América Latina
Borges denuncia división dentro de la fuerza armada venezolana
"Hoy el conflicto es dentro del gobierno. No solamente entre ellos al nivel político sino, más importante, dentro de la fuerza armada venezolana", señaló el opositor acusado por Nicolás Maduro.
Para el exiliado líder opositor acusado por las autoridades de Venezuela de dirigir un plan fallido para asesinar al presidente, Nicolás Maduro, la mayor amenaza para el asediado líder socialista podrían los detractores de uniforme que lo respaldan en silencio.
Julio Borges, quien en su día presidió la Asamblea Nacional controlada por la oposición, dijo el martes que la detención de dos militares de alto rango en relación con un ataque con drones cargados con explosivos plásticos es otra muestra de que las fracturas en el seno de las fuerzas armadas de Venezuela van en aumento.
"Hoy el conflicto es dentro del gobierno. No solamente entre ellos al nivel político sino, más importante, dentro de la fuerza armada venezolana", señaló Borges en una entrevista con The Associated Press en la capital de Colombia, Bogotá.
Sus declaraciones se produjeron horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el arresto del general Alejandro Pérez y del coronel Pedro Zambrano dentro de la investigación sobre el ataque del pasado 4 de agosto. No se ofrecieron detalles sobre sus supuestos papeles en la trama.
Las autoridades dijeron que por el momento han detenido a 14 personas mientras se busca a Borges y a otros presuntos conspiradores. Maduro acusó a Borges de conspirar para entrenar a saboteadores antigubernamentales en Colombia e introducir los drones y explosivos utilizados en el ataque desde el otro lado de la frontera.
Borges, quien huyó a Colombia con su familia tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno este año, dijo que no conocía de antemano la trama.
"Para nada", afirmó desde su sencilla oficina en un anodino edificio en Bogotá.
Casi desde el momento del ataque, la oposición venezolana advirtió que Maduro utilizaría el incidente para intensificar la persecución hacia sus rivales mientras el gobierno trata de calmar el descontento por la grave crisis económica que sufre el país. En la última semana, el número de sospechosos y arrestados casi se duplicó.
Entre los detenidos hay otro legislador de la oposición, Juan Requesens, quien está acusado de traición e intento de homicidio.
Las autoridades distribuyeron un testimonio grabado de Requesens que dicen que muestra la admisión de su implicación en la supuesta trama, aunque el opositor nunca menciona el incidente en sí. En el video se escucha como Requesens dice a los investigadores que ayudó a Borges a pasar a uno de los supuestos cabecillas del complot desde Colombia a Venezuela.
Familiares de Requesens niegan que haya participado plan alguno y señalan que fue encarcelado injustamente por criticar abiertamente al gobierno de Maduro y sus políticas, que para la oposición son las culpables de la severa escasez de alimentos y medicamentos y de una descontrolada hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría alcanzar el millón por ciento a finales de año.
El ataque con los drones se produjo cuando Maduro ofrecía un discurso en una ceremonia militar en Caracas. Las imágenes del acto, que se estaba emitiendo en vivo en la televisora nacional, muestran como Maduro, su esposa y otros funcionarios de alto rango miran de pronto hacia el cielo. El video se centra entonces en cientos de soldados uniformados que abandonan su formación en pánico.
De acuerdo con la versión de las autoridades, dos aeronaves no tripuladas se dirigían al escenario desde el que hablaba el presidente, pero el ejército logró desviar a una de forma electrónica mientras que la otra se estrelló en un edificio de departamentos cercano. Siete soldados resultaron heridos y Maduro salió ileso.
Desde que asumió la presidencia en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha tratado de conservar la lealtad de las fuerzas armadas concediendo bonificaciones desproporcionadas a los soldados y cargos gubernamentales a oficiales destacados. Con la economía venezolana en números rojos y su producción de petróleo cayendo a niveles nunca vistos desde la década de 1940, su respaldo es ahora más importante.
Tanto Maduro como la jerarquía militar rechazan el aumento de la disensión en las fuerzas armadas, pero analistas señalan que el descontento se ha estado gestando entre los soldados rasos, muchos de los cuales necesitan ahora un segundo empleo para mantener a sus familias.
"Maduro enfrenta un divorcio con las fuerzas armadas que se ha manifestado en diferentes rebeliones que han sucedido en los últimos meses", señaló Borges. “Hoy por hoy, para mi hacen que se haya abierto un camino irreversible"
El incidente con el dron no fue el primer ataque contra el gobierno de Maduro. El agente de policía Oscar Pérez robó un helicóptero con el que sobrevoló Caracas en junio de 2017, lanzando granadas al edificio de la Corte Suprema. Él y varios camaradas fallecieron en una balacera con la policía tras meses prófugos. Hace un año, una pequeña banda de hombres armados asaltó una importante base militar.
Según el abogado Alonso Medina Roa, 154 miembros del ejército fueron detenidos en los últimos meses a medida que crece el descontento y la inestabilidad en las fuerzas armadas.
Borges, fundador del partido Primero Justicia, fungió como el principal negociador de la oposición en el fallido diálogo con el gobierno y es uno de los líderes más visibles del sacudido movimiento antigubernamental.
Maduro se refirió a él como el cerebro del ataque con drones y las autoridades venezolanas solicitaron su extradición desde Colombia.
El dirigente acusó a Borges de ser un “asesino” en la televisora estatal. “La vida le dio la oportunidad de hacer política libremente en Venezuela pero se ha convertido en un asesino en Colombia”, agregó.
Borges restó importancia a las palabras del mandatario, que describió como otra acusación infundada de un ejecutivo que afirma con regularidad haber frustrado ataques opositores.
"El miedo es el último recurso que le queda al gobierno", declaró Borges. "Quiere aparecer como si fuera un gobierno fuerte. Y no es".
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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