Representantes de medios de comunicación venezolanos presentaron ante la Comisión de Transición una propuesta con cinco medidas que consideran urgentes para garantizar la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
El documento fue entregado durante una mesa de trabajo encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, junto a los diputados Marianela Fernández, Alfonso Marquina, Marco Aurelio Quiñónez, Juan Miguel Matheus y Julio César Moreno, además del secretario Marco Bozo.
En representación del sector informativo participaron periodistas y directivos de medios nacionales y regionales, entre ellos La Patilla, Monitoreamos, El Nacional, VPItv, El Diario, El Impulso, La Nación, El Carabobeño, Correo del Caroní, La Mañana, El Tiempo de Anzoátegui y Diario de Los Andes, además de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Cinco medidas para la libertad de expresión
La propuesta plantea, en primer lugar, el levantamiento de los bloqueos a portales informativos y que las restricciones de acceso puedan ser verificadas mediante mediciones técnicas independientes.
También solicita la aplicación uniforme de la Ley de Amnistía en los casos que involucren a periodistas, incluyendo el cierre de causas judiciales, el levantamiento de medidas cautelares y la excarcelación de quienes permanezcan privados de libertad bajo los supuestos contemplados por esa legislación.
Un tercer punto propone modificar el marco legal que regula a los medios y eliminar disposiciones punitivas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y otras normas que, según los representantes del sector, han permitido bloqueos y sanciones.
El documento reclama además reglas claras y públicas para las concesiones de radio y televisión, así como límites al uso de cadenas oficiales.
La quinta medida está dirigida a establecer mayor transparencia en las fiscalizaciones y en la distribución de publicidad estatal, revisar clausuras y garantizar condiciones para el acceso a insumos necesarios para los medios impresos.
VPItv presenta su caso ante la Comisión
Durante el encuentro, Leonardo Trechi, presidente y socio de VPItv, presentó el caso del medio, sobre el cual continúa abierto un procedimiento administrativo sancionatorio por una presunta infracción del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Trechi recordó que dentro del procedimiento también fue invocada la denominada Ley Constitucional contra el Odio y señaló el caso como un ejemplo de los instrumentos legales y administrativos que han afectado el ejercicio del periodismo y el acceso a información independiente.
El directivo sostuvo que la libertad de expresión debe formar parte de las bases de cualquier proceso de transformación institucional y que las garantías para periodistas y ciudadanos no deberían depender de quién ejerza el poder.
Periodistas relatan años de presión y persecución
Rory Branker, director de La Patilla y expreso político liberado en febrero, describió la reunión como un “encuentro honesto entre perseguidos”. “Fue un encuentro honesto entre perseguidos. La clave de entendimiento verdadera fue que tanto los diputados como los periodistas hemos sido perseguidos, presionados y acosados por el mismo terrorismo de Estado”, afirmó.
Gabriel Bastidas, director de Monitoreamos, señaló que la posibilidad de que los venezolanos puedan expresarse libremente constituye un elemento fundamental para el restablecimiento de la democracia.
Rubén Ramsés Martínez, gerente de operaciones de El Diario, destacó por su parte que la libertad de prensa debe convertirse en una garantía institucional permanente y no depender de circunstancias políticas o de quién gobierne.
La entrega del documento incorpora así la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo entre los asuntos planteados ante la Comisión de Transición, con medidas específicas dirigidas no solo a eliminar restricciones existentes, sino también a impedir que puedan repetirse mediante mecanismos legales, administrativos o económicos.
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