Detrás de los muros del Combinado del Este, la prisión de máxima seguridad más grande de Cuba no solo se cumple condena, se transita un oscuro camino de dependencia y control.
En los últimos años, el incremento desmedido en el tráfico y consumo de estupefacientes en este y otros penales de la isla ha pasado de ser un secreto a voces a convertirse en una denuncia sistemática sostenida por ex prisioneros, familiares y organizaciones de derechos humanos.
El panorama que emerge desde el interior de los pabellones describe una realidad inquietante: la irrupción masiva de drogas sintéticas, popularmente conocidas como "el químico", que devoran la salud de la población penal mientras las autoridades miran hacia otro lado o, según testimonios compilados por Martí Noticias, instrumentan el tráfico como herramienta de sometimiento.
Ángel Castro Carrera, recientemente liberado bajo régimen de libertad condicional, ofrece un desgarrador relato sobre cómo la drogadicción se expande sin freno entre los reos más jóvenes.
“Mucha droga de esta sintética la inyectan los órganos de la Seguridad del Estado; eso lo mandan para ahí para que los jóvenes no se manifiesten, no tengan voluntad de quejarse. Yo veía jóvenes caerse drogados, como uno que le dicen ‘Cachimba’, operado del corazón, que es uno de los tantos drogadictos que hay en el establecimiento penitenciario Combinado del Este”.
Según el testimonio de Castro Carrera, la distribución responde a redes de complicidad estructuradas desde el propio personal operativo de la cárcel.
“Muchos jóvenes están dependientes a la droga sintética porque ‘El Pollo’ tiene el acceso a eso y los mantiene así. ‘El Pollo’ es un preso de muchos años que trabaja con los órganos operativos”.
Al ser consultado sobre si estos reos ingresaron con problemas de adicción, la respuesta de Castro Carrera apunta directamente a la responsabilidad institucional. “Eso no lo sé, pero llevan una pila de años ahí, llevan muchos años; por tanto, se volvieron drogodependientes en la prisión”.
Esta vivencia coincide con la declaración de Alberto Santos, otro recluso recién salido del penal habanero, quien resume en pocas palabras la omnipresencia de las sustancias psicotrópicas.
“Adentro está minado de droga, dicen que al que cojan es un bolón de años que le van a meter por la cabeza, pero aquí afuera también está minado”.
El circuito por el cual penetran los estupefacientes en una cárcel supuestamente blindada por estrictos controles de seguridad plantea severos cuestionamientos. Yuleidy López González, esposa del prisionero político Jorge Bello, confirma la gravedad del fenómeno y la impunidad con la que maniobran los canales de suministro.
“Sí está la existencia de droga en el Combinado. Hace un tiempo se comentó mucho y eso se puso feo: hicieron tremenda requisa y encontraron mucha droga. Parte entra porque la llevan los mismos guardias y algunos inventos que hacen los familiares, que se las ingenian para metérselas para adentro a los hijos u otros familiares”.
De acuerdo con López González, los registros aleatorios a los reos son frecuentes, pero no resuelven la raíz del problema.
“En todas las prisiones está pasando eso. En el Combinado, encontraron hace poco el papelito y pastillas también; frecuentemente se filtraba la entrada de droga en el Combinado, siempre que hacían requisas la encontraban, pero no se investiga cómo entra. Casi siempre pagan los reclusos y sus familiares”.
Las denuncias individuales encuentran respaldo en un análisis del centro de asesoramiento legal Cubalex publicado el año pasado, en el que la organización sacó a la luz un patrón estructural de corrupción e indolencia implantado por las autoridades penitenciarias cubanas.
Cubalex documentó la presencia e interacción de redes internas de tráfico de "el químico" no solo en el Combinado del Este, sino también en otros centros de reclusión de La Habana, como la Prisión 1580, de San Miguel del Padrón; el penal conocido como Ivanov, en El Cotorro y el Correccional con internamiento Ho Chi Minh, en Jaruco, provincia Mayabeque.
De acuerdo con la investigación de Cubalex, las jefaturas de los penales suelen otorgar beneficios a prisioneros seleccionados para mantener el "orden" y la disciplina interna. Como pago o prerrogativa, se les permite involucrarse en el tráfico de drogas a cambio de considerables sumas de dinero, con el que también lucran los guardias y otros miembros del personal penitenciario.
Del mismo modo, tanto la Seguridad del Estado asignada a las prisiones como los directivos penitenciarios reclutan a los reos más desmoralizados para ejecutar acciones de hostigamiento. Entre estas prácticas se incluye la siembra de estupefacientes a presos políticos o a reclusos que denuncian abiertamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro de la prisión.
La combinación de indolencia, corrupción y un presunto uso deliberado de sustancias para neutralizar la protesta social pinta un cuadro alarmante. Entre los muros del Combinado del Este, la droga se ha transformado en una doble condena: destruye la salud física de la juventud encarcelada y anula la voluntad de exigir dignidad y justicia.
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