Cuba
Cuba, único país de América sin ninguna garantía para la libertad de expresión
Informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba.
El reporte se divide en seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes.
Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros.
También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales.
La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias.
"Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinariainstitucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.
Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente, la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.
Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.
El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.
En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento dela persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.
Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derechopenal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.
En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a lalibertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.
Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.
El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazaspruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.
En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.
La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a losderechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.
La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.
Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación yse mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.
Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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Menor de lo previsto: CEPAL corrige pronóstico económico para Cuba
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó esta semana una actualización de sus proyecciones de crecimiento económico para los países de la región, en la que Cuba termina con indicadores peores de los previstos en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023.
La proyección para Cuba en 2024, según el defenestrado Ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sería de un crecimiento del PIB del 2% y según la CEPAL, en un primer balance, solo de un 1,7%.
Sin embargo, en la corrección publicada días atrás el crecimiento del PIB proyectado por la CEPAL para Cuba es de sólo 1.3%.
De manera general, el organismo de las Naciones Unidas prevé que la región crecerá en promedio un 2,1% este año, con América del Sur creciendo un 1,6%, América Central y México un 2,7% y El Caribe (excluyendo Guyana) un 2,8%.
La expansión esperada para la región en 2024 se mantiene en la senda del bajo crecimiento económico observado en los últimos años, y el gran desafío es cómo avanzar hacia un crecimiento más alto, dinámico e inclusivo, indica la Comisión de la ONU en un comunicado.
"El bajo crecimiento esperado en 2024 no es solo un problema coyuntural, sino que refleja la caída de la tasa de crecimiento tendencial del PIB regional. La región se encuentra en una crisis de desarrollo caracterizada por tres trampas que se refuerzan mutuamente: una trampa de bajo crecimiento, una trampa de alta desigualdad y baja movilidad social y una trampa de baja capacidad institucional y gobernanza ineficaz", indica el organismo.
En un evento nacional celebrado esta semana en la isla, José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y exministro de Economía de Cuba, reconoció que existe una "pugna de ideas que se da hoy en la esfera de la economía, donde en algunos casos se pregona que hay que liquidar la planificación y soltar todo al mercado".
"Eso no resuelve ningún problema; estaríamos acabando con toda la obra social de la Revolución", dijo el funcionario, según reseña la publicación oficialista Juventud Técnica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el viernes en una conversación con el canciller cubano Bruno Rodríguez que las prioridades del país son el sistema energético y el sistema alimentario.
El mandatario utilizó la palabra "emergencia" para calificar la situación en se encuentra la isla y reconoció que el pueblo cubano vive entre "tanta dureza".
Las autoridades cubanas han defendido varias políticas económicas como el llamado "ordenamiento monetario" y la "bancarización", entre otros ensayos fallidos. La más reciente apuesta consiste en un "programa de estabilización macroeconómica", con el que buscará establecer "un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación".
El supuesto programa de estabilización macroeconómica que ha implementado el Gobierno en su intento por salir de la crisis incluye el incremento del precio del combustible en un 500 %, así como la dolarización de la venta de gasolina y diésel a particulares en unas 30 gasolineras del país y una subida de hasta el 600% de las tarifas de múltiples servicios.
Quien estimula el malestar social en Cuba es el PCC, denuncia elTOQUE tras ser acusado de fomentar estallido
La publicación independiente elTOQUE denunció el viernes en un comunicado una campaña de descrédito desde Cuba que pretende responsabilizar a esa publicación por la devaluación de la moneda nacional, que reflejan diariamente en su servicio de monitoreo del mercado informal de divisas y fomentar así el descontento social.
Según la propaganda del régimen, la tasa de elTOQUE busca "acelerar el aumento artificial del dólar para llegar al 11 de julio de 2024 con una tasa de cambio informal de entre 480-500 pesos por dólar. De suceder esto, las consecuencias en la economía cubana serían nefastas, y para los tanques pensantes de las agencias de inteligencia estadounidenses esto crearía las condiciones ideales para un estallido social en Cuba".
"Negamos categóricamente que los miembros del equipo de elTOQUE nos beneficiamos con la depreciación del peso cubano, así como nuestra participación en conspiración alguna ni vinculación con operaciones para estimular manifestaciones callejeras. Quien está estimulando el malestar social en Cuba es el gobierno del Partido Comunista con sus fallidas políticas económicas, el abandono de su responsabilidad de protección social, la represión, el empuje a la emigración y su aferramiento al poder", indica el medio digital, dirigido desde Estados Unidos por José Jasán Nieves.
Según ha documentado este medio, el mercado cambiario informal en Cuba ha experimentado una fuerte turbulencia en los últimos meses, cuando el dólar estadounidense alcanzó un máximo sin precedentes de 380 pesos cubanos (CUP); el euro, los 390 CUP; y la moneda libremente convertible (MLC), los 295 CUP.
La ofensiva contra la publicación se ha ejecutado, según afirma el comunicado, por medio de una red de desinformación, con perfiles reales, voceros ocultos tras pseudónimos, altavoces propagandísticos oficiales, como el diario Granma, Cubadebate y programas de televisión y radio, que replican "mensajes creados en las oficinas de la Seguridad del Estado según los cuales la subida del precio de las divisas y la inflación son fenómenos ficticios y creados desde el exterior".
En el texto alertan que la campaña está encaminada a atacar la credibilidad de la tasa de elTOQUE, que sirve de referente a importantes medios de prensa, economistas y académicos.
Además, las autoridades cubanas buscan "articular un consenso que justifique acciones punitivas", entre ellas, incluirles en la «lista nacional de terroristas» y bloquear al acceso a su sitio web en Cuba.
