Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal de La Habana del Este y quien condenó a la influencer Anna Bensi y a su madre, será la jueza en el proceso contra cuatro líderes de la masonería acusados de supuesto tráfico ilegal de divisas, según denunciaron a Martí Noticias el escritor y ex preso político Ángel Santiesteban, uno de los procesados, y la periodista independiente Camila Acosta.
"[El caso] Es directamente de la Seguridad del Estado contra el liderazgo de la masonería en Cuba, no tiene ningún fundamento, es algo inflado, construido", dijo Santiesteban a Martí Noticias. "Es muy evidente lo que están tratando de hacer [...] De hecho la propia Fiscalía mandó para atrás el caso porque no tiene nada, y tuvieron que cambiar el fiscal. Dice el abogado que seríamos nosotros los primeros enjuiciados en Cuba por cambio de dólares, y sin cometer el delito".
Por su parte, la periodista independiente enfatizó que la jueza Marrero Morgado "se hizo conocida desde hace años porque participó en los tribunales que condenaron a los manifestantes del 11 de julio, por delitos como sedición, hasta 30 años de prisión".
El supuesto delito que la Fiscalía del régimen les imputa a los cuatro líderes de la masonería fue tras cambiar un total de 300 dólares destinados a obras de caridad, contaron Santiesteban y Acosta.
"Siempre hemos resaltado que este delito que les están imputando tienen un trasfondo político, sobre todo por la persecución que se ha desatado después de que uno de los imputados, José Ramón Viñas Alonso, como Soberano Gran Comendador, hiciera una carta pública contra Díaz-Canel rechazando esa represión", explicó Acosta, que trabaja desde La Habana para el medio español ABC y para Cubanet.
En sus declaraciones a Martí Noticias, la reportera independiente desmintió la acusación del régimen de un supuesto tráfico ilegal de divisas por parte de los cuatro líderes masones en Cuba y aseguró que todo forma parte de las presiones de la Seguridad del Estado para seguir controlando y metiéndose en los asuntos internos de la masonería.
"Llevan meses en todo este proceso. De hecho, ellos tienen reclusión domiciliaria. Y todo es un montaje porque no hubo cambio ilegal. Después de que hicieron una auditoría minuciosa en el Asilo Nacional Masónico, lo único que pudieron montar fue que cambiaron unos dólares en el mercado informal, que no fue así", aseveró Acosta.
Entre los cuatro líderes de la masonería en la isla, la mayor condena que está pidiendo la Fiscalía es para José Ramón Viñas Alonso: "Lo que piden en el caso de mi esposo Ángel Santiesteban son dos años de limitación de libertad que básicamente es que no puede salir del país, además de otros controles y chantajes, y en el caso de José Ramón Viñas Alonso, es al que más le piden, son cuatro años de limitación de libertad".
En su publicación en redes sociales, Acosta también aseguró que la defensa de los cuatro líderes masones en Cuba apeló por la absolución total del supuesto delito porque demostró que "los fondos se usaron íntegramente para comprar leche en polvo para los ancianos del Asilo Nacional Masónico 'LLansó' y medicamentos de urgencia".
"La designación de esta jueza levanta las alertas sobre la falta de transparencia y de imparcialidad de los tribunales en Cuba", escribió Acosta en Facebook.
La acusación del régimen contra estos cuatro líderes de la masonería en la isla ocurre en medio de que Ángel Santiesteban fuera elegido en septiembre pasado como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, uno de los cargos de mayor jerarquía de la masonería en Cuba.
Santiesteban sustituyó a otro de los imputados por el régimen en este caso, José Ramón Viñas Alonso, quien tenía este cargo desde el año 2015 y ahora ejerce como lugarteniente gran comendador. Alonso fue declarado "soberano gran comendador ad vitam del honor y la dignidad".
Hasta el momento, el régimen solo ha hecho pública la petición fiscal contra los cuatro líderes masones en la isla, pero no hay una fecha para el juicio en su contra.
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