El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes al menos 344 acciones represivas en Cuba durante septiembre y advirtió sobre el avance de procesos judiciales contra ciudadanos que han expresado críticas en redes sociales, mientras las autoridades descartan discutir asuntos políticos internos en las conversaciones con Estados Unidos.
El informe, divulgado el 6 de octubre, contabiliza 17 detenciones arbitrarias y 327 acciones correspondientes a otros abusos, entre ellos amenazas, citaciones policiales, multas y restricciones para salir de las viviendas.
“Estamos siendo claros, la represión se mantiene”, afirmó a Martí Noticias Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
“Hemos documentado al menos 344 acciones represivas durante septiembre, muchas de ellas o la mayoría en contra de la libertad de expresión, libertad de manifestación y otros derechos humanos”, señaló.
Cires consideró que la negativa del régimen a abordar cuestiones políticas en el diálogo con Washington implica preservar las normas y las prácticas que permiten castigar el ejercicio de derechos fundamentales.
En sus declaraciones a Martí Noticias, advirtió que, en medio de su impopularidad y su incapacidad para resolver los problemas de la población, “el régimen puede seguir imponiendo la ley del silencio”.
El directivo vinculó esa advertencia con los procesos contra el creador digital Eduardo “Eddy” Ceballos y los integrantes del proyecto audiovisual independiente El 4tico, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina: “Personas que lo que han hecho es ejercer su libertad de expresión”.
Según el informe, Ceballos, responsable del canal satírico Despingovery Channel, permanece en prisión provisional en el Combinado del Este bajo una acusación de presunto espionaje. Fue detenido el 1 de junio en La Habana y en septiembre superó los cien días encarcelado sin fecha de juicio.
El OCDH señaló que el Tribunal Militar rechazó tanto la solicitud de una audiencia de control judicial como la petición de modificar la medida cautelar.
En el caso de El 4tico, la Fiscalía Provincial de Holguín solicita diez años de prisión para Zayas Pérez y ocho para Medina por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.
Ambos fueron detenidos el 6 de febrero y procesados por contenidos difundidos en redes sociales. Según la organización, el Tribunal Provincial de Holguín dispuso la apertura a juicio oral mediante un auto fechado el 28 de septiembre.
Las detenciones arbitrarias documentadas durante el mes se concentraron principalmente en La Habana, aunque también hubo casos en Holguín, Camagüey y Matanzas. Entre los afectados figuran periodistas, activistas, opositores y ciudadanos sin afiliación política conocida.
El informe recoge la detención del periodista independiente Henry Constantin, arrestado el 16 de septiembre y posteriormente sometido a prisión preventiva, y la de la profesora Alina Bárbara López Hernández, cuando salió de su vivienda para manifestarse pacíficamente y reclamar la libertad de los presos políticos.
También incluye denuncias de golpes, amenazas, interrogatorios y decomisos. Roberto Ponce Valdespino denunció haber sido golpeado durante su arresto tras participar en una protesta por los apagones y la falta de agua.
El Observatorio registró, además, 151 casos de personas sitiadas o vigiladas en sus viviendas. Parte de estos operativos estuvo dirigida contra integrantes de las Damas de Blanco para impedirles asistir a misa, según las denuncias recogidas.
El 18 de septiembre, periodistas y activistas reportaron cercos policiales y amenazas para impedir su asistencia al encuentro “Noches americanas”, organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Entre los afectados estuvieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta y Óscar Elías Biscet.
Dentro de las prisiones, el OCDH documentó al menos 46 casos de abusos contra presos políticos, entre ellos falta de atención médica, alimentación insuficiente, aislamiento, agresiones y represalias.
El informe destaca el caso de Jorge Bello Domínguez, quien llevaba más de un año esperando una cirugía, y el de Yoan Arévalo, cuya madre denunció que vomitaba y defecaba sangre sin recibir atención médica adecuada.
La organización también reportó ocho sentencias contra presos políticos en Las Tunas por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Guillermo Carralero López recibió una condena de ocho años de prisión y los otros siete acusados, de siete años cada uno.
“Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente”, afirmó Cires en el comunicado del OCDH.
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