Martí Noticias presenta este sábado el documental “La Tumba: muertos en vida”, una investigación conducida por la periodista Laura Artal que profundiza en las denuncias sobre tortura y represión contra presos políticos en Venezuela.
La producción recoge testimonios de sobrevivientes, familiares y especialistas que describen el funcionamiento de estructuras señaladas por organizaciones de derechos humanos.
El trabajo se centra en “La Tumba”, un recinto subterráneo ubicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, donde ex detenidos aseguran haber permanecido bajo aislamiento extremo, vigilancia constante, bajas temperaturas y presión psicológica continua.
Según los relatos incluidos en el documental, las condiciones buscan debilitar emocionalmente a los presos y someterlos mentalmente.
La investigación expone además cómo muchos detenidos permanecen incomunicados durante días o semanas, mientras sus familiares desconocen su ubicación o situación legal. De acuerdo con expertos consultados, la incertidumbre y el miedo también forman parte del mecanismo de presión utilizado contra el entorno de los presos políticos.
Entre los testimonios incluidos destacan los de ex presos políticos que describen amenazas, desorientación y un deterioro psicológico progresivo dentro de estos centros de reclusión. El documental expone cómo el objetivo no sería únicamente encarcelar, sino convertir a los detenidos en herramientas de presión y control político.
La producción también aborda el caso del concejal Fernando Albán, fallecido bajo custodia del SEBIN en 2018, cuya muerte continúa rodeada de cuestionamientos y denuncias sobre posibles irregularidades.
Además, incluye análisis de figuras como Alfredo Romero, Iván Simonovis, Casto Ocando, Leonardo Padrón y Luis Almagro sobre el impacto del sistema represivo venezolano y las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.
El documental recoge además denuncias sobre tortura psicológica, persecución política y centros de reclusión clandestinos vigentes en Venezuela, mientras organizaciones de derechos humanos siguen reclamando investigaciones independientes y justicia para las víctimas.
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