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Cuba, único país de América sin ninguna garantía para la libertad de expresión

Detención violenta de Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la campaña contra el Decreto 349 que censura la libertad de creación.
Detención violenta de Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la campaña contra el Decreto 349 que censura la libertad de creación.

Informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba.

El reporte se divide en seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión.

Lanza sobre informe CIDH: Cuba mantiene monopolio sobre medios de comunicación
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Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes.

Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros.

También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales.

La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias.

"Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinariainstitucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.

Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.

Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.

El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.

En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento dela persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.

Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derechopenal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.

En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a lalibertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.

Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.

El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazaspruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.

En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.

La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a losderechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.

La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.

Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación yse mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.

Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.

El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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EEUU: Los vuelos de Cuba a Managua "no son para el turismo"

FOTO ARCHIVO. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel en septiembre de 2023, ambos gobernantes acordaron en 2021 una exención de visados que ha derivado en el mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos.
FOTO ARCHIVO. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel en septiembre de 2023, ambos gobernantes acordaron en 2021 una exención de visados que ha derivado en el mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos.

Estados Unidos amplió el miércoles las restricciones de visado para los operadores de transporte que "facilitan la migración irregular", en un momento en que el Gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente al número récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur del país.

Las restricciones se aplicarán también a "propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos chárter, transporte terrestre y marítimo que presten servicios de transporte destinados principalmente a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos", informó el Departamento de Estado en un comunicado.

En noviembre, el Departamento anunció restricciones de visados dirigidas a personas que operan vuelos chárter a Nicaragua para migrantes que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México.

Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una conferencia de prensa virtual este miércoles, que bajo esta nueva política se vigilarán medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes irregulares.

"Eso amplía la política que tuvimos anteriormente, así que si antes la política tenía que ver con los vuelos charter, ahora la política tiene que ver con todas las formas de transporte… es transporte que está utilizado con el propósito de facilitar la migración irregular a los Estados Unidos", dijo Jacobstein.

A preguntas sobre cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrecen servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobstein dijo que la nueva política “más que nada empieza con la diplomacia”.

“Estamos hablando con nuestros socios en toda la región sobre esta nueva política y la idea precisamente en cuanto, por ejemplo, los vuelos chárter. La mayoría de los vuelos chárters de Cuba a Managua no son para el turismo, son personas con la intención de migrar irregularmente a los Estados Unidos, así que estamos evaluando cada compañía chárter o cada compañía de transporte para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar la migración irregular”, explicó Jacobstein.

En la misma conferencia, el Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, Blas Nuñez-Neto, contestó a una pregunta sobre rumores en México de que se va a eliminar la oportunidad de que los solicitantes de citas por la aplicación CBP One puedan hacerlo en grupos.

“No hay ningún plan para terminar con citas de CBP One. CBP One es un mecanismo muy importante que utilizamos para organizar la presentación de personas en los puntos de entrada de manera segura y ordenada, y vamos a seguir utilizando ese sistema”, aclaró el funcionario.

En noviembre pasado, Estados Unidos anunció una una política similar de restricción de visas dirigida a las personas que operan los vuelos chárter a Nicaragua con el fin de transportar a migrantes que luego siguen la ruta hasta la frontera Sur estadounidense.

La ruta migratoria establecida desde Cuba a Nicaragua por vía aérea está destinada al contrabando de migrantes; estos son vuelos chárter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba, comentó en una entrevista con Voz de América el subsecretario adjunto Jacobstein.

El Departamento de Estado ha dicho que colabora con los gobiernos de la región, así como con el sector privado, para "tratar de eliminar esta práctica de explotación".

Este corredor se inició con la exención de visados acordada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre de 2021 y ha contribuido al mayor éxodo migratorio desde la isla a los Estados Unidos en la historia, con más de 400 mil migrantes en los dos últimos años, de acuerdo a cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU.

El director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dijo en octubre pasado a la agencia de noticias Associated Press que el gobierno de Daniel Ortega "sabe que tiene pocas herramientas políticas importantes para enfrentarse a Estados Unidos, así que usa la migración como un arma de ataque".

Nicaragua solo exige a los cubanos un pasaporte en regla, un pasaje de ida y regreso y la prueba de una reserva de hotel, o el nombre, dirección y teléfono de la persona que lo hospedará , y llenar un formulario en línea para solicitar el ingreso al país.

Cuando el acuerdo de libre visado entre Managua y La Habana entró en vigor, el gobierno de Ortega dijo que la medida buscaba promover el mercado comercial, el turismo y las relaciones familiares humanitarias.

