Cuba
Médicos cubanos en Latinoamérica: ¿solidaridad o intromisión?
La acelerada salida en la última semana de los profesionales cubanos -la mayoría médicos- que prestaban servicios en Ecuador y Bolivia golpea no solo las finanzas de Cuba sino su imagen exterior, en medio de acusaciones de intentar desestabilizar esas dos naciones.
La prestación remunerada de servicios profesionales a terceros países, especialmente en Medicina y Educación, es una de las principales fuentes de divisas del Gobierno cubano, que denomina esta actividad "colaboración internacional".
En las dos últimas décadas, con el ascenso de Gobiernos de izquierda en buena parte de Latinoamérica, Cuba firmó con sus nuevos aliados bolivarianos importantes convenios de este tipo que supusieron la llegada de miles sus médicos, maestros y otros profesionales a países como Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia.
Estos médicos atienden por lo general a población de zonas rurales alejadas y comunidades desfavorecidas, núcleos a los que los países les cuesta dar cobertura sanitaria. Los últimos datos oficiales disponibles (2017) cifraban los ingresos de Cuba por servicios profesionales en 9.628 millones de dólares.
Pero la nueva oleada de victorias conservadoras o los conflictos políticos y sociales surgidos en los últimos meses han hecho tambalearse esos acuerdos, también en la mira de Estados Unidos dentro de su estrategia de asfixiar económicamente a La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.
Además de ser un nuevo golpe financiero en medio de la crisis de divisas que afecta a la isla, la campañas de desprestigio que el Gobierno de la isla atribuye a la derecha y a EEUU apuntan a dañar uno de los pilares de la política exterior de Cuba, que el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países.
Más de 700 especialistas del país caribeño dejaron Bolivia en la última semana para garantizar su seguridad en medio de los graves disturbios que vive el país tras la renuncia al poder de Evo Morales, ahora asilado en México.
El retorno de los cubanos lo precipitó la detención de cuatro de ellos acusados de presuntamente financiar y alentar las violentas protestas a favor de Morales -gran aliado de Cuba desde que llegó al poder-, algo que el Gobierno de la isla ha negado tajantemente.
El Ejecutivo interino de Jeanine Áñez también instó a Cuba a retirar a sus colaboradores en el país andino a la vez que rompía relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, en un claro distanciamiento de los aliados bolivarianos de la época anterior.
Ecuador y Brasil
Lo ocurrido en Bolivia, donde según datos oficiales los médicos realizaron un millón y medio de intervenciones quirúrgicas y más de 73 millones de consultas, ha coincidido con la salida de Ecuador de otros 400 doctores cubanos que prestaban servicios allí en programas que se remontan a 2013, cuando gobernaba Rafael Correa.
El Gobierno de Lenín Moreno, distanciado desde su llegada de las políticas y alianzas de Correa, alegó razones económicas para cancelar los seis acuerdos que existían entre los ministerios de Salud de ambos países.
En total, pasaron por ese país 3.565 profesionales cubanos, se realizaron 212.360 operaciones, asistieron 3.548 partos y se suministraron unas 100.000 vacunas.
Pero en el trasfondo de la ruptura del acuerdo hay también acusaciones de medios ecuatorianos que involucran a profesionales cubanos en las fuertes protestas que sacudieron el país este año por la decisión gubernamental -después revertida- de retirar los subsidios al combustible.
Según esos medios, durante los disturbios de principios de octubre supuestamente se registró un flujo inusual de extranjeros al país con pasaporte oficial de Cuba, un extremo que el Gobierno cubano, como en el caso de Bolivia, también ha rechazado.
La salida de los profesionales cubanos de los dos países andinos se suma a lo sucedido el año pasado en Brasil, hasta entonces uno de los principales clientes de la colaboración médica de la isla.
Cuba retiró a sus más de 8.000 médicos en Brasil a finales del 2018 ante las amenazas del entonces presidente electo Jair Bolsonaro de cancelar el programa "Más Médicos" si La Habana no aceptaba unas nuevas condiciones, entre ellas que los doctores cobraran su salario íntegro.
Polémicas condiciones
Y es que las condiciones en que los médicos cubanos trabajan en otros países es otro de los ángulos de la polémica que rodea a estas misiones.
Las naciones que contratan estos servicios pagan directamente al Estado cubano, que se embolsa en torno al 70 % de los salarios y abona el porcentaje restante a sus trabajadores, quienes además viajan al exterior sin su familia, aunque el Gobierno de La Habana subraya que todo el personal que sale de misión lo hace voluntariamente.
Los detractores de estos programas critican el alto porcentaje del salario que va a las arcas estatales y sostienen que mantener a los familiares en la isla es una manera de evitar que el personal expatriado deserte.
Estos argumentos sustentan un nuevo flanco de ataque para EEUU, que mantiene últimamente una activa campaña de denuncia contra las misiones profesionales cubanas como parte de la nueva política hacia Cuba de la Administración de Donald Trump, que ha revertido el "deshielo" de la época Obama.
Washington justifica su renovada hostilidad hacia La Habana en el apoyo de Cuba a Nicolás Maduro en Venezuela, donde precisamente se mantiene otra de las principales misiones profesionales cubanas, con unos 20.000 integrantes entre médicos, maestros y otros especialistas.
Para Estados Unidos, los cubanos que trabajan en Venezuela son agentes de inteligencia que apuntalan al chavismo, mientras que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel refuta esa acusación e insiste en que se trata de colaboradores que prestan una misión solidaria.
La contraprestación que Cuba recibe por esos profesionales es el envío de petróleo venezolano a precios subsidiados, todo ello plasmado en un convenio bilateral firmado en 2000 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, ambos ya fallecidos.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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