La Fiscalía Provincial de Granma ha formulado solicitudes de condena de hasta una década de privación de libertad contra cuatro bayameses por supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos, en un proceso donde las evidencias principales corresponden al ejercicio de la libertad de expresión y la movilización ciudadana.
De acuerdo con el expediente fechado en julio de 2026, el órgano acusador pide diez años de privación de libertad para Ariel Arzuaga, nueve para Yaquelín García Jaen, siete para Daniel Barrios Figueredo y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell.
“Estas medidas que están tomando contra mis padres son muy injustas porque ellos no han matado, no han robado, no han hecho nada para que le estén pidiendo esa cantidad exagerada de años”, lamentó Esther Arzuaga, la hija de 17 años de García y Arzuaga.
La causa ha generado alertas en el ámbito legal debido a la naturaleza de las pruebas integradas. Según el análisis de Raúl Enrique Medina, periodista del medio elToque Jurídico, resulta llamativo que el documento fiscal construya una presunta trama de "plan contrarrevolucionario" utilizando elementos cotidianos y de comunicación personal.
Entre las principales evidencias presentadas por la Fiscalía se encuentran grabaciones difundidas en redes sociales con críticas a la gestión gubernamental, mensajes de texto e intercambios en grupos de la aplicación WhatsApp, recargas de saldo telefónico recibidas desde el exterior, las cuales son catalogadas de forma cuestionable como indicios de financiación extranjera.
También es considerado como hecho incriminatorio un video grabado por Ariel Arzuaga el 23 de octubre de 2024, en el cual recriminaba los prolongados apagones, la escasez de agua y alimentos, y exhortaba a la población a manifestar su descontento.
“La Fiscalía presenta esas conductas como parte de un supuesto plan contra el orden constitucional, pero en el expediente no se describen actos de violencia ni daños materiales cometidos por los acusados”, indicó el comunicador especializado en temas de la legislación cubana.
“Llama la atención la debilidad de algunos elementos que se presentan como pruebas en este documento por parte de la fiscalía y la falta de precisión sobre lo que ellos supuestamente consideran hechos relevantes para pedir estas altas condenas”, señaló.
Las detenciones de los implicados se produjeron de forma escalonada a finales de 2024: Daniel Barrios fue arrestado el 6 de noviembre, Yaquelín García el 8 de noviembre y Ariel Arzuaga el 27 de noviembre.
Para el desarrollo del juicio oral, la fiscalía ha solicitado que las diligencias sean trasladadas a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.
Para Medina, este tipo de actuaciones judiciales evidencia una práctica que, en la realidad, penaliza el ejercicio pacífico de derechos fundamentales como la libre expresión, la asociación y la disidencia.
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