"Las amenazas al equipo de elTOQUE de aplicar la legislación penal cubana por los supuestos delitos que estaríamos cometiendo vienen acompañadas de pedidos explícitos de acción contra el servicio de la tasa y maniobras discursivas para argumentar nuestra supuesta condición de «terroristas». Utilizan cuanta mentira se les ocurre y argumentos que rayan en lo ridículo y lo inverosímil. Nos relacionan con el economista y académico Steve Hanken, con quien no tenemos ninguna comunicación. Se les ocurre decir que nuestra agencia comercial CATAO tiene relación con un tanque pensante como el Instituto CATO, solo porque sus nombres se parecen. Sacan de contexto, cortan, tergiversan y hasta modifican el tono de la voz en las declaraciones de nuestros colegas para usarlo como «evidencias» en sus constructos. Entre esas tergiversaciones, sugieren que elTOQUE fue creado por la misma persona que creó Dolar Today en Venezuela y la iniciativa de monitoreo del llamado «Dolar Blue» en Argentina; lo cual es absolutamente falso", indica la publicación fundada en 2014 y gestionada desde la Fundación Colectivo Más Voces a partir de grants y proyectos de cooperación internacional.
En 2022 elTOQUE denunció una escalada represiva contra una parte de su equipo que permanecía en la isla, que fueron sometidos a hostigamiento, interrogatorios, prácticas de tortura psicológica, detenciones ilegales, prohibiciones de salida del país y exposición en medios públicos.
"Seguiremos transparentando la forma en la que calculamos nuestros valores referenciales y respondiendo a señalamientos y críticas. Entendemos la angustia de vivir empobrecidos por un régimen dictatorial y el miedo a señalarlo de manera directa por las consecuencias que trae; pero rechazamos que se nos responsabilice de una situación que tiene una causa clara: el fallido modelo impuesto a Cuba", concluye la publicación.
Régimen niega habeas corpus a favor del periodista Carlos Michael Morales
El Tribunal Provincial de Santa Clara rechazó este viernes el recurso de habeas corpus a favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, arrestado desde el pasado sábado.
Morales continuará detenido en el Centro Provincial de Investigaciones bajo los presuntos delitos de atentado y desobediencia, informó a Martí Noticias el comunicador independiente Guillermo del Sol, quien participó en la vista.
Según dijo, el tribunal estaba "totalmente militarizado por afectivos de la Seguridad del Estado".
Morales Rodríguez fue liberado el pasado seis de marzo, tras cumplir una condena de tres años por salir a la calle a reportar en redes sociales las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, provincia de Villa Clara.
El periodista se negó a comparecer en la unidad policial de su zona hasta que fue detenido el pasado sábado.
"La Fiscalía dejó sin lugar la petición de habeas corpus", dijo Del Sol y aclaró que aunque aún no han hecho la petición, por los delitos que lo acusan podría enfrentar "hasta tres años de privación de libertad".
Más de mil presos políticos cumplen condenas en las cárceles de la isla, muchos de ellos sometidos a malos tratos.
A finales de abril, el Departamento de Estado de EEUU presentó su informe anual referido a la práctica de los derechos humanos en la isla, el organismo dijo que "no hubo cambios significativos en la situación" durante 2023.
"La falta de transparencia gubernamental, junto con la vulneración sistemática del derecho a las garantías procesales, ocultó la verdadera naturaleza de las acusaciones penales, las investigaciones y los procesamientos. Esto permitió a las autoridades gubernamentales procesar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas violaciones penales", recoge el documento.
"Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuran informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del poder judicial; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas en otro país; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; castigo a familiares por presuntas ofensas cometidas por un familiar; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas", agrega.
(Con reporte de Tomás Cardoso para Martí Noticias)
"Es inocente": Esposa de José Daniel Ferrer pide fe de vida del preso político cubano
Nueva regla de asilo en EEUU prohibirá la entrada a represores, dice abogado
Una advertencia de nuevas medidas para obtener asilo en la frontera de Estados Unidos prohibirá la entrada al país de personas con antecedentes penales y afectará a los represores de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron expertos a Martí Noticias.
“Están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificarían a los inmigrantes si participaron en la persecución de otras personas, si han sido convictos o cometido delitos no políticos. Además, tampoco podrán pedir asilo quienes hayan obtenido esta condición en un tercer país o se presuma que sea un peligro para Estados Unidos”, dijo el abogado Ángel Leal.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión.
La nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Las nuevas pautas, incluyen a quienes hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas, con lo cual quienes sean miembros de entes represivos como el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba quedarían descalificados.
En caso de que el migrante mienta a la hora de su entrevista de miedo creíble o esconda información sobre su participación en actividades represivas puede ser denunciado en el futuro y retirados sus beneficios migratorios obtenidos mediante fraude.
Muchos cubanoamericanos se han quejado del número ingente de oficiales del régimen cubano que entran por la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo tras reprimir y encarcelar disidentes.
El abogado también expresó sus temores por las limitaciones a las que pueden verse sometidos los disidentes cubanos, a los que el régimen encarcela tras la fabricación de delitos comunes.
“Sabemos perfectamente bien que el régimen disfraza la oposición política de delitos comunes. Nos preocupa que las personas que hayan participado en marchas o manifestaciones contra el régimen y que tengan condenas por delitos comunes no puedan obtener asilo”, dijo Leal.
El abogado también aseguró que si el inmigrante entra sin la cita de CBPOne se presumirá que no calificará para asilo.
“Los oficiales también van a preguntar si los inmigrantes pueden ser reubicados en otras partes de su propio país”, agregó Leal.
Los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
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