Una reciente sentencia emitida por el Tribunal Municipal de Mella, en la provincia de Santiago de Cuba, resalta, una vez más, los mecanismos judiciales usados en la isla para penalizar el disenso y someter a la ciudadanía a un control social estricto.
El fallo, que condena a Mileidis Maceo Quiñones a cinco años de privación de libertad, a Edelquis León Giraudy, a cuatro; y a Oneida Quiñones Díaz, a tres de correccional sin internamiento; ratifica los patrones de persecución política que han sido denunciados, históricamente, en el sistema penal cubano, que lo despoja de las garantías mínimas de un debido proceso.
“Yo pienso que la sentencia está muy severa porque en el juicio hubo muchos contratiempos y cosas que se dijeron que no son verdad. Además, los abogados dicen que eso era para un desorden público, no como política. Eso era como para una multa. Ellos dicen que la Seguridad del Estado fue la que quiso hacer eso con un matiz político. Ellas salieron para la calle y miles de gente las siguieron”, relató Elba León, la hermana de Edelquis.
Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024 en el poblado santiaguero de Palmarito de Cauto, cuando cientos de vecinos salieron a las calles a exigir el fin de los largos y continuos cortes de electricidad y la escasez de alimentos.
La protesta derivó en enfrentamientos con las fuerzas policiales. Desde entonces, las activistas permanecieron en prisión preventiva. La Fiscalía solicitó sanciones de hasta 13 años de prisión.
El tribunal fundamenta las condenas bajo los delitos de "desorden público" y "atentado", figuras penales que se utilizan de forma ambigua y desproporcionada para criminalizar derechos fundamentales como la libre expresión y la reunión pacífica.
El texto judicial, al que Martí Noticias tuvo acceso, describe como castigables actos tan primarios como levantar las manos en señal de reclamo y convocar verbalmente a otros miembros de la comunidad a sumarse a las exigencias dirigidas a funcionarios locales.
Del mismo modo, las autoridades fiscales usan valoraciones subjetivas y morales para justificar el rigor de las penas y el tribunal no se limita a evaluar hechos probados, sino que recurre a la descalificación personal, asentando de forma textual que las acusadas poseen "elementos antisociales", "mala conducta social" o que "no realizan ninguna actividad socialmente útil", lo que rompe la presunción de inocencia.
La sentencia decreta para las tres enjuiciadas la prohibición de salida del territorio nacional hasta que cumplan la totalidad de las penas, una restricción migratoria viola flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la vez que reafirma que el sistema judicial cubano continúa empleando el derecho a viajar como una herramienta de castigo y coacción.
Para Oneida Quiñones, el tribunal dispone que el cumplimiento de la limitación de libertad se realice bajo la "supervisión y vigilancia de las organizaciones de masas" del lugar de residencia.
Al delegar funciones de control judicial en entidades dependientes del partido y el gobierno, el sistema judicial demuele el derecho a la privacidad de las condenadas, forzándolas a vivir bajo el escrutinio de sus propios vecinos.
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