El activista palmero Alexis Serrano Águila, detenido por protestar contra el gobernante Miguel Díaz-Canel en la vía pública, tendrá su primera visita el 13 de mayo tras ser trasladado, en prisión preventiva, a la cárcel de Aguadores de Santiago de Cuba.
La familia pudo despedirse brevemente antes de que fuera conducido al penal, lo que posibilitó la constatación del notable deterioro físico de Serrano Águila a solo 15 días de su apresamiento.
El hombre que se gana la vida como vendedor ambulante de viandas en Palma Soriano y su esposa, Delis Frómeta Suárez, están en proceso de investigación penal bajo cargos de desacato. Ella fue excarcelada con una fianza de 16 mil pesos.
“Fuimos a ver si lo podíamos ver y pasarle algo, pero los presos, cuando los llevan para allá, tienen que hacerles análisis y después es que los dejan ver, es decir, les dan una visita. A él lo trasladaron el día 27 y el 13 es que le corresponde la visita”, explicó su hija Yanelis Serrano a Martí Noticias.
“Yo hice un habeas corpus y me notificaron que se mantenía la prisión provisional. El abogado me dijo que iba a solicitar un cambio de medida en estos días. Mi madre está también en proceso penal y tienen el teléfono de ella”, indicó.
Serrano y su esposa han sido opositores por muchos años: él, miembro del Partido Republicano de Cuba (PRC), y ella, integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR).
"El 12 de abril, él salió a vender algunos boniatos, actividad que realiza siempre para mantenernos desde que tengo uso de razón. Lo amenazaron inspectores y gente del gobierno con llamar antimotines para que se fuera del lugar porque ese día no querían la zona de la feria en Palma ocupada y que le pondrían 16,000 pesos de multa. Cuando llegó a la casa indignado se expresó reclamando sus derechos, en contra del gobierno y el presidente", relató la hija.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) se pronunció sobre el uso del delito de desacato como herramienta para procesar penalmente a ciudadanos que expresan opiniones críticas, afirmando que es incompatible con los estándares internacionales del derecho a la libre manifestación.
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