América Latina
Muere Piedad Córdoba, polémica congresista colombiana que gestionó liberación de rehenes
Piedad Córdoba, la polémica congresista colombiana de izquierda que se hizo célebre por su estrecha amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez y por su aparente cercanía con los grupos guerrilleros con los que logró la liberación de al menos 20 secuestrados, falleció el sábado, informó el presidente Gustavo Petro. Tenía 67 años.
"Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto", escribió Petro en la red social X, antes Twitter.
Nació el 25 de enero de 1955 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, a 250 kilómetros al noroeste de la capital Bogotá.
Según reportó noticias Caracol, la senadora habría sufrido un infarto tras lo cual fue encontrada en su departamento en Medellín.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora "al parecer llegó sin signos vitales a la Clínica Conquistadores".
En 2022, fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos en la clínica El Rosario de Medellín, cuya dirección indicó como causa una infección aguda que le provocó una baja de tensión. Un comunicado del centro médico dio cuenta del hecho tras lo cual descartó el peligro. Un mes antes, Córdoba se contagió de covid-19.
De Córdoba, una llamativa figura que vestía en vivos colores y cubría su cabeza con turbantes, nunca se dejó de hablar en Colombia en los últimos 20 años. Tampoco nunca se escondió ni dejó de decir en público lo que pensaba y creía en privado.
Como en marzo de 2007, en Ciudad de México, cuando les pidió "a los gobiernos progresistas de América Latina" que rompieran relaciones diplomáticas con Colombia porque, según ella, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) había sido elegido por la mafia del narcotráfico y el paramilitarismo.
En otra ocasión, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca y a 300 kilómetros al oeste de Bogotá, les dijo a un grupo de estudiantes que la lucha armada se justificaba en el país, una afirmación que iba en contra de referentes de la izquierda latinoamericana como el dirigente cubano Fidel Castro, que hacía ya años había descartado las vías de fuerza para alcanzar el poder.
Con esos comentarios, desde luego, su nombre no podía pasar inadvertido para sus detractores.
Pero sus seguidores la admiraban y respetaban y hasta justificaban sus salidas en falso, como los rumores sobre su aparente cercanía ideológica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Eso no es cierto, eso son mentiras", le dijo a The Associated Press en octubre de 2009 el Nobel de Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Según el pacifista argentino, Córdoba lo que hacía era "tratar de liberar a los rehenes (en poder de las guerrillas) y tratar de llevar la paz a Colombia".
Córdoba despertaba fervor entre los secuestrados, los exsecuestrados y los familiares de estos. Todos ellos la veían como una salvadora. Y razón no les faltaba porque ella consiguió algo que para muchos parecía impensable: que políticos, policías y militares que llevaban más de seis años secuestrados por las FARC volvieran a sus hogares en varios operativos de entrega a partir de enero del 2008.
Córdoba fue la mayor de los 12 hijos que tuvieron los educadores Zabulón Córdoba y Lía Ruiz.
Se instalaron en Santa Lucía, un barrio de clase media-baja de Medellín. Era la época en que se decía que los trabajadores más mal pagados del país eran los maestros y los policías. Con esos pocos ingresos salariales, el matrimonio Córdoba-Ruiz se dio a la tarea de levantar a su docena de hijos.
Córdoba estudió el bachillerato en un colegio público conocido como el CEFA o Centro Formativo de Antioquia. Allí empezó a forjarse y a mostrar la fogosidad que la caracterizaría en el futuro.
"Desde jovencita ya era una líder", recordó en diálogo telefónico Amanda Arboleda, su amiga de juventud.
"Era la que más hablaba, la que más pelea daba, nunca tragaba entero", agregó Arboleda.
Tras terminar su carrera de abogada en la Universidad Pontificia Bolivariana, Córdoba inició su carrera política en los barrios populares de Medellín, siempre con el Partido Liberal. Por esa misma época se casó con Luis Castro, con quien tuvo cuatro hijos.
Su gran jefe en aquellos inicios de la política fue el exministro William Jaramillo, ya fallecido, y quien, por ejemplo, la hizo su secretaria privada cuando él se desempeñó como alcalde de Medellín entre 1984 y 1986.
Fue concejala de Medellín y diputada de la Asamblea del departamento de Antioquia. Entre 1992 y 1994 se desempeñó como representante a la Cámara y desde 1994 y hasta 2010 siempre tuvo un escaño en el Senado.
Desde su llegada a Bogotá como congresista empezó a hacer ruido. Siempre estaba en contra de las mayorías y, según ella, en favor de las minorías. Desde entonces empezó a hacer contactos, casi que de manera pública, con los grupos guerrilleros.
Tal vez esa cercanía con los rebeldes fue el motivo de su secuestro, a mediados de 1999 y durante 14 días, por orden del jefe paramilitar más importante de entonces en Colombia, Carlos Castaño, asesinado en 2004 por sus lugartenientes.
Los medios de comunicación registraron en ese entonces que nunca se arredró ante Castaño y que, por el contrario, siempre se mostró ante él altiva y desafiante. La política fue liberada tras gestiones de altos dirigentes liberales.
Fue Córdoba la que tras su liberación citó una frase que le había dicho Castaño y que anticipaba lo que sería después uno de los mayores escándalos del país: las relaciones del mundo político con el paramilitarismo.
Según Córdoba, el máximo jefe de esas bandas armadas le había comentado que estaba cansado de ser tratado como una prostituta a la que de noche muchos visitan y hacen regalos, pero que de día nadie conoce.
Para finales de 2006 ya eran decenas los congresistas, gobernadores y alcaldes los que eran investigados por los tribunales por esos lazos con los paramilitares.
Tras su secuestro, Córdoba se marchó con sus hijos un tiempo a Canadá. Sólo regresó para hacer campaña en busca de renovar su escaño como senadora en los comicios legislativos de 2002, lo que consiguió de manera apretada.
Fue en el Congreso una de las más potentes defensoras del entonces presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), señalado de haber financiado su campaña electoral con dineros del cartel de las drogas de Cali, lo que él siempre negó, mientras en el país se expandía el paramilitarismo y la guerrilla.
Al final, Samper fue absuelto y una de sus escuderas fue Córdoba, quien siempre sostuvo con el mandatario una estrecha alianza.
El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe se posesionó como presidente de Colombia y desde ese momento Córdoba se puso a la cabeza de la oposición.
Durante los ocho años que Uribe permaneció en el poder, no dejó de calificarlo de ilegítimo y, sobre todo, de señalarlo de ser cercano y afín a los grupos paramilitares. Además, mientras Uribe ha sido partidario de combatir a los rebeldes por la vía militar, Córdoba decía que con las guerrillas la solución debía ser mediante el diálogo.
A pesar de sus posiciones ideológicas encontradas, en agosto de 2007 Uribe autorizó a Córdoba para que se acercara a las FARC y tratara de conseguir la liberación de un grupo grande de políticos y miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados por esa guerrilla.
Pese a cantidad de altibajos, en enero y febrero de 2008 Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez, su amigo, consiguieron que las FARC les entregaran a seis políticos que llevaban entre seis y siete años secuestrados por ese grupo ilegal.
Entonces las acciones de Córdoba con las FARC y su cercanía con Chávez empezaron a ser mal vistas en Colombia por sectores conservadores y uribistas. De hecho, en 2008 Córdoba iba a bordo de un avión que cubría la ruta Bogotá-Caracas y varios de pasajeros estuvieron a punto de agredirla a golpes llamándola "apátrida".
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa por sus aparentes nexos con las FARC, basada en cientos de correos electrónicos que se cruzó con Raúl Reyes, el jefe guerrillero de las FARC abatido el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
Pero Córdoba, que fue una mujer de mil batallas, siguió sin mirar atrás con su trabajo para lograr la liberación de los demás secuestrados, ya sin la ayuda de Chávez. Entre enero de 2008 y febrero de 2011, las FARC le entregaron 20 secuestrados más, entre políticos, militares y policías.
Córdoba fue "una mujer incansable, constructora de paz en Colombia", comentó Iván Cepeda, un congresista y activista de derechos humanos que desde hace unos cuatro años se convirtió en uno de sus principales apoyos en un movimiento fundado por ella, "Colombianos y Colombianas por la Paz".
En el 2022 volvió a ser elegida senadora por la lista del movimiento político de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.
En sus últimos años de vida, Córdoba lidió con la captura y extradición de su hermano Álvaro Fredy a Estados Unidos por cargos federales relacionados con narcóticos. Pocos días antes de su muerte, se declaró culpable.
El hermano de la congresista aceptó que fue parte de una operación en la que ofreció a informantes de Estados Unidos presentarlos a guerrilleros disidentes que podrían ayudar a introducir grandes cantidades de cocaína en Nueva York.
Pese al proceso que enfrentaba su hermano, Córdoba siempre defendió su inocencia y también la de él.
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Petro: "El Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el martes que está dispuesto a exponer ante la ONU los incumplimientos del Estado colombiano sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un mensaje en el que el mandatario se desmarca de los puntos pendientes.
El Consejo de Seguridad de la ONU revisa trimestralmente la situación del proceso de paz por medio de un informe que realiza el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación que opera en Colombia desde 2016. La última revisión fue el 9 de abril y la siguiente se prevé en tres meses.
En la sesión suele intervenir un delegado del gobierno colombiano para dar su balance, pero de cara a la próxima, Petro lanzó un reproche a otras ramas del poder del Estado en Colombia, sin precisar exactamente a qué entes o autoridades, acerca de puntos del acuerdo de paz que están aún pendientes.
"Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras", señaló el mandatario, en el acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
En un mensaje posterior en X, antes Twitter, matizó parcialmente su declaración al mencionar que el "Estado incumplió", en lugar de señalar como había hecho antes la falta de voluntad para acatar lo firmado.
Según su visión, los puntos pendientes están notablemente en tres ejes: una reforma agraria para devolver terrenos a quienes les fueron arrebatados por la violencia, la transformación del territorio con inversión que compense las desigualdades y la verdad judicial que busca juzgar y sancionar los crímenes cometidos.
Aunque como presidente es también el jefe de Estado y de gobierno, de acuerdo con lo recogido en la Constitución colombiana, Petro sugirió, desmarcándose, que los incumplimientos dependerían o de la rama judicial o de procesos administrativos que no le permitirían en su administración llevar lo pactado a la realidad.
El comentario del presidente contrasta con lo defendido en revisiones previas. A lo largo de los años, el gobierno de turno en Colombia se ha enfocado sobre todo en sus aciertos al rendir informe en la ONU y no tanto sus falencias en la implementación de un acuerdo que puso fin a la confrontación de cinco décadas con la guerrilla de las FARC.
En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplió una visita oficial en Colombia, revisó de primera mano la ejecución y habló tanto con el gobierno como con las comunidades. En anteriores sesiones, se ha pedido mayor avance en la reforma rural.
Petro pronosticó que, además del descrédito del Estado colombiano ante el mundo por no cumplir con lo pactado, el país padecería más violencia. "Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas... porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz", agregó.
Para la reforma agraria, Petro aseguró que se necesita una compra expedita de tres millones de hectáreas que no lograría ejecutar.
"No es mucho, pero aquí, por los procedimientos ordinarios, prácticamente es inalcanzable", reprochó sin aludir directamente a ninguna institución.
El segundo eje que se estaría incumpliendo sería, según Petro, el de la transformación del territorio con inversiones en las regiones históricamente excluidas en las que hay mayor desigualdad y violencia. A largo plazo, pronosticó, tampoco se lograría tal como van las cosas. "Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión pública calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie", indicó el mandatario.
No hizo alusión al ente o autoridad del que dependería esta estrategia, siendo el gobierno del país el que propone al Congreso cómo se distribuye el presupuesto del Estado y las áreas de inversión.
Y el tercero aspecto en deuda sería para Petro el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz para juzgar y sancionar los crímenes del conflicto interno que funciona para exguerrilleros, agentes estatales, militares y civiles que se involucraron en el conflicto.
El mandatario ha defendido recurrentemente que debería haber un único tribunal para llevar procesos investigativos del complejo conflicto dado que en la actualidad existe uno para los crímenes de la extinta guerrilla y otro para los grupos paramilitares que también dejaron las armas.
"Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad", señaló Petro en alusión a que no está consiguiendo su propósito. El mandatario ha esbozado en diferentes declaraciones que, eliminando esa división de justicia, ese tribunal "de cierre" podría ser la misma JEP u otro distinto.
Batallón Simón Bolívar: unidad latinoamericana contra la invasión rusa (VIDEO)
En medio de una destrucción masiva y continuos bombardeos, Ucrania atraviesa el tercer año de la invasión rusa, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos entre militares de ambos bandos y civiles. En esta confrontación bélica, destaca el batallón Simón Bolívar, integrado por varios centenares de combatientes iberoamericanos voluntarios que luchan junto a las fuerzas ucranianas.
El comandante Chaparro
José David Chaparro, de 55 años y originario de San Cristóbal, capital del estado Táchira en Venezuela, es el comandante de este batallón, que surgió posterior a una unidad de hispanoamericanos que servía en las tropas de la llamada Defensa Territorial Ucraniana.
“Después del primer año de guerra, coincidimos en algunos puntos con el gobierno ucraniano sobre las realidades en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, con respecto a la terrible presencia militar rusa en el país sudamericano, y el apoyo que le da al régimen de Maduro. Nos dieron los permisos para cambiar el nombre del batallón a Simón Bolívar”, dijo el comandante Chaparro desde un lugar en Ucrania a Martí Noticias.
Chicos y chicas de diferentes países latinoamericanos, incluyendo exmilitares del gobierno totalitario de Venezuela, han sido acogidos en este batallón, manifestando su deseo de integrar un cuerpo con principios libertarios, morales y justificar la lucha en Ucrania.
“Estamos lejos de nuestros países, pero tenemos un punto de coincidencia ético y principios bolivarianos entre los latinoamericanos que estamos aquí, y eso nos ha servido de escudo contra este tremendo escenario que se vive aquí cada día”, comentó Chaparro.
Más de 300 iberoamericanos luchan contra el invasor
En Ucrania, además de la Legión de Defensa Territorial Internacional, el primer grupo armado de extranjeros que surgió a petición del gobierno de Ucrania, combaten junto a las fuerzas nacionales un batallón de voluntarios de Bielorrusia y una Legión de Georgia. A ellos se suman el Cuerpo de Voluntarios Rusos, el Batallón Siberiano y la Legión Libertad de Rusia, todos integrados por rusos opositores a Vladímir Putin.
“En el caso del batallón Simón Bolívar, lo conforman combatientes de Venezuela, España, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y unos pocos de Perú. En total, pasamos los 300 combatientes”, informó el comandante, agregando que los equipos, armamento y todo el material bélico provienen del gobierno de Ucrania.
Cada combatiente debe cumplir ciertos requisitos para ingresar al batallón, como cualquier unidad de combate del ejército de Ucrania.
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“Tiene que llenar una planilla con sus datos generales, su grado en caso de haber prestado servicio militar en algún país, su experiencia, con el fin de identificar plenamente a la persona y realizar una verificación a nivel nacional e internacional para evitar que, entre gente no deseada, no solo al batallón, sino al país en general”, dijo el líder militar.
Una vez superado el filtro, el voluntario debe viajar a Ucrania y firmar un contrato por un año de servicio renovable y con salario.
“El soldado devenga un salario de 1,300 a 1,500 euros, además de beneficios médicos, y cuando va a cumplir misiones en las líneas del frente, el sueldo se duplica, es decir, es entre 2,000 y 3,000 euros aproximadamente”, indicó Chaparro, y aclaró que, en su caso, en dos años que lleva en Ucrania, aún no ha cobrado su primer sueldo.
“Tengo contrato, prerrogativas médicas, pero nunca he cobrado un solo salario. Soy un voluntario al cien por ciento”.
Comandante hoy, asesor chavista ayer
Como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Chaparro integró el equipo que organizó la primera visita del mandatario a Rusia en 2001.
Posteriormente, por sus conocimientos del idioma y de la política de la ex Unión Soviética, fue enviado a la embajada de Venezuela en Moscú como diplomático.
“Debo aclarar que en esa época todavía no se había perfilado tanto el gobierno de Chávez como ente dictatorial, estaba enmascarado. Entonces, para nosotros fue una oportunidad de trabajo. No se veía siquiera la punta del iceberg”, dijo en abierta alusión a la misma esencia del sistema de gobierno que impera en su país natal.
Fue justo en 2002 cuando ocurrió el intento de cambio de gobierno en Venezuela, que Chaparro se percató del intento chavista por perpetuarse en el poder.
“Incluso, en nuestra embajada en Moscú, las directrices que nos daban ya no eran las que nosotros, como diplomáticos y demócratas, defendemos. Entonces decidí cerrar ese capítulo, me salí de mis funciones y me retiré a mi vida privada”, comentó.
El mercenarismo
Ucrania y Rusia han intercambiado acusaciones de que cada lado utiliza mercenarios en el conflicto. Según datos del Ministerio ruso de Defensa, desde el 24 de febrero de 2022, llegaron a Ucrania procedentes de diversos países 13,387 combatientes. Por su lado, los servicios ucranianos de inteligencia han denunciado que Rusia recluta no solo a mercenarios extranjeros, sino también a personas en regiones pobres de Rusia.
“Muchos de ellos han sido capturados y es un hecho que forman parte no solo del llamado grupo Wagner, sino de otros grupos de mercenarios de diferentes países, principalmente asiáticos, que se han prestado a venir aquí a combatir contra Ucrania”, manifestó con apatía.
Preguntado si tiene evidencias sobre el terreno de la participación de mercenarios cubanos dentro de las tropas invasoras, el comandante dijo no tener información al respecto.
La guerra de mil caras
En su opinión, la guerra tiene mil caras, por lo que Chaparro no se aventura a pronosticar cuándo acabará la contienda. Según su argumento, son muchos los actores y factores a tomar en cuenta. Asegura que la moral de los soldados está en alto, pero admite que una guerra tiene mil caras y que, personalmente, ha sufrido algunos golpes.
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"Hay aspectos económicos, políticos, militares. Por ejemplo, las próximas elecciones en Estados Unidos podrían definir de alguna manera lo que sucederá en los próximos acontecimientos, dijo el jefe militar que confiesa que la guerra en Ucrania le ha permitido comprender el dolor humano.
"Solo aquellos que están aquí y ven el sufrimiento, las desgracias que dejan huellas prácticamente imborrables, comprenden el significado de la vida, la guerra y la tragedia. Esto no es deseable para ningún país. ¡Libertad y democracia!", concluyó.
UE suaviza sanciones a dirigentes en Venezuela para promover elecciones democráticas
La Unión Europea acordó este lunes retirar temporalmente las sanciones a algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como parte de los esfuerzos para promover elecciones presidenciales "inclusivas y competitivas" en Venezuela, informó la agencia Europa Press.
El portavoz del Servicio Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a Europa Press que los 27 estados de la UE han decidido aliviar de forma temporal las restricciones de viaje al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, y a tres exmiembros de esa institución.
Stano afirmó que la Unión Europea también decidió prorrogar el resto de las sanciones que impuso al gobierno de Maduro, pero por un período más corto que lo habitual.
El nuevo plazo es hasta el 10 de enero de 2025, coincidiendo con la fecha marcada para la toma de posesión del presidente venezolano que sea electo el próximo 28 de julio.
Ambas medidas van en línea con apoyar la vía electoral para poner fin a la crisis en Venezuela, dijo Stano a Europa Press.
Propuesta de Mulino de cerrar el Darién "no es viable" y generaría "graves" efectos: analistas y autoridades (VIDEO)
Expertos coinciden en que cerrar un paso fronterizo como el Darién generaría más caminos ilegales, el incremento de la violación de derechos humanos contra los migrantes y hasta tensiones entre los países, y coinciden en que son decisiones que deben tomarse de manera conjunta.
BOGOTÁ —Cerrar la frontera del Tapón del Darién, como lo ofreció en la campaña el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es una propuesta aún no detallada y “poco viable” pero que, de darse, podría generar crisis y efectos negativos, sobre todo en aspectos humanitarios y de seguridad para los migrantes, según analistas y autoridades consultadas por la Voz de América.
"Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", dijo Mulino, a mediados de abril, a periodistas durante un recorrido electoral por Las Mañanitas, un suburbio de clase trabajadora de la capital panameña.
"La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral [entre Estados Unidos, Colombia y Panamá] y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes", afirmó el presidente electo, quien fue ministro de Seguridad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien sustituyó como candidato en las recientes elecciones, al estar inhabilitado por una condena de más de 10 años por el delito de blanqueo de capitales.
Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia indicó a la VOA que la frontera “es imposible” de cerrar porque siempre va a haber diferentes mecanismos que hará que las personas “de una u otra manera encuentren cómo atravesar una frontera internacional”.
Opinión que comparte Diego Chaves-González, gerente sénior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute (MPI), al señalar que un cierre de la frontera es “muy poco viable” porque “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos”.
“Frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tienen las aperturas, muchas veces oficiales, que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración”, agregó en entrevista con la VOA.
¿Cuál sería la medida?
En principio, el abogado y analista político panameño Rodrigo Noriega explicó a la VOA que el presidente electo es experto en temas de seguridad fronteriza y su planteamiento es “abierto”. Es decir, “no necesariamente se necesita hacer un cierre físico, usted puede hacer un cierre policial… o el uso de barreras naturales… o de mecanismos electrónicos de monitoreo… Hay un portafolio de medidas disponibles”.
Y, en ese sentido, cree que Mulino está hablando de un Panamá “frustrado” por los señalamientos que recibe sobre el maltrato a los migrantes o, incluso, para fomentar una postura de negociación con otros países que permita tomar “medidas responsables para provocar un flujo migratorio más sostenible”.
Según Fernando García, director de Migración Colombia, el presidente electo de Panamá se refería a posibilidades tecnológicas para tener un mayor control de la frontera, pues hablar de un cierre “no es posible físicamente, monetariamente, ni económicamente ni militarmente” y podría traer otros efectos que “son mucho más graves”.
La VOA también intentó obtener comentarios de la autoridad migratoria de Panamá, pero respondió que no se referirán al tema.
“Graves” implicaciones
Represamientos, abusos de todo tipo, incremento de la violación de derechos, fortalecimiento de las bandas criminales y crisis en las poblaciones de acogida son algunas de las consecuencias que podría traer un cierre unilateral de la frontera, en este caso, de la selva del Tapón del Darién, dicen los expertos.
Para la académica, un cierre fortalece el crimen organizado y las organizaciones criminales en un punto fronterizo, con acciones como el tráfico de migrantes y el aumento de los cobros a quienes deseen ingresar por vías no autorizadas.
En cuanto a los migrantes, pueden recurrir “a vías más peligrosas” y el Darién “ya es una zona de por sí inhóspita, difícil geográficamente y el hecho de que ahora sea prohibido cruzar o que se llegue a generar un proceso de vigilancia o de militarización de la frontera para impedirlo, pues pone en riesgo a las personas”.
Si este cierre no es planificado, dijo el abogado Rodrigo Noriega, los migrantes pueden decidir “ir por el por el Pacífico, por zonas que trabajan con nuevos traficantes o con otro tipo de situaciones, o que decidan irse de su países, por ejemplo, como pasó con los cubanos, incluso en el tren de aterrizaje de los aviones”.
Según un informe de la OIM publicado en marzo, más de un tercio de los migrantes fallecidos -cuyo país de origen pudo identificarse- provienen de países en conflicto o con grandes poblaciones de refugiados, poniendo de relieve los peligros enfrentados por quienes intentan escapar de las zonas de conflictos sin contar con vías seguras.
Otro elemento, agregó Irene Cabrera, es el riesgo de quedar en manos de organizaciones criminales que pueden generar diferentes tipos de afectaciones a los migrantes, como la violencia sexual.
Por otro lado, pueden incrementar los represamientos en Colombia, por ejemplo “donde ya es un problema serio”, incrementar la violencia en esas poblaciones, donde los migrantes permanecen antes de cruzar la selva, y la presión institucional que responda a las necesidad de las personas que desean salir del país.
Incluso, autoridades locales de la zona fronteriza de Colombia con Panamá expresaron su preocupación por la idea que ha esbozado el presidente electo de ese país.
Problemas que, según el abogado Noriega, puede repercutir en otros países como Ecuador, Venezuela y Brasil porque “los migrantes van a seguir moviéndose” y es que, como dice el abogado, “este flujo no para sino hay una transformación profunda de las poblaciones internacionales”.
Un fenómeno continuo
“La corriente de migrantes que cada día viene siendo mayor, se viene duplicando año tras año”, indicó el director de Migración Colombia, y con un cierre, “se triplicaría o se partiría en miles de pedazos de grupos intentando pasar la selva y traería efectos negativos para la conservación” de la misma, dijo García.
Según cifras del MPI, en 2021 migraron 125.000 personas. Un año después, 250.000 personas pasaron por el Darién, en 2023 la cifra llegó a 500.000, y en lo que va de este año, se ha duplicado casi que mes a mes con respecto al mismo mes el año anterior. Por eso, enfatizó Chaves, “es un momento más de buscar soluciones colectivas que de buscar soluciones individuales”.
En este sentido, dijo García a la VOA, Colombia está “preocupada” por las declaraciones de Mulino. “Nosotros hemos concebido, como otros países en el continente, que el problema de la migración es un problema continental e incluso hoy en día extracontinental” y, por lo tanto, “requiere de soluciones que tengan la participación de los estados que participan del fenómeno migratorio.
Y, en ese sentido, se debe es mantener un paso seguro para los migrantes y, para ello, están abiertos al diálogo con el nuevo gobierno y con entidades multilaterales.
Según el abogado Noriega, si Panamá decide cerrar su frontera, debe haber un periodo de consultas con los países implicados para que también busquen medidas para enfrentar la situación o con experiencias similares para que “aporten recursos y asesoría”. Pero lo ideal son las decisiones multilaterales que favorezcan el “tratamiento humanitario para los migrantes”.
Para Chaves-González, la respuesta debería ser “mucho más articulada, que pensar en las políticas de securitización de las fronteras” o se podrían generar tensiones entre los países.
“Lo importante es tratar de no buscar que la migración sea cada vez más clandestina, sino buscar procesos de trabajo con los gobiernos, con la comunidad internacional más activamente para poder buscar una solución mucho más efectiva y que garantice los derechos humanos de las personas”, sentenció el vocero del MPI.
Panamá se dispone a cerrar una de las vías migratorias más utilizadas por los cubanos en los últimos años (VIDEO)
José Raúl Mulino, el presidente electo de Panamá, prometió esta semana cerrar una de las vías migratorias más utilizadas por los inmigrantes cubanos en los últimos años: el Darién.
"Para terminar la Odisea del Darién, que no tiene razón de ser (...), iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí", dijo el recién electo presidente.
"Para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen", añadió Mulino, y prosiguió: "Nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera", declaró durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo 2024-2029.
La selva del Darién fue por muchos años uno de los tramos más difíciles en la larga travesía de los inmigrantes cubanos, desde Guyana hasta la frontera sur de los Estados Unidos.
Desde 2012, el propio Mulino, siendo entonces Ministro de Seguridad Pública de Panamá, alertó que la selva del Darién estaba siendo utilizada por los traficantes de inmigrantes.
La frontera colombo-panameña de 266 kilómetros, se extiende desde Cabo Tiburón, en el Caribe, hasta Punta Cocalito y Punta Ardita en el Pacífico. Se encuentra en el corazón del llamado "Tapón del Darién". Sólo hay dos poblados en la línea limítrofe: La Miel, en Panamá, y Sapzurro, en Colombia, ambos en la costa caribeña.
Numerosos informes de organizaciones de protección a migrantes y refugiados, reportajes de prensa e incontables testimonios dieron cuenta de los peligros extremos a los que se expusieron los inmigrantes cubanos, muchos de los cuales fueron víctimas de extorsión, violaciones y abusos. Algunos perecieron en el trayecto.
Después de noviembre de 2021, cuando Managua y La Habana pactaron un acuerdo de libre visado, que permitió a los cubanos acortar la larga travesía hasta la frontera de los Estados Unidos, el Tapón del Darién fue un tramo menos utilizado por los cubanos y la inmigración dese la isla hacia EEUU comenzó a registrar las mayores cifras de su historia, sobrepasando el medio millón de migrantes.
En el año 2021, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá registró el paso de 15 mil cubanos por la selva del Darién y en 2022 un total de 5.961.
De acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 36 personas perdieron la vida en la Selva del Darién en 2022, aunque la organización advierte que la cifra podría ser mucho mayor, ya que muchos migrantes mueren en la travesía y sus restos "no son ni informados ni recuperados".
En 2023 sólo unos cientos de cubanos atravesaron la selva del Darién, pero Guyana sigue siendo la ruta más directa para los emigrantes cubanos que esperan llegar a Brasil y otros países sudamericanos.
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