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América Latina

En Nicaragua, Masaya Libre resiste brutal asalto del gobierno de Ortega

El martes francotiradores cazaban de día como venados a los manifestantes, mientras que de noche los paramilitares incendiaban propiedades de los activistas de la resistencia de una ciudad que devino esperanza y ejemplo para todo el país. Un líder de las protestas dio a Martí Noticias su testimonio sobre la jornada de ayer.

A Cristian Fajardo el gobierno de Daniel Ortega le mató el martes a Marcelo, su amigo de la infancia.

Los francotiradores que llegaron a Masaya como parte de una tropa de asalto enviada por Ortega no solo le apuntaron a matar a Marcelo, sino que impedían a tiro con mirilla que sus compañeros o su desconsolada esposa, Auxiliadora, se acercaran a ayudarle. Tal vez pudo haberse salvado, de no ser porque pasó demasiado tiempo desangrándose, en la línea de fuego de los rifleros.

El cuerpo solo fue retirado del medio de la calle cuando, convirtiéndose irónicamente en una barricada humana, entre otras decenas levantadas con adoquines de las calles por los pobladores de Masaya, le cerró el paso a un convoy de jenízaros armados.

Masaya no se rinde, Masaya está en pie de lucha, levantando nuevamente sus barricadas que fueron botadas...

El martes, después que la ciudad estuviera por 13 días prácticamente en poder de los manifestantes, irrumpieron finalmente en Masaya unos 500 efectivos antimotines, policías de civil y paramilitares que ya se habían posesionado de localidades circundantes. Al cierre de la jornada de ayer el saldo era de seis muertos (en la zona suman ahora 26) y 35 heridos

“Es un genocidio lo que están haciendo”, dijo a Martí Noticias Fajardo, de 37 años, uno de los animadores de la resistencia cívica que ha convertido al menos por unos días en ciudad libre de Nicaragua a esta población heroica desde la lucha contra Somoza, situada unos 30 kilómetros al sureste de Managua, y como muchas del país, en las cercanías de un lago.

Fajardo explicó que, mientras que los que resisten apenas tienen piedras, hondas (tirapiedras) y “morteros” (bombas de pólvora improvisada que se lanzan con una especie de bazuca rústica; los proyectiles duelen, pero no matan), los asaltantes del régimen están fuertemente armados, como también los parapoliciales de la JS (Juventud Sandinista), "lacras", "tamales" del bajo mundo nica que se quedaron en la urbe a matar, robar y destruir una vez que los antimotines se retiraron a Managua.

Habla desde una casa de seguridad, porque sabe que cuando ocuparon días antes el cercano poblado de Nindirí, a unos tres kilómetros de Masaya, los represores iban con una lista negra, casa por casa, buscando a los líderes de la resistencia.

A sangre y fuego

Cristian Fajardo (der.), con un ciclista solitario que se hospedó en su pequeño Hotel Masaya, ahora reducido a cenizas por los orteguistas
Cristian Fajardo (der.), con un ciclista solitario que se hospedó en su pequeño Hotel Masaya, ahora reducido a cenizas por los orteguistas

Cuando contactamos con él hacía apenas tres horas que los parapoliciales habían irrumpido en el negocio de Cristian, un pequeño hotel a dos cuadras de la entrada del pueblo. De allí sacaron a su tio y “le rajaron la cabeza” con la culata de un fusil AK-47, infligiéndole tres graves heridas. Luego incendiaron el hostal. El fuego consumió además por completo una vivienda vecina y causó daños a otras tres.

El escarmiento era de esperar, pues Masaya se había convertido en un símbolo esperanzador de la resistencia contra Ortega y su real consorte Rosario Murillo. Por varios días los pobladores mantuvieron encerrado en su cuartel al Comisionado de Policía local Ramón Avellán. “¡Buenas noches, comisionado Avelláaaan!”, le gritaban usando megáfonos, y la burla se reflejaba en las redes sociales, en videos que captaban cada noche la atención del país.

