La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos estaba "profundamente preocupado" por un proyecto de ley sobre agentes extranjeros aprobado por el Parlamento de Georgia, que según ella "va en contra de los valores democráticos y alejaría a Georgia aún más de los valores de la Unión Europea".

“Veremos que hace el Parlamento, pero si esta legislación se aprueba, nos obligará a reevaluar fundamentalmente nuestra relación con Georgia”, advirtió la portavoz.

Los legisladores georgianos aprobaron el martes el proyecto de ley que desató semanas de protestas masivas, y los críticos lo calificaron como una amenaza al estilo ruso a la libertad de expresión y las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea.

Jean-Pierre señaló que Estados Unidos espera que la presidenta Salomé Zourabichvili lo vete, pero su decisión puede ser anulada mediante otra votación en el parlamento.

La presidenta, que está cada vez más en desacuerdo con el partido gobernante, ha prometido vetar el proyecto de ley, pero el partido en el poder, Georgian Dream, tiene una mayoría suficiente para anularlo. Zourabichvili tiene 14 días para actuar.

La portavoz de la Casa Blanca también mencionó las protestas en la ex república de la Unión Soviética durante el fin de semana, en las que decenas de miles de manifestantes pacíficos expresaron su oposición a esta legislación.

Este martes, después de la votación de 84 a 30, una multitud de manifestantes frente al parlamento intentó romper las barreras metálicas cerca del edificio. Al menos 13 personas fueron arrestadas en la protesta, dijo la policía.

El proyecto de ley requeriría que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera, imponiendo onerosