América Latina
La prensa venezolana vivió semana de ataques: “Ver cómo se desmorona es difícil”
El cierre temporal de un canal digital, otra clausura por unos días de un diario en el interior del país y ataques a un portal web hicieron que la prensa venezolana, en vez de comunicarlas, pasaran a ser parte de las noticias la primera semana del año.
“Nunca, creo, que pensamos que la situación iba a tener las dimisiones que cobró”, afirmó a la Voz de América Antonieta La Rocca, reportera y ancla de VPI.
El canal digital de noticias en vivo con corresponsalía en Venezuela Venezolanos por la Información (VPI) recibió el viernes (8 de enero) una visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ambos órganos del gobierno en disputa.
El operativo resultó en “la incautación de la totalidad de los equipos, clausura del estudio y la oficina de redacción”, explica en un comunicado el medio, con sede principal en EE. UU. y quien por cinco años transmitió lo que ocurría en la nación suramericana y el mundo.
Esto, agregan en el texto publicado el domingo (10 de enero), “nos obliga momentáneamente a un cese de nuestras operaciones en la ciudad de Caracas y en toda Venezuela”.
La Rocca tenía un recientemente estrenado programa matutino de actualidad llamado ‘Buenos días’, donde, según ella misma explica, se ponía en contexto lo que sucede en Venezuela y el mundo, con entrevistas de profundidad.
“Luego del programa, a eso de las 12.30 p.m. más o menos, recibimos una llamada advirtiéndonos que una comisión del Seniat había llegado a la sede de los Dos Caminos, donde anteriormente funcionaban nuestros estudios”, explicó la periodista.
Dos horas después, a las 2:55 p.m., la comisión llega a la segunda sede donde estaban La Rocca y el equipo, donde no tenían ni un mes.
“Era un ambiente desconcertante, porque no entendíamos qué estaba pasando. (Los funcionarios) empezaron hacer preguntas de cómo funcionamos, cómo salíamos en vivo”, comentó la reportera.
En el medio del operativo, La Roca recuerda que escuchó el momento cuando una de las funcionarias dijo: Empiecen a cargar con todo.
“Cuando se llevaban los equipos yo no pensaba en lo material. Para mí que se llevaran un equipo de transmisión, una cámara, un micrófono, una computadora, era sinónimo de perder información periodística muy valiosa. Que se llevaran los micrófonos que le ponemos a la gente más vulnerable en la calle”, explicó la periodista.
El canal comenta en su comunicado que están indagando las razones de la incautación de sus equipos y que adelantan “gestiones dirigidas a recuperar nuestros implementos básicos de trabajo que son fundamentales para la reanudación de las operaciones en Venezuela”.
“Yo no siento que perdí el estudio de Buenos Días y el estatus que te puede dar, digamos, ser presentadora de un espacio televisivo. Siento que perdí la calle. Siento que esa señora que no tienen alimentar a su chamo, pues, perdió un micrófono. Perdió un espacio de denuncia. Nosotros perdimos una ventana informativa importante”, para la audiencia nacional e internacional, lamentó La Roca.
Es un momento difícil
Lorena Bornacelly, corresponsal del fronterizo estado Táchira de VPI, comenta a la VOA que ese viernes, después de realizar sus labores del día, tuvo un aviso inicial de lo que pasaba, pero no fue sino hasta entrada la noche que tuvo certeza de lo que había ocurrido.
“Se trata de un trabajo con el que he estado por tres años y medio. Un canal que he visto crecer. Yo fui la primera corresponsal que tuvo VPI, a nivel nacional (…) Siento que me ha acompañado cada pequeño logro, cada pequeño paso, cada momento de crecimiento. Entonces, ver como de un día para otro se desmorona es difícil. Hacerlo a la distancia también lo hace más difícil”, expuso Bornacelly.
La comunicadora social señaló que por encima de los equipos, estaba la preocupación su compañeros en Caracas.
“Es un momento difícil porque era mi decisión, siento que eso es lo que más me entristece y me molesta de todo. Simplemente decidieron que ya VPI no podía seguir trabajando en Venezuela”, comentó Bornacelly.
La Roca y Bornacelly concuerdan en señalar que si bien, en el caso de una cuenta con su apoyo de familiares y la otra con otro trabajo, compañeros de ellas que dependían de este ingreso o vivieron otros cierres, como el de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, se preguntan: ¿Y ahora qué?
Censura digital
El Seniat también clausuró por cinco días la sede del diario Panorama por presunto incumplimiento de sus “deberes formales de las leyes tributarias”. La medida, también notificada la tarde del viernes pasado, estará vigente hasta el martes 12 de enero.
El periódico, con sede en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, había dejado de circular en mayo de 2019 alegando insuficiencia de materia prima para imprimir sus ediciones impresas. Permanece activo solo en su versión digital.
El medio rechazó su clausura temporal al recordar en un comunicado que el “deber de informar” está exento de ese tipo de sanciones hasta en casos de excepción o de suspensión de garantías constitucionales.
