sancti Spiritus.
“Nos damos cuenta, por experiencia, de este tipo de bordado que ha sabido hacer el gobierno de Miguel Díaz-Canel para crear una cortina de humo a otros eventos en materia legal que han estado ocurriendo, porque, cuando se habló del matrimonio igualitario dentro de la Constitución, se trató muy por encima de otros temas mucho más relevantes e importantes como la permanencia y el carácter irrevocable del socialismo y como otros artículos que limitaban el derecho a la libertad de pensamiento, de la libertad de los cubanos”, subrayó.
Está previsto que para julio la Asamblea Nacional del Poder Popular contenga las sugerencias de esta etapa y convoque a un referéndum.
El nuevo Código permitirá establecer acuerdos prematrimoniales para proteger los patrimonios, reemplaza el concepto de patria potestad por el de la responsabilidad parental y autoriza a los padres a decidir el orden de los apellidos de los hijos.
Asimismo, castiga la violencia de género como limitación para repartir bienes. Aborda tres tipos de violencia: contra los adultos mayores y discapacitados, contra los niños, niñas y adolescentes, y la ejercida contra las mujeres.
El movimiento feminista independiente ha reclamado, por años, la elaboración de una ley específica sobre violencia de género en un país donde el 40% de las mujeres reconoce haber sufrido algún tipo de maltrato.
Grupos no vinculados al Estado documentaron en 2021, 34 asesinatos por motivos de género. En lo que va de 2022, tres mujeres murieron, presuntamente, a manos de sus parejas.
La reforma pretende prohibir el matrimonio infantil que estaba permitido como excepción en el código vigente.
“Se han aprobado muchísimas cosas dentro de la Asamblea Nacional en los últimos meses que impactan fuertemente en la vida de los cubanos y no se les ha dado tanta importancia como al Código de Familia”, recordó Peña.
“Este Código de las Familias viene en un momento trascendental de aprobaciones de leyes como con la que se está tratando de criminalizar la vida de la sociedad civil independiente cubana para evitar que se reciban fondos de la comunidad internacional y fondos que se destinan, en el mundo entero, para las actividades propias de la sociedad civil. Este código está enfocado en eso, en crear una imagen de la dictadura, una imagen progresista, una imagen para que el mundo democrático piense que en Cuba se respetan los derechos, pero sabemos que, en materia legal, en materia de derechos, los cubanos vivimos una realidad distinta”, recalcó.
“De nada sirve un código de familia avanzadísimo, con puntos específicos que otorguen derechos y hablen de la igualdad de género o de la igualdad de la orientación sexual si no hay una igualdad de derechos y oportunidades en todos los espacios públicos, políticos o sociales que son los que se mueven y son los que avanzan en la sociedad”.
“Por tanto, no es un código avanzado porque no puede verse, de manera dispersa, en la sociedad, sino que tiene que ser un todo incluido con el andamiaje legal que ahora mismo la dictadura está implementando dentro de Cuba”, concluyó la activista.
La organización DemoAmlat, un programa regional que articula a organismos electorales, partidos políticos y ONGs alrededor de los principios democráticos, en el informe “ABC de la Consulta Popular en Cuba” publicado este martes, destacó sus preocupaciones por estos mecanismos del régimen.
“Lo que hicimos desde el equipo de investigación fue comparar este mecanismo de democracia directa establecido en la Constitución, en la Ley Electoral de Cuba, y compararlo con mecanismos de democracia directa en otros países de la región. Después de hacer ese estudio, llegamos a la conclusión de que, de acuerdo a las condiciones o a las características que se han hecho conocer en los medios oficiales, no hay ningún tipo de garantías de que el proyecto que, finalmente se vaya a refrendar, exprese la voluntad de las y los cubanos”, explicó Jesús Delgado, integrante del grupo de investigación de DemoAmlat.
Tiene que ver con una serie de elementos que se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Instancias de control independientes que puedan garantizar que el proceso se lleve a cabo de la manera prevista.
- Datos sobre quiénes serán los que conformen los “grupos auxiliares de procesamiento de la información a nivel municipio”, ni sobre su idoneidad para conformar dichos grupos.
- Mecanismos para monitorear las propuestas hechas tanto en los puntos de reunión en circunscripciones, como en la web que pondrá a disposición el MINREX y el correo electrónico de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Criterios claros para justificar la adopción, modificación o eliminación de las propuestas.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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