Condenan "aumento significativo" de acciones represivas en Cuba en lo que va de año

Policías con perros recorren las calles de La Habana el 11 de julio de 2021, día en que estallaron las protestas antigubernamentales en varias localidades de Cuba. En lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas.
Policías con perros recorren las calles de La Habana el 11 de julio de 2021, día en que estallaron las protestas antigubernamentales en varias localidades de Cuba. En lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron preocupación ante el "aumento significativo" de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en lo que va de año.

“En lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos politicos”, dijeron en un comunicado.

Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de internet y comunicaciones, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales, informa la CIDH, órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en materia de derechos humanos.

“Todas tienen el común denominador de que son múltiples acciones llevadas de forma simultánea contra aquellas personas que lo que exigen es libertad, es democracia y que son contrarias al régimen, por lo que nosotros lo que buscamos con este comunicado de prensa es visibilizar que se están dando múltiples acciones represivas y de diferente tipo con el ánimo de silenciar cualquier voz disidente y que han tenido en estos días de inicio de 2024 un aumento significativo a lo que ya se venía denunciando anteriormente”, declaró el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, relator para Cuba de la CIDH, en entrevista con Martí Noticias.

El comisionado añadió que el número de acciones represivas denunciadas en un tan corto período que llevamos del año pone una alarma de que “la situación está cada vez más complicada en contra de todas las personas críticas del gobierno.

“Lo que buscan estas acciones intimidatorias es, pues, obstaculizar la defensa y promoción de Derechos Humanos, impedir que surja cualquier liderazgo en la isla y obstaculizar la libertad de expresión. Lo que nos ha impulsado a sacar este comunicado es que cualquier manifestación crítica que haya en Cuba hoy inmediatamente tiene una reacción de alguna acción represiva”, dijo el Comisionado.

Asimismo añadió que la CIDH quiere “ser una de esas voces que apoya la lucha de los defensores y activistas que lo que piden es libertad y transición democrática, porque sólo si hay democracia se puede hablar de respeto de Derechos Humanos”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó que continúa observando una política estatal orientada a mantener un "control sobre el flujo de información, limitando severamente el espacio cívico y el acceso a la información por parte de la sociedad cubana".

"Periodistas y medios de comunicación independientes enfrentan un entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el Gobierno. Esto incluye multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones, e interrogatorios intimidatorios", agregó la RELE.

En su comunicado, ambas entidades urgieron al Estado cubano a cesar el hostigamiento, a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, incluyendo el cese de la persecución judicial y toda práctica represiva. Así como a liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse críticamente.

La Habana no busca una inversión directa de capital norteamericano, alerta experto

Miguel Díaz-Canel reunido con una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de EEUU/ (@DIAZCANELB/X)
Miguel Díaz-Canel reunido con una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de EEUU/ (@DIAZCANELB/X)

Miguel Díaz-Canel recibió el pasado lunes en La Habana a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos (NASDA, por sus siglas en inglés), una visita que para el profesor Sebastián Arcos Cazabón, no tiene ningún impacto en la economía cubana.

“Este tipo de visitas se han realizado varias veces y al final cualquier compañía estadounidense que desee comerciar en Cuba se topará con la misma pared de siempre”, recalcó el experto en entrevista con la revista informativa Martí Noticias AM.

“El régimen cubano no está interesado en una inversión directa de capital norteamericano en la Isla y por otro lado mantiene un modelo económico obsoleto, dirigido desde arriba, con una economía centralizada en manos del Estado”, enfatizó el también Director Asociado del Instituto de Investigaciones de la Universidad de la Florida (FIU).

Declaraciones del profesor Sebastián Arcos Cazabón en la revista Martí Noticias AM.
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Un comunicado de la Presidencia de Cuba asegura que esta es la primera ocasión en que la NASDA organiza una delegación para visitar Cuba, en este caso viajaron a la isla varios ejecutivos NASDA y los responsables de los Departamentos de Agricultura de Indiana, Connecticut; Montana; Lousiana, Minnesota; Maine; Carolina del Sur, entre otros funcionarios.

“Esas reuniones son para convencer a los miembros de las delegaciones para que realicen lobby en Washington a favor del régimen cubano, algo que al final no progresa (...) Todo esto con la clara intención, no de dividir al exilio cubano, sino de dividir al gobierno norteamericano, al Congreso, con el objetivo de que se eliminen ciertas restricciones, específicamente el tema de la compra y el pago en efectivo”, insistió el experto.

“El régimen cubano desearía comprar con créditos en Estados Unidos y al final serían los contribuyentes estadounidenses los que pagarían esas deudas”, indicó el académico.

“Existen muchas voces confundidas que insisten en que la razón de la crisis en Cuba se debe a la política de sanciones norteamericana y que se debería pasar a otro tipo de política, algo que fue probado durante la administración del presidente Barack Obama y no funcionó”, aclaró el profesor.