“Esta casa editorial se mantiene firme en su compromiso de honrar el derecho de informar que conlleva a otro derecho inalienable, el de la ciudadanía de estar informada”, manifestó el diario, que, dijo además, seguiría siendo “una ventana para todas las corrientes de pensamiento político, sin sesgos ideológicos”.
El diario digital venezolano Tal Cual, fundado por el periodista y político de izquierda Teodoro Petkoff, un notorio crítico del chavismo, hoy fallecido, sufrió “ataques” a su página a las 2:33 de la tarde del viernes pasado, justo cuando se conocía de los procedimientos administrativos en VPI TV y Panorama.
Víctor Amaya, su editor jefe, contó a VOA Noticias que los ataques afectaron el funcionamiento regular del periódico durante cuatro horas.
“Comenzó teniendo una inusual cantidad de solicitudes al servidor de la página, lo que se llama un ataque de DDOS, de denegación de servicio, que busca estresar al servidor para que el portal finalmente se caiga”, detalló.
Para Amaya, el ataque convirtió a Tal Cual en “una foto vieja”, que no podía actualizarse durante horas. “Las notas ya estaban disponibles para leer, aunque no podíamos actualizar. Es un ataque a la libertad de expresión. Pareciera no ser casual, pues ocurrió al mismo momento en que ocurrían otros eventos similares en consecuencia, aunque no en metodología”, indicó.
Un año “complicado"
Espacio Público, una asociación civil sin fines de lucro que defiende los derechos de la libertad de expresión y prensa en Venezuela, observa que los “ataques” del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se han centrado en los últimos tiempos en medios que evolucionaron hacia plataformas digitales.
Carlos Correa, su director, estima que la censura oficial se enfoca en medios independientes que ofrecen información distinta a “la campaña de propaganda” que favorece al chavismo desde distintas vías de comunicación.
“Enero nunca ha sido un mes necesariamente plácido para la prensa en Venezuela. Observamos la continuidad o reafirmación de un patrón que básicamente ataca a plataformas digitales. Ahí es donde están los espacios de libertad” en el país, expone el vocero en entrevista con la VOA.
Según Espacio Público, 221 medios de comunicación han cerrado en Venezuela entre 2004 y 2018 por algún tipo de censura oficial: 138 emisoras de radio; 13 canales de televisión; y 70 periódicos que ya no circulan de manera impresa.
VPI advierte que el proceso sancionatorio en su contra pone en riesgo “el sustento de más de cien venezolanos”
“Así como llevamos años teniendo un periodismo muy complicado, muy difícil, el año 2021 nos deja ver que no va ser la diferencia. Esto que sucedió solamente nos hace reflexionar la indefensión en la que estamos”, vaticina Bornacelly sobre el año que apenas comienza.
Por su parte, La Roca asegura que el precedente que marca el cierre de VPI es “negro” y "oscuro" y habla de cómo va ser el año 2021 para la prensa venezolana. Sin embargo, no duda en señalar que pronto “nos seguirán escuchando”.
“Aunque ahorita estamos tumbados, nos sentimos derrotados, va llegar al día cuando nos limpiemos las rodillas y avanzaremos porque el país necesita voces que no sean calladas”, apuntó la periodista.
Lucha por los derechos
El gremio periodístico venezolano reaccionó con preocupación y frustración ante las situaciones vividas por VPI, Panorama y Tal Cual. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa consideró que los hechos constituyen una censura oficial y la violación del derecho al trabajo de los empleados de esos medios.
James Story, confirmado a finales del año pasado por el Senado de Estados Unidos como embajador ante el gobierno de Venezuela, condenó la “arremetida” del madurismo a través de la cuenta de su oficina en Twitter.
El diplomático incluyó una crítica al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por iniciar una campaña pública de desprestigio contra la prensa independiente.
“Condenamos enérgicamente la arremetida de Conatel y Seniat contra VPI y Panorama, y los ataques cibernéticos contra el diario Tal Cual, mientras medios comprados por el chavismo emprenden una campaña de desprestigio contra los medios independientes”, escribió Story, quien añadió la etiqueta #InformarNoEsDelito a su breve comunicado.
Su mensaje hizo referencia tácita a medios como Radio Fe y Alegría y Efecto Cocuyo, que han sido acusados por el chavismo en días recientes de recibir fondos del Reino Unido para presuntamente atacar al proyecto político oficial.
El gobierno del Reino Unido respondió a esas acusaciones reivindicando su compromiso con la libertad de expresión como un pilar de la democracia.
“La libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia. Protegerla en todas partes del mundo es una prioridad para el Reino Unido”, apuntó un comunicado de la embajada británica en Caracas.
En el texto menciona que el gobierno británico ha impulsado “diversos proyectos de cooperación con varias organizaciones independientes” para apoyar la mejora de las capacidades de los periodistas venezolanos”.
También, advierte que todo proyecto apoyado por la embajada en la capital venezolana es de conocimiento público y puede consultarse en las páginas web oficiales del gobierno británico.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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