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América Latina

Maduro invoca a "la furia bolivariana"; temen cruzada contra la oposición con vista a las presidenciales

Maduro durante su programa de televisión el 22 de enero de 2024. Las autoridades arrestaron a 32 civiles y soldados por presunta "conspiración" para asesinar al presidente Nicolás Maduro, afirmó el lunes la fiscalía. (Foto Zurimar Campos / Presidencia de Venezuela / AFP) /
Maduro durante su programa de televisión el 22 de enero de 2024. Las autoridades arrestaron a 32 civiles y soldados por presunta "conspiración" para asesinar al presidente Nicolás Maduro, afirmó el lunes la fiscalía. (Foto Zurimar Campos / Presidencia de Venezuela / AFP) /

Expertos en derechos humanos prevén una nueva ola de detenciones arbitrarias y persecuciones a la disidencia en Venezuela. Comparan la “invocación” con otros planes represivos. Ya hay nuevas detenciones por un presunto plan conspirativo, según el chavismo.

El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado a sus cuadros políticos, sociales y sindicales reaccionar ante un presunto plan golpista con la llamada “furia bolivariana”, un plan del chavismo que los expertos en derechos humanos asocian con persecuciones, detenciones arbitrarias y control social, en pleno inicio de un año electoral.

Días después de denunciar ante la Asamblea Nacional el desmantelamiento de hasta cuatro planes golpistas en su contra en 2023, Maduro llamó a la “máxima vigilancia” del alto mando militar para defender “la estabilidad” del país.

Prometió que los presuntos golpistas se enfrentarían a lo que llamó “la furia bolivariana de un pueblo que sabrá defender su democracia, su Constitución”.

Maduro usó ese término por primera vez en 2020 para referirse a medidas “drásticas, audaces y valientes” de su gobierno durante el primer año de la pandemia de COVID-19, entre las que mencionó el confinamiento forzado de pacientes positivos.

Entonces, especialistas en derechos humanos lo señalaron de copiar el modelo autoritario chino para ejercer control social y político, en momentos en el que, además, sus opositores denunciaban su usurpación del cargo de la presidencia.

Cuatro años después, Maduro vuelve a invocar “la furia bolivariana” como estrategia para defender al chavismo de lo que ha calificado como “un plan conspirativo”.

Plantea que civiles y militares habrían planificado en Colombia y Estados Unidos que un grupo de mercenarios” concretaran un “asalto” contra el gobernador del estado fronterizo de Táchira, Freddy Bernal, la madrugada del 1 de enero.

Luego, de acuerdo con su versión, ese grupo iría “en caravana” hasta Caracas para tratar de derrocarlo. El fiscal general y ex gobernador del chavismo, Tarek William Saab, anunció el lunes su solicitud de arrestos contra 14 personas por ese plan.

“Plan furia bolivariana frente al golpismo”, dijo Maduro a sindicalistas de la industria petrolera la semana pasada, durante una conversación telefónica con ellos que fue televisada. Les ordenó mantener “la guardia arriba” ante esas presuntas intentonas.

Sedes de varios partidos de oposición, como el de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, vandalizados con grafitis durante la madrugada del martes 23 de enero.
Sedes de varios partidos de oposición, como el de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, vandalizados con grafitis durante la madrugada del martes 23 de enero.

Política estatal de persecución

Marino Alvarado, activista de derechos humanos y directivo de la ONG venezolana Provea, dijo comprender el anuncio presidencial sobre la “furia bolivariana” como la “continuidad” de una política estatal de “persecución” contra la disidencia.

Alvarado comentó a la Voz de América que esa estrategia “abarca detenciones; perseguir para obligar al exilio a líderes políticos y sociales, e intimidar. Se trata de meterle miedo a la gente” para que no forme parte de ningún voluntariado de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.

Carlos Lusverti, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la “furia bolivariana” provocó hace cuatro años amedrentamientos, “cuarentenas forzadas” y criminalización de contagiados de COVID-19.

Este año, dijo a la VOA, Maduro desempolva el término para sugerir “medidas de acoso” e “intentos de intimidación” contra protestas sociales, especialmente las emprendidas para demandar al gobierno mejores salarios y pagos de pensiones.

“La complejidad es definir si efectivamente tiene la forma de un plan o protocolo establecido para generar determinado tipo de acciones. Los comentarios de Maduro hacen suponer que sí, pero formalmente no se ha verbalizado como tal”, dijo.

Lusverti dijo interpretar las menciones a la “furia bolivariana” como “una invocación” a futuras acciones del Estado frente a expresiones de disidencia en su contra.

“Es un término interno de ellos”, dijo, y señaló que el chavismo activó los planes Guaicaipuro y Zamora para defender la continuidad del gobierno frente a las protestas de miles de manifestantes que exigían cambios en el poder, en 2014 y 2017.

“Estaríamos en una situación muy preocupante. Esos planes fueron utilizados para reprimir a la disidencia, perseguir, el uso excesivo de la fuerza, el uso de tribunales militares” para condenar penalmente a manifestantes y opositores, apuntó Lusverti.

Esas estrategias del Estado se tradujeron en "detenciones arbitrarias, muertes de decenas de personas, denuncias de torturas y tratos crueles" en el país, destacó.

Alvarado, por su parte, coincidió en que la “furia bolivariana” de este año buscaría “frenar la protesta social” en un momento donde, a su entender, el gobierno “no tiene ninguna voluntad” de mejorar salarios y pensiones o discutir convenciones colectivas.

Según el experto en derechos humanos, otro resultado sería que el gobierno de Maduro sume nuevos presos políticos para negociarlos como “fichas” de canje.

"Es un gobierno que aumenta el número de presos políticos para después negociar en Barbados. Es la política de la puerta giratoria” en los centros de detención, una tesis según la cual el Estado libera a algunos presos para detener a otros, aseguró Alvarado.

El fiscal Saab confirmó el arresto la semana pasada de Víctor Venegas, un profesor y sindicalista de 57 años, por presuntamente “estar involucrado en actividades contra la paz de la república” y querer convertir al estado de Barinas en epicentro de violencia.

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos concretaron en diciembre un canje de detenidos en el marco de esas conversaciones directas, que incluyó al empresario colombiano Alex Saab y un grupo de estadounidenses encarcelados.

Los arrestos recientes son "una jugada política que demuestra la mala fe con que el gobierno está debatiendo en la mesa de negociación”, valoró Alvarado, por su lado.

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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito

La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024
La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

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