“La falta de alimentos es el problema más serio que tiene el cubano hoy en día, por eso el régimen cubano recurre a visitas como estas, presentado una “esperanza para pasado mañana” que nunca se produce, con el objetivo de confundir al pueblo haciéndoles creer que las dificultades en el país se deben a las sanciones de otros”, acotó.

“Si en Cuba no hay malanga, no es por el embargo estadounidense, es por el “embargo interno”, por el bloqueo interno que impide que el campesino siembre y venda al precio que decida e impide que los cubanos puedan llevar alimentos a su mesa. No es que Estados Unidos no venda alimentos a la Isla, los datos están ahí y Cuba ha comprado más de 7 mil millones de dólares en alimentos y medicinas, aunque ellos insisten en que esto no sucede, pero las cifras no mienten”, declaró el profesor.

Con los datos al cierre de diciembre pasado, 2023 concluyó en el décimo puesto entre los años de mayores adquisiciones desde que Washington autorizó al régimen de la Isla a adquirir productos alimenticios en su mercado.

Según Arcos Cazabón, "las Mypimes (Mycro, pequeñas y medianas empresas) representan un sector muy pequeño, muy limitado, que no es suficiente para echar a andar la economía cubana, es una especie de micro experimento del régimen y no se ha producido una financiación directa con Estados Unidos precisamente porque Cuba no ha definido las reglas".

“Una vez más lo digo, el obstáculo mayor para el crecimiento económico en Cuba es el propio régimen y no Estados Unidos”, concluyó el experto.

En libertad dos manifestantes del 11 de julio: Bárbaro de Céspedes y Luis Mario Niedas

Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como “El Patriota” (izq.), y Luis Mario Niedas Hernández, fueron liberados tras cumplir condenas por manifestarse el 11J.
Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como “El Patriota” (izq.), y Luis Mario Niedas Hernández, fueron liberados tras cumplir condenas por manifestarse el 11J.

Tras cumplir sus respectivas sanciones, las autoridades liberaron esta semana a dos de los manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Uno de ellos fue el activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como “El Patriota”, quien salió este martes de prisión tras cumplir una sanción conjunta de 2 años y medio de privación de libertad.

De Céspedes fue juzgado tres veces entre 2021 y 2022. Recibió una sanción de dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos: instigación a delinquir, atentado, desobediencia y desacato.

El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes
El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes

El 11 de julio de 2021, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad en las calles, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes sociales en el que proclamaba que había llegado el momento de protestar pacífica y públicamente.

“Yo soy un ciudadano cubano que soy un martiano anticomunista. Llevo ya tiempo en la oposición. Cuando terminé la directa en la cual exhortaba al pueblo de Camagüey y al pueblo de Cuba a unirse a los otros manifestantes que ya estaban en las calles, ya yo tenía un cerco policial. Me detuvieron y me llevaron para la Seguridad del Estado, y luego a prisión preventiva en la cárcel Cerámica Roja”, relató a Martí Noticias, el opositor pocas horas después de salir en libertad.

El 26 de agosto, las autoridades cambiaron la medida cautelar a De Céspedes por prisión domiciliar mientras esperaba el juicio por instigación a delinquir, pero días más tarde, el 8 de septiembre, tuvo otro encontronazo con agentes de la policía que intentaban decomisarle los productos a un vendedor ambulante. Por este incidente lo acusaron del delito de desobediencia.

“Me soltaron nuevamente, bajo fianza, pendiente a ese juicio también. El 10 de octubre, hice todo lo posible por salir a manifestarme, pero ya la Seguridad del Estado me estaba vigilando y me volvieron a detener bajo los cargos de atentado y desacato, delitos que yo jamás cometí”, aseguró.

El Tribunal Municipal de Camagüey celebró el mismo día de noviembre dos juicios por las dos primeras causas y el 17 de abril de 2022 el juicio por atentado y desacato, en el que le impusieron una sanción conjunta de dos años y medio de cárcel.

El activista permaneción en prisión durante dos años y cuatro meses pero esto, según dice, no lo amilanó, aunque no olvida las largas noches adolorido y sin medicamentos en la cárcel, tampoco las huelgas de hambre a las que recurrió para reclamar sus derechos.

“Yo lancé un mensaje al comunismo: ‘nuevamente en las calles’. Creo que eso más que una advertencia es una alerta. El Patriota de Camagüey jamás renunciará a sus principios, jamás se hincará de rodillas y nunca podrán doblegarlo. Voy a seguir luchando por la libertad de mi pueblo, por el bienestar de mi gente y porque Cuba sea realmente libre”, dijo.

El informático Luis Mario Niedas (Facebook)
El informático Luis Mario Niedas (Facebook)

El pasado 19 de febrero las autoridades también liberaron a Luis Mario Niedas Hernández, un joven ingeniero informático que cumplía su sanción en el correccional Tarea Confianza.

Niedas estuvo preso dos años y siete meses por participar en las protestas del 11 de julio en Sancti Spíritus. Fue enjuiciado por el delito de desacato el 8 de octubre de 2021.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el joven generó “desconcierto, caos y desasosiego social difundiendo videos y gritando palabras ofensivas y de irrespeto hacia diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y miembros del Consejo de Ministros en la manifestación.

Niedas ya se había buscado la ojeriza de la policía política, cuando hizo públicas sus críticas al régimen de La Habana en noviembre de 2020, tras la protesta de cientos de artistas, activistas e intelectuales en las afueras del Ministerio de Cultura.

“Aquí estoy, ustedes saben, con la experiencia adquirida, con las habilidades adquiridas, nuevas, y con muchas ganas, muchas ganas. Porque sí sigo queriendo una Patria, sí sigo queriendo justicia, sí sigo queriendo libertad”, dijo en una directa en Facebook, tras ser puesto en libertad.

Las autoridades cubanas afirman que las protestas fueron un intento contra el orden constitucional socialista, respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno.

Vecinos sentenciados por el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja deberán presentarse ante las autoridades el jueves

Imagen del lugar en el que ocurrió el derrumbe en enero de 2020 / Foto: Captura de video
Imagen del lugar en el que ocurrió el derrumbe en enero de 2020 / Foto: Captura de video

Los vecinos de La Habana Vieja sentenciados por el caso de las tres niñas que fallecieron en enero de 2020 por el derrumbe de un balcón, deberán presentarse este jueves ante las autoridades.

Adrian Frómeta González, uno de los condenados, dijo a Martí Noticias que tanto él, como su esposa, su hermano y su tío, fueron citados en la sede del Tribunal Provincial de La Habana a las nueve de la mañana del próximo 22 de febrero.

“Nosotros somos inocentes”, asegura el joven de 26 años que acusa a las autoridades de no dar la cara porque, según él, ellos “son los verdaderos responsables del desastre”.

En noviembre pasado el Tribunal Supremo sentenció a siete años de cárcel a Frómeta González y a su esposa, Regla Isabel Rodríguez López, por el homicidio por imprudencia de la muerte de las tres menores.

También fueron procesados y condenados a seis años su hermano Alain Wilfrido Frómeta González y su tío Abimael Peña Prado, por haber reformado las estructuras del segundo piso del edificio del que presuntamente dependía la estabilidad del balcón que colapsó.

Frómeta González dijo a nuestra redacción en noviembre pasado que ellos “sólo aplicaron un derretido en un techo trasero que se mojaba”, y que eso no pudo afectar al balcón ubicado en el lado contrario, que estaba ubicado justo en la fachada del edificio.

"Un derretido, eso fue lo único que hicimos, nunca lo ocultamos, lo dijimos desde un principio", comentó.

El joven responsabiliza a la brigada de Servicios Especializados de la Construcción (SECONS), a cargo de la demolición que realizaron poco antes de que ocurriera la tragedia.

"Ellos fueron los que trabajaron arriba y demolieron y están diciendo que dejaron las paredes a una altura que quedara a dos metros, cuando eso no es cierto", aseguró.

El Tribunal también sentenció a uno de los constructores, identificado como Lesmer Chang Cárdenas. No obstante, reportes indican que el hombre realizó los trabajos de forma independiente a SECONS.

Frómeta cuestionó que, al armar el expediente del caso, las autoridades "obviaron muchas cosas” y agregó que el fiscal Yoandry López Parra, sin tener pruebas, los acusó de querer quedarse con la vivienda de arriba.

Según el acta del Tribunal Provincial consultada por el medio independiente 14ymedio, “las autoridades habían decretado en 2019 la demolición de la segunda planta del edificio por el peligro de derrumbe. De hecho, la familia que vivía ahí con anterioridad salió de la vivienda debido al mal estado en que se encontraba. Una brigada de Secons –entre cuyos obreros estaba Chang– fue la encargada de rebajar las paredes a una altura de dos metros y retirar escombros”.

"Estos actos fueron aprovechados por la imputada Regla Isabel Rodríguez López que con el objetivo de adueñarse de dicha área y sin autorización legal alguna (...) cerró de manera permanente con bloques y cemento el acceso a dicho inmueble desde la calle Vives y lo condicionó (sic) desde el interior de su casa para asegurarse así de ser la dueña de dicha área", alega el documento citado por el diario.

Las niñas que perdieron la vida tras el derrumbe del balcón en enero de 2020 fueron Rocío García Nápoles, de 11 años y María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, de 12 años. Hasta el momento, la prensa estatal no ha hecho referencia a los resultados de las investigaciones oficiales.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)

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