La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió que el aparato represivo del Estado continúa operativo, pese a las “mejoras limitadas” que identifica en el contexto político del país.
La evaluación, presentada en septiembre de 2026, examina los cambios recientes en el escenario político y la situación de los derechos humanos en Venezuela. El mecanismo de Naciones Unidas sostiene que esas modificaciones todavía no representan el desmantelamiento de las estructuras que durante años han sido señaladas por graves violaciones.
La Misión reconoce algunos avances registrados durante el período reciente, pero considera que todavía son insuficientes para garantizar que las prácticas documentadas en investigaciones anteriores no puedan repetirse. De allí que el organismo utilice el término “mejoras limitadas” al evaluar la situación actual del país.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
A lo largo de su mandato, la Misión ha documentado casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras formas de persecución. Sus investigaciones también han analizado la actuación de distintos organismos de seguridad y las cadenas de responsabilidad asociadas a algunas de estas prácticas.
El nuevo pronunciamiento surge ahora que Venezuela atraviesa cambios políticos e institucionales y se discuten garantías sobre la nueva etapa que vive el país. En ese contexto, la evaluación de Naciones Unidas plantea una diferencia entre los cambios políticos registrados y las reformas estructurales que considera necesarias para garantizar que las violaciones documentadas durante los últimos años no vuelvan a repetirse.
Uno de los tópicos que continúa bajo observación es la situación de las personas detenidas por razones políticas. Las excarcelaciones registradas durante los últimos meses han supuesto cambios para numerosos detenidos y sus familias, mientras organizaciones venezolanas de derechos humanos han insistido en diferenciar la salida de prisión de la libertad plena cuando permanecen procesos judiciales, restricciones u otras medidas.
La situación de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil también forma parte de las preocupaciones que durante los últimos años han sido documentadas por mecanismos internacionales. Las garantías para ejercer su trabajo sin amenazas, detenciones o represalias constituyen uno de los elementos utilizados para evaluar la evolución de las libertades fundamentales en el país.
La Misión considera que los cambios políticos deben estar acompañados por transformaciones institucionales que permitan prevenir nuevas violaciones, garantizar investigaciones independientes y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Organizaciones de la sociedad civil venezolana también han señalado que cualquier proceso de transformación institucional debe incorporar garantías para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y la actuación de defensores de derechos humanos, además de mecanismos de justicia y rendición de cuentas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país y contribuir a determinar responsabilidades vinculadas con esos hechos. Desde entonces ha presentado informes periódicos ante el Consejo de Derechos Humanos en los que ha documentado patrones de violaciones y ha formulado recomendaciones dirigidas a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional.
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