El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) emitió este lunes un llamado a la comunidad mundial y a los gobiernos democráticos para que pongan el foco sobre la riesgosa situación que atraviesan los reporteros Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, víctimas de una persecución que ya ha alcanzado a su entorno familiar más íntimo.
De acuerdo con un expediente pormenorizado que abarca desde abril de 2025 hasta inicios de septiembre de 2026, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) consiguió certificar 22 incidentes de hostigamiento institucional contra el matrimonio.
La lista de abusos describe un escenario de asedio total: arrestos sin orden judicial, vigilancia en su casa del barrio de Jaimanitas, en el municipio habanero Playa, cortes arbitrarios de internet, decomiso de equipos de trabajo, interrogatorios hostiles y el desplazamiento forzoso fuera de la capital cubana.
La denuncia adquiere un tinte más oscuro tras los eventos de los pasados 3 y 4 de septiembre, cuando, en una maniobra de intimidación psicológica, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en la Universidad de La Habana para indagar sobre el estatus académico de Beily Mariam Correa, hija de los comunicadores.
Apenas 24 horas después, la policía notificó a Yunia Figueredo que queda sujeta a una medida de control obligatorio, por la que debe acudir los días 10 de cada mes a la unidad policial para reportarse debido a una investigación penal que se le lleva a cabo por “promover e informar sobre manifestaciones populares”.
Durante el intercambio, las autoridades no solo les exigieron romper lazos con la Embajada de Estados Unidos, sino que lanzaron una advertencia explícita para que la reportera "pensara en el bienestar de sus hijas".
“Presentamos este comunicado porque la represión contra los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa ha escalado en dos direcciones muy concretas y ambas exigen denuncia inmediata”, dijo a Martí Noticias Arailaisy Rosabal, investigadora principal del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, que pertenece al ICLEP.
“La primera, es la restricción de movimiento impuesto a Yunia y la obligación de presentarse los días 10 de cada mes ante las autoridades policiales. Eso no es un trámite administrativo, es una manera de control permanente sobre la libertad de una periodista”, precisó la especialista.
“La segunda razón es que la represión ya no se detiene sobre el matrimonio, la Seguridad del Estado ha lanzado advertencias contra la hija mayor de Yunia y Frank, Beily Marian Correa. Eso es represión vicaria, o sea, castigar a quien no ejerce el periodismo para quebrar a quien sí lo hace”, recalcó Rosabal.
ICLEP considera que estas acciones demuestran un cambio de estrategia oficial, donde el castigo ya no se limita al profesional de la información, sino que utiliza el futuro de los hijos como moneda de cambio y herramienta de chantaje político.
Figueredo y Correa se han convertido en voces incómodas para el régimen cubano debido a su cobertura comunitaria desde Jaimanitas. A través de sus crónicas y reportajes, han documentado de primera mano la crisis energética, los apagones crónicos, la falta de recolección de basura y, sobre todo, el descontento social que estas privaciones provocan en la ciudadanía.
La organización concluye que, ante la falta de garantías legales dentro de Cuba, la denuncia pública internacional se ha convertido en el único escudo protector real para evitar que el aparato estatal ejecute medidas de encarcelamiento o represalias mayores.
Foro