El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las restricciones a las visitas familiares del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, recluido en la prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus, después de que sus familiares recorrieran al menos 350 kilómetros y esperaran durante horas sin poder verlo.
En declaraciones a Martí Noticias, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH, calificó la prohibición de “ilegal e injusta” y anunció que la organización llevará el caso ante otras instituciones internacionales.
“Las visitas son un derecho según todas las normas internacionales de los reclusos y no puede utilizarse la prohibición de estas como castigo por las diferentes opiniones políticas”, afirmó.
Aguilar Rivera, de 24 años y con una discapacidad intelectual certificada por médicos, cumple una condena de 12 años de prisión por el delito de sedición, tras participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.
Según una nota de prensa del observatorio, el pasado 28 de agosto su padre, el activista Luis Wilber Aguilar Bravo, denunció que, después de trasladarse desde La Habana hasta la prisión y permanecer durante horas a la espera, las autoridades le comunicaron que la visita no procedería. Le indicaron que debía coordinarla previamente con la Seguridad del Estado, sin ofrecer más detalles.
Cires señaló que la familia recibió la negativa cuando ya se encontraba frente al centro penitenciario y denunció que estas prácticas afectan tanto a los reclusos como a sus allegados.
“Forma parte, hay que decirlo, de la estrategia de actuaciones arbitrarias en contra de los prisioneros políticos y de conciencia y de sus familiares”, sostuvo.
El representante del OCDH cuestionó que estas restricciones se impongan “sin tener en cuenta además la grave situación socioeconómica y del transporte que atraviesa Cuba”.
De acuerdo con el observatorio, obligar a los familiares a asumir gastos y largos desplazamientos para comunicarles finalmente que no podrán ver al recluso añade una carga especialmente gravosa en las actuales condiciones del país.
El OCDH advirtió que la negativa de agosto no fue un hecho aislado, sino que confirma la continuidad de las restricciones al contacto familiar que ha documentado en el caso de Aguilar Rivera.
Su padre, quien denuncia públicamente las condiciones de encarcelamiento de su hijo, también ha reportado operativos policiales y limitaciones para salir de su vivienda.
El pasado 24 de septiembre, Aguilar Bravo denunció que se encontraba nuevamente bajo vigilancia policial y con prohibición de salir de su domicilio en La Habana. El operativo ocurrió seis días después de otro despliegue similar, registrado el 18 de septiembre.
El observatorio vinculó las restricciones a las visitas con un patrón de hostigamiento contra familiares de presos políticos que exigen justicia y denuncian la situación de sus allegados en las cárceles.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Walnier Luis Aguilar Rivera en 2022. Según recordó el OCDH, la Comisión recogió entonces los obstáculos que enfrentaban sus familiares para comunicarse con él en las mismas condiciones que otras personas privadas de libertad.
En 2025, el organismo también concedió medidas cautelares a Luis Wilber Aguilar Bravo y a su núcleo familiar, tras documentar denuncias de vigilancia, detenciones, amenazas y restricciones vinculadas con sus actividades de protesta y denuncia.
De acuerdo con el observatorio, la CIDH solicitó al Estado cubano garantizar que Aguilar Bravo pudiera desarrollar sus actividades de defensa de los derechos humanos sin amenazas, hostigamiento ni violencia.
Pese a estas medidas de protección, la familia ha continuado denunciando citaciones, interrogatorios y restricciones de movilidad.
En su comunicado, el OCDH señaló que la Ley de Ejecución Penal cubana reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a recibir visitas familiares. Añadió que cualquier limitación debe tener fundamento legal, responder a una causa objetiva y ser decidida por la autoridad penitenciaria competente mediante el procedimiento establecido.
La organización indicó que, cuando una medida disciplinaria afecta la visita familiar, el reglamento dispone la notificación previa al recluso y la comunicación al familiar, además de mecanismos para reclamar contra la sanción.
Por ello, cuestionó que las autoridades invocaran una supuesta coordinación con la Seguridad del Estado para impedir el contacto cuando la familia ya había recorrido cientos de kilómetros.
“La Seguridad del Estado no puede convertir las visitas penitenciarias en un instrumento de control político sobre el preso y sus familiares”, afirmó el observatorio en su nota de prensa.
El OCDH exigió al Ministerio del Interior garantizar las visitas y comunicaciones familiares de Aguilar Rivera, poner fin a las restricciones arbitrarias y abstenerse de utilizar las condiciones de reclusión y los vínculos familiares como instrumentos de presión o castigo por las denuncias públicas del preso y de su padre.
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