Familiares y allegados de presos en Cuba reportan la falta de contacto con sus seres queridos desde hace varios días. Ante la interrupción de las comunicaciones, allegados y defensores de derechos humanos cuestionan si el corte responde a fallas en la red eléctrica o a restricciones deliberadas por parte de las autoridades penales.
La organización independiente de asesoría legal Cubalex ha recibido denuncias sobre la interrupción de llamadas en instalaciones como la prisión de Guanajay en Artemisa, Boniato en Santiago de Cuba, la prisión provincial de Guantánamo, Kilo 7 y Kilo 8 en Camagüey, y Cuba Sí en la provincia de Holguín.
Según la entidad, las familias no han obtenido explicación oficial sobre esta falta de contacto, lo que genera preocupación sobre el estado de salud y la seguridad de los reclusos.
Sobre esta situación, desde la provincia de Cienfuegos, Desiré Valdés, madre del preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés, expresó a Radio Martí su incertidumbre ante la falta de señal: "Los familiares que estamos preocupados no sabemos si es una estrategia, no sabemos si son apagones, no tenemos conexión con nuestros familiares".
Valdés precisó que desde el jueves 17 no ha salido ninguna información desde los centros penitenciarios.
Por su parte, el presidente de la organización Prisoners Defenders, el abogado Javier Larrondo, compartió desde España las informaciones que le llegan sobre el impacto de la crisis energética en las instalaciones penitenciarias. Larrondo cuestionó las prioridades en el suministro eléctrico dentro de la isla, al señalar que mientras en el sector turístico se garantiza el fluido mediante generadores, en los penales la falta de combustible o de equipos funcionales deja a la población penal sin servicio.
El expreso político Eider Frómeta, quien salió recientemente de prisión tras cumplir sentencia en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, declaró desde Guantánamo que la falta de comunicación combina tanto el factor energético como medidas disciplinarias ejercidas por las autoridades penitenciarias.
Frómeta explicó que el servicio de telefonía fija de las cárceles deja de funcionar durante los cortes eléctricos. "Hay plantas eléctricas para el funcionamiento, pero nunca tienen combustible. Las prisiones están a oscuras", afirmó el activista, quien añadió que las autoridades no ofrecen explicaciones a los reclusos y que, debido al alto número de internos y a la escasez de aparatos, las llamadas pueden demorarse semanas o más de un mes.
Asimismo, Frómeta detalló la gestión interna de los teléfonos y el uso de la incomunicación como represalia directa ante las denuncias sobre violaciones de derechos en los penales. Según su testimonio, la Seguridad del Estado no interactúa directamente para aplicar los cortes, sino que emplea a grupos de reclusos condenados por delitos graves para administrar los horarios y restringir el acceso a las líneas.
En ocasiones, señaló el expreso político, las autoridades aplican suspensiones colectivas a todo un destacamento como medida de presión indirecta. El objetivo de esta práctica, concluyó, es generar fricciones e indisponer al resto de la población penal contra el recluso que realizó la denuncia.
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