Tras su detención del viernes, cuando salió a manifestarse como hace el 18 de cada mes, la historiadora e intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández ofreció contundentes declaraciones a Martí Noticias sobre el proceso penal que enfrenta, denunciando que las instituciones del país operan bajo el control de los órganos de Seguridad del Estado y vulneran de forma constante la propia legislación vigente.
Según su testimonio, acumulado tras tres años de persecución y procesos legales que califica de “absolutas farsas”, la toma de decisiones en su caso no responde a la ley ni a las autoridades formales.
“Quien decide ahí no es ni la policía, ni fiscalía, ni los tribunales. Todos están supeditados a la policía política, o sea, a los órganos de contrainteligencia, que son los que determinan cómo llevar un proceso, hasta dónde llegar, qué decir”, afirmó.
Durante su último arresto, López Hernández encaró a una de las instructoras de la Seguridad del Estado, cuestionando la prolongada incertidumbre a la que es sometida mediante detenciones arbitrarias y medidas cautelares, en lugar de ser procesada en un tribunal donde pueda ejercer su derecho a la defensa:
“Le dije por qué no soy llevada a juicio y así tengo el derecho a defenderme y si no salgo absuelta, ustedes me llevan a prisión y ya se ahorran este trabajo y yo también. Ella me ha dicho así: ‘Mire, ese juicio en algún momento será celebrado, si no es este año es el otro'".
El proceso penal, por el que López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja tienen una medida cautelar de prisión domiciliaria, está próximo a cumplir dos años y medio y se encuentra en los tribunales con las conclusiones fiscales y las de la Defensa desde hace más de un año.
Ante la respuesta de la agente de la Seguridad del Estado, la intelectual señaló que el régimen no respeta ni sus propias normas:
“Ustedes están violentando la propia Ley de Procedimiento Penal, que es bastante restrictiva ya y es bastante arbitraria; sin embargo, ni siquiera eso pueden cumplir”.
Para López Hernández, esta imposibilidad de acatamiento institucional refleja la ‘debilidad de un régimen que no puede cumplir su propia legislación’.
Como parte de su estrategia de resistencia y exigencia de derechos, López Hernández dio a conocer la acción legal más reciente dictada contra las autoridades de la isla. La académica presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de la presidenta del Tribunal Municipal de Matanzas, imputándole el delito de prevaricación.
Esta figura penal, según explicó, responde a la demora maliciosa y malintencionada de las fases que debe seguir un proceso judicial regular, evidenciando un desmonte legal paulatino en el marco de la represión política en Cuba.
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