El régimen de Nicaragua ha demostrado nuevamente el control total que mantiene sobre el sistema judicial y penitenciario del país y su utilización como un arma política contra sus adversarios, aún incluso de los que provienen de las propias filas del sandinismo o exaliados electorales.
El Ministerio del Interior nicaragüense publicó el domingo unas fotos del histórico comandante sandinista Bayardo Arce, después de que sus hijos denunciaran la desaparición forzada del hasta hace poco asesor económico Daniel Ortega.
Bayardo Arce, quien fue compañero de lucha de Ortega durante la Revolución Popular Sandinista, fue condenado por corrupción en enero pasado a una pena no precisada, tras haber sido encarcelado a finales de julio de 2025.
Un juzgado de Managua declaró a Arce culpable del delito de "lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado". Según la acusación, orquestó un "esquema estructurado" para la utilización de "fondos de origen ilícito" por casi 3.000 millones de dólares a través de la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.
Tras su captura, los hijos de Arce habían denunciado la “desaparición forzada” de su padre y temían que muriera bajo custodia y aislado, como ya sucedió con el hermano de Daniel Ortega, Humberto, por lo que habían solicitado una prueba de vida al régimen nicaragüense.
"A requerimiento público", señala el comunicado, el Sistema Penitenciario mostró siete fotos de Arce, junto a su hermano Gerardo Arce Castaño.
Las fotos publicadas habrían sido tomadas el pasado viernes, en un formato similar al que se usó para exhibir en prisión al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Las imágenes muestran una mesa con abundantes alimentos y botellas de agua en un intento de mostrar condiciones especiales e incluso hogareñas para el reo.
"Cualquier otra idea o publicación responde a la intención evidente e irresponsable de descalificar y desprestigiar al Sistema Penitenciario Nacional", añade la nota del régimen Ortega Murillo.
Bayardo Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que es encarcelado por el propio régimen, en lo que según analistas nicaragüenses consideran una purga interna en el oficialismo dirigida por la copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, para garantizar una sucesión a su medida.
Arce fue el artífice de las negociaciones con el sector privado de Nicaragua en la construcción de un modelo de connivencia y estabilidad económica a pesar del cierre de los espacios democráticos y la falta de competencia y transparencia electoral.
Una líder indígena liberada tras 30 meses en la cárcel
Por otra parte, y casi en paralelo, la exdiputada miskita nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez James, presidenta del partido indígena Yatama, que significa 'Hijos de la Madre Tierra' en lengua miskita, fue excarcelada el fin de semana tras permanecer en prisión desde el 1 de octubre de 2023.
La líder indígena de 63 años, que fue arrestada después de haber denunciado la detención del líder del partido Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, quien aún no ha sido liberado, fue excarcelada el sábado, según dio a conocer la ONG Fundación para la Libertad.
Henríquez James, presidenta y representante legal del partido Yatama - que fue ilegalizado por las régimen sandinista antes de las elecciones regionales de marzo de 2024- fue condenada a ocho años de cárcel por los delitos de “conspiración” para cometer menoscabo a la integridad nacional y “propagación de noticias falsas” en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
La líder miskita era diputada suplente del legislador Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, cargo del que fueron despojados tras su detención.
Tras una larga trayectoria de antagónico con el sandinismo, Yátama formó parte de la alianza electoral que respaldó la candidatura de Ortega en 2006. Sin embargo, Rivera Bryan denunció en 2014 que el FSLN los utilizó “no por el número de votos, sino por mejorar la imagen y aumentar el prestigio” y, tras romper su alianza, denunció que “ahora quieren nuevamente aplastar nuestro movimiento y tomar el control de los territorios”.
El paradero de Rivera Bryan se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023 cuando agentes del régimen Ortega-Murillo irrumpieron en su casa en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó una resolución de medidas urgentes en la que ordenó a Nicaragua liberar de inmediato a ambos líderes políticos indígenas, que anteriormente fueron aliados de los gobernantes sandinistas.
La Corte IDH solicitó al Estado de Nicaragua que "proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez" y que "adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua".
En Nicaragua hay actualmente 46 presos políticos, de las cuales 15 son adultos mayores y 10 permanecen en condición de desaparición forzada, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El régimen nicaragüense no se ha pronunciado aún sobre esta excarcelación que ha ocurrido en un momento de presión internacional, principalmente de Estados Unidos y organismos de derechos humanos, que continúan exigiendo la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.
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