“Entraron como a las 8 de la mañana y los francotiradores, con armas de guerra, empezaron a cazar desde lo alto de algunos edificios a nuestros muchachos manifestantes como si fueran animales”, dice el joven emprendedor.

“El ejército ha dicho públicamente que no va a empuñar sus fusiles contra el pueblo, pero por debajo de la mesa sí lo están haciendo porque los visten de civil, los disfrazan de policías y son los francotiradores que están en posiciones estratégicas cazando al pueblo”

Táctica castrista, probada en Venezuela

“En su gran mayoría, las personas que han asesinado, son disparos certeros a la cabeza, la frente, un ojo o el pecho”, precisa Fajardo.

“Esa forma de matar los delata. Es la forma de matar de una persona entrenada militarmente, no es un simple policía, el policía no tiene ese entrenamiento, no tiene ese tipo de arma. Quien tiene esas armas es el ejército. Y es un secreto a voces que hay personeros de Cuba que han venido a Nicaragua a matar gente, a reprimir, a hacer su labor asesina”

“La misma táctica están utilizando acá”, dice el joven rebelde al recordársele que asesores cubanos instruyeron a francotiradores de la Policía y la Guardia Nacional Bolivarianas de Venezuela sobre cómo debían emplazarse en las azoteas o pisos superiores de edificios altos para seleccionar sus víctimas entre los participantes en las protestas de 2014 y 2017.

“Entran a la fuerza en algunos edificios, o en otros de comercios que están abandonados y se han puesto en esos lugares altos para cazar a nuestros protestantes, como que son venados”.

Masaya no se rinde

“Pero te digo una cosa: Masaya no se rinde, Masaya está en pie de lucha, levantando nuevamente sus barricadas que fueron botadas. Hay algunas que no las hemos podido levantar porque todavía están los francotiradores que cuando alguien se acerca empiezan a disparar”.

No queremos a Ortega ni en el poder ni en el país, porque eso sería luego una matanza selectiva...

"Pero aquí el apoyo ha sido general. Nosotros no tenemos financiamiento de nadie, aunque ellos si lo dicen: acusan al gobierno de Estados Unidos, a algunos partidos políticos: Pero esta protesta no es política ni ha sido financiada por nadie, solo por el mismo pueblo. Los muchachos en cada trinchera, sus comidas se las hacen sus familias, los vecinos, las personas que están en nuestros alrededores nos están apoyando".

“El pueblo está organizado, los médicos las enfermeras están creando puestos de salud para curar, para estabilizar a los heridos. La gente, las familias salen de sus casas a ciertas horas a hacer la bulla, con pitos, con pailas, como sinónimo de protesta, de que ya no queremos a Ortega en el poder”.

“Hay una alcancía en cada trinchera que pasa la gente en muchas ocasiones dando su apoyo, su donación, y con ese dinero se pueden comprar alimentos, se pueden comprar ‘morteros’. Lo último que hemos comprado han sido ataúdes. Lastimosamente en eso estamos invirtiendo el dinero: en ataúdes, porque nuestros caídos son de familias de escasos recursos, y tenemos la obligación moral de solventar esa necesidad”.

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Matanza selectiva

“Nos han ofrecido armas, pero no las queremos, porque esta es una revolución pacífica y cívica, y además sabemos por información de inteligencia que de lo que se trata es de personeros del gobierno que buscan armarnos para después justificar una matanza”.

“No queremos a Ortega ni en el poder ni en el país, porque eso sería luego una matanza selectiva. Nos inventan accidentes, nos inventan suicidios, así como lo hicieron con Alexis Argüello, el tricampeón mundial de boxeo: la versión oficial de la policía y del gobierno es que él se suicidó, pero es un secreto a voces, porque hay pruebas de ello, de que él fue asesinado por ellos mismos.

Una barricada de adoquines en Masaya.
Una barricada de adoquines en Masaya.

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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