El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el jueves la extensión del actual ciclo de negociaciones que se realizan en Cuba hasta el 8 de junio, una semana más de lo acordado.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la decisión obedece a la importancia de los temas que se están abordando en este momento en la mesa de conversaciones y que tienen que ver con el cese del fuego bilateral y los mecanismos de participación ciudadana.

Lee también

En pausa, el diálogo del ELN en La Habana tras declaraciones de Petro sobre vínculos con el narco

Aunque el grupo guerrillero ha hecho énfasis en la importancia de definir esos mecanismos de participación ciudadana, para el gobierno el punto prioritario de este ciclo de conversaciones en La Habana es concretar el cese del fuego.

Lee también

Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha propuesto que ese cese del fuego comience en una región determinada del país, por ejemplo, en el departamento de Putumayo o Nariño, para que luego se extienda a todo el territorio nacional.

La idea del mandatario es que se puedan pactar los mecanismos de verificación en esas regiones específicas para que después se aplique un modelo similar y efectivo en todo el país.

CARACAS —La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, revela su más reciente informe.

“La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos por lo que ven como única opción la salud privada y sin embargo por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta”, resalta el informe presentado esta semana.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas de accesibilidad y justicia. Si bien admite que Venezuela posee “buenos instrumentos legales”, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente.

“El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión”, resalta.

Manuel Vicente Pérez, director de Programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas y los exhorta a convocar a organizaciones privadas que tienen un “trabajo fundamental”.

“Que estas personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual, motora, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y que haya políticas serias”, dijo a la Voz de América.

Para Pérez, en Venezuela se evidencia una importante exclusión de personas con discapacidad e insiste en que “la lucha” debe ser por la verdadera inclusión.

“A veces nos sentimos muy integrados pero integrado es muy distinto a la inclusión. Integrado es solamente que somos parte de un todo, pero incluido es que somos sujetos de derecho”, afirma.

El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar por la inclusión y en visibilizar a las personas con discapacidad. A principios de este año la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.

Educación

El informe destaca que en Venezuela no se dispone de cifras públicas oficiales que permitan conocer el estado de las garantías de acceso a la educación y las condiciones de participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con discapacidad.

Sin embargo, aunque según datos recabados por Consorven, para el 2022 el 100% de los NNA con discapacidad consultados para llevar a cabo el informe son parte del sistema público educativo, dos de cada diez no estudian actualmente con regularidad.

“La mayoría de los niños están inscritos en sistema escolar pero no se ha podido proseguir con el estudio porque no hay materiales accesibles o porque muchas veces los docentes no están totalmente preparados para la adecuación de los materiales educativos para los NNA con discapacidad”, explica a la VOA Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven.

Además, señala que durante la pandemia de COVID-19 se profundizaron las condiciones “desiguales” de participación de los NNA con discapacidad.

“Se interrumpieron las clases, lo cual quiere decir que, en efecto, no se pudo garantizar la continuidad escolar de los NNA con discapacidad en el 77% de los casos (…) el tiempo de ausencia escolar ha sido de 6 meses a 1 año, en su mayoría, aunque incluso un gran grupo ha estado sin asistir a la escuela 3 años o más”, precisa.

Consorven recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece que el Estado debe garantizar la continuidad de las actividades educativas, por lo que, al existir NNA con discapacidad ausentes del sistema educativo, “se están violando derechos consagrados y se están generando condiciones para su evolución futura”.

“En Venezuela es urgente avanzar en un sistema educativo que promueva el aprovechamiento de las diferencias; es urgente, también, que las escuelas se conviertan en espacios que incentivan la cooperación, la convivencia entre las diferencias y la tolerancia como rasgo característico de las relaciones sociales”, destaca.

Salud

La investigación reitera la situación que, durante años, organizaciones dedicadas a trabajar con personas con discapacidad han denunciado; diariamente enfrentan “grandes barreras para vivir de manera digna, respetuosa y con iguales oportunidades y condiciones que personas sin discapacidad”.

“Quisiéramos destacar que las personas con una discapacidad motora realmente no pueden movilizarse, muchas veces están encamados porque no tienen acceso a ayudas técnicas, porque no tienen terapias de rehabilitación cuando la capacidad es adquirida y cuando es congénita, se necesita acondicionarlo a la necesidad que tengan”, asegura Bolívar.

De acuerdo al informe, 8 de cada 10 personas con discapacidad motora no asisten actualmente a terapias de rehabilitación; el 46% de los consultados lo atribuye a la falta de recursos económicos y 34% a las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles.

Bolívar hace énfasis en que, teniendo las ayudas técnicas, entre ellas coches, andaderas y muletas, los NNA con discapacidad pueden alcanzar un nivel de independencia mayor.

La investigación revela que 3 de cada 10 personas con discapacidad motora no tienen la ayuda técnica que requieren para su movilidad personal. El 70% de las personas entrevistadas refiere que la falta de recursos económicos es la principal razón que impide el acceso a la ayuda técnica; 20% refiere que no posee conocimiento sobre qué institución podrá otorgar la ayuda y 10% no posee conocimiento sobre la ayuda que requiere con exactitud.

El artículo 14 de la Ley de Personas con Discapacidad de 2006, precisa que “toda persona con discapacidad tiene derecho a obtener para uso personal e intransferible ayudas técnicas”.

En Venezuela, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Misión José Gregorio Hernández, son los entes estatales encargado de velar por los derechos de las personas discapacitadas.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador fijó para el 20 de agosto la primera ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y redujera su propio período de gobierno la semana pasada.

El órgano electoral anunció su decisión la noche del martes, cuando estableció que en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se realizará el 15 de octubre y la entrega de credenciales a las futuras autoridades está prevista para el 30 de noviembre.

Tras los comicios, en los que también se renovará la Asamblea —pero ésta únicamente en la 1ra vuelta—, se prevé la posesión de las nuevas autoridades, a decir el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores.

La fórmula ganadora de las elecciones presidenciales debe completar el período de gobierno de Lasso y de su vicepresidente Alfredo Borrero, que termina en mayo de 2025. Los ganadores de los comicios legislativos también cubrirán el período restante de los asambleístas que dejan sus cargos y que concluye en igual fecha.

El mandatario estuvo sometido a un juicio político para destitución, pero tras la primera jornada del proceso, disolvió la Asamblea Nacional apoyándose en la Constitución y argumentando una grave crisis política.

Como los asambleístas no pudieron defenestrar a Lasso y el mandatario disolvió el congreso, se pasó a la llamada "muerte cruzada", en la que las partes dejan sus cargos.

Lee también

Lasso invoca la "muerte cruzada", disuelve la Asamblea Nacional y adelanta elecciones

Lasso estaba acusado de malversación de fondos, lo que negó, y tampoco los legisladores pudieron probar completamente ni presentaron la denuncia correspondiente ante la justicia.

Después de la disolución de la Asamblea, el mandatario ecuatoriano se encuentra gobernando mediante decretos ejecutivos que deben ser aprobados por la Corte Constitucional.

En una semana de gestión en este periodo extraordinario, el mandatario ha enviado dos proyectos de ley, uno relacionado con una reforma tributaria y otro proponiendo la creación de zonas francas para atraer inversión externa y generar empleos, sin que hayan tenido aún respuesta de la Corte Constitucional.

Aunque no se ha abierto la inscripción de candidaturas, al menos media docena de políticos y empresarios ecuatorianos han anunciado su decisión de postularse a la presidencia, entre ellos, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020), los exlegisladores Fernando Villavicencio y Salvador Quishpe y el empresario Jan Topic, entre otros.

Lasso, un exbanquero de derechas de 67 años, asumió el poder en mayo del 2021 para un período de cuatro años tras ganar los comicios generales.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — Organizaciones sociales lanzaron una alerta por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega y condenado a más de 26 años de cárcel, por encontrarse presuntamente aislado en una celda de máxima seguridad, conocida como El Infiernillo, en Managua.

Edwin Román, sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, dijo a la Voz de América hay "zozobra en todos los católicos" por la condición del obispo, aunque subrayó que aunque esté encarcelado "su silencio está hablando".

"El mismo hecho de tenerlo encarcelado está diciéndonos mucho. Él ha sido muy fiel desde el principio cuando dijo que no iba a dejar su patria y creo que es obediente a sus principios, el no declinar a su postura, y por eso se han ensañado con él y con la misma Iglesia", declaró el sacerdote.

La celda El Infiernillo donde presuntamente se encuentra Álvarez desde hace más de 100 días, es destinada para personas que son castigadas, según testimonios de exreos políticos.

Yader Valdivia, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, señala que la detención actual del obispo Álvarez en el el sistema penitenciario y la condición en la se encuentra de castigo, "es el resultado de una serie de violaciones al debido proceso".

Dentro las anomalías, según Valdivia, es que el juicio contra el jerarca católico, estaba programado en una fecha, luego fue adelantado en febrero (2023), pero sin celebrarse la audiencia se le declaró culpable por los delitos que se le imputaron, y se le despojó de la nacionalidad.

Enviado a la cárcel por no irse a EEUU

El obispo Álvarez fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua, el 9 de febrero. Su traslado, según dijo Ortega en cadena nacional, se debió a que se negó a ser enviado en avión a Estados Unidos, como ocurrió con 222 presos políticos.

"No sé qué piensa este señor (Álvarez), que frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse del país, por eso está en la cárcel Modelo", dijo Ortega.

Ese discurso, según el sacerdote Edwin Román, apunta a "una contracción" al discurso oficial de Ortega y su esposa Rosario Murillo.

"Hay una contradicción en el discurso que ellos dan. Hablan de paz, amor, cristianismo, pero eso no existe para ellos. Por sus frutos los conoceréis y están a tiempo de arrepentirse, y de dar muestra de arrepentimiento. Ojalá tengan tiempo de convertirse y de dar muestra de su conversión".

Un informe reciente del Departamento de Estado publicado a mediados de mayo sentenció que el gobierno de Nicaragua “intensificó su campaña contra la Iglesia católica”.

Según el informe, aunque la Constitución política de Nicaragua prohíbe la discriminación basada en la religión, “a lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ordenaron la detención, exilio y agresiones verbales en contra de sacerdotes y obispos tildándolos de criminales y golpistas”.

La abogada Martha Patricia Molina, citada en dicho informe, dijo a la VOA que el sistema de justicia en Nicaragua responde a lo que orienta la pareja presidencial Ortega-Murillo. "No se apegan al imperio de la ley, no siguen lo establecido por la Constitución Política y las leyes", explicó

A su juicio, el obispo Rolando Álvarez "continúa bajo la figura penal de secuestro porque nunca se le respetaron las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes penales del país".

"Él fue sustraído arbitrariamente de su domicilio mientras se encontraba rezando y sin haber cometido delito alguno", lamentó Molina, y agregó a la fecha "a nadie le consta donde se encuentra secuestrado por el secretismo del régimen".

CARACAS - Con casi 41 semanas de embarazo, Rosiangel Jiménez*, de 26 años, no sabía dónde daría a luz. Peregrinó por cinco hospitales públicos en Caracas, incluida la mayor maternidad de Venezuela. En todos ellos le pidieron una lista de materiales e insumos médicos que no tenía cómo costear. Conseguirlos tampoco sería una garantía total de atención.

Jiménez es madre soltera y desempleada. A duras penas pudo pagar los exámenes de control mensuales que rondaban los 60 dólares.

En los hospitales a los que se acercó en busca de atención médica le proporcionaron una amplia lista de insumos que debía aportar, dado que no existen en los inventarios de estos centros asistenciales: sábanas, batas, gasas, inyectadoras, guantes, adhesivos, anestesia, agua oxigenada, compresas y soluciones. Estos insumos cuestan entre 40o y 800 dólares.

“He visitado varios hospitales y me han dicho que la lista (de espera) es larga, que así yo lleve los insumos, lleve los materiales, lleve la plata, igualito tengo que esperar”, relata a la Voz de América desde la casa de una vecina en La Vega, un barrio pobre en Caracas.

“Será llegar con el bebé casi afuera para que me puedan atender”, afirma.

Mortalidad materna

En Venezuela la tasa de mortalidad materna aumentó 182,8 % en los últimos 20 años, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado el pasado 23 de febrero. En 2020 se registraron 259 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos contra 92 en 2000.

El ministerio de Salud del país no publica cifras oficiales desde 2016, cuando contabilizó 756 muertes maternas en 2016, 66 % más que el año anterior (456). Este último boletín epidemiológico le costó el puesto a la ministra de entonces.

El sistema hospitalario público está colapsado desde hace más de una década.

El gobierno responsabiliza constantemente de la crisis a las sanciones internacionales, en vigor desde 2019, aunque expertos aseguran que el colapso comenzó mucho antes.

En enero, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos de los hospitales públicos alcanzó el 72 %, según un informe elaborado por la ONG Médicos por la Salud.

“Si tú no tienes una palanca (influencia), a usted no lo atienden”, asegura Jiménez, al tiempo que confiesa que siente “pavor”.

En 2020 Jiménez perdió a una bebé de siete meses.

“Se me murió dentro de la barriga por una subida de tensión (...) Me hicieron parir a la bebé muerta. Me trataron como que si por mi culpa la bebé se había muerto. Fue horrible”, dijo.

“Te sientes indefensa (...) uno entra a parir, pero no sabes cómo vayas a salir. Somos seres humanos, no somos unos animales”, agregó.

“Me encontraron una gasa en la herida días después”

A Doralys Carrillo, 20 años, le encontraron una gasa dentro de la vagina 15 días después de haber dado a luz en la Maternidad Concepción Palacios, la mayor de Venezuela, dijo por teléfono a la Voz de América.

Con dolor agudo y mucho malestar, supo que algo no estaba bien. “Sentía algo raro en mi parte íntima. Entonces, llamé a mi tío, que es doctor, él me chequea y me dice que los puntos se me habían ido todos, que tenía una gasa ahí adentro. La gasa ya tenía un color verde y olía horrible, olía espantoso”, contó.

“Me llevaron a la maternidad, me pidieron disculpas y me dieron antibióticos”, dijo.

Han pasado cinco meses de la sutura y Carillo todavía siente dolor.

Además, recuerda que su experiencia durante el parto en la maternidad “no fue la mejor”.

“Cuando llegué me mandaron a bañarme, el baño no tenía luz, no había agua en la llave, el pote tenía el agua muy sucia y me dejaron sola en el baño. Cuando yo salgo a agarrar mis cosas para vestirme, me empiezo a sentir mal, me mareo y me desmayo. Me pego en la cabeza y otras madres que estaban ahí empezaron a llamar a la enfermera, y al rato me despierto, sigo en el piso, me siento y al rato llegan las enfermeras. Cuando me paro, todo el piso está lleno de sangre. Me mandan a sentarme, me limpian las piernas y me mandan a vestirme”, contó.

“Al rato me trajeron a mi bebé. Estaba toda llena de popó (heces) de la cabeza hasta los pies. Me la entregaron en un papel blanco. Estaba lleno de popó”, agregó.

Parto humanizado

En 2017, el presidente Nicolás Maduro lanzó el plan "Parto Humanizado", que busca guiar a las embarazadas en torno a los cuidados que ameritan antes y después del nacimiento.

La ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que trabaja en Venezuela desde el 2015 en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro, colabora con el gobierno.

En Anzoátegui, desde 2022 la organización y el personal médico local han atendido a casi 380 mujeres.

“Además de ser un proyecto que tiene el objetivo de robustecer la estructura de salud y promover el respeto a los derechos internacionales en cuanto al cuidado materno respetuoso, este proyecto resalta el trabajo conjunto con el personal local de los centros de salud para identificar si las necesidades de las mujeres que acuden al hospital son respondidas, fortaleciendo así la calidad de atención brindada a los pacientes”, explicó Richard Ferreira, coordinador médico de MSF en el estado Anzoátegui, en nota de prensa.

*La bebé de Rosangelis Jiménez nació por cesárea esta semana. Fue asistida después que una conocida de una vecina le facilitara el acceso en un hospital de Caracas. La niña y ella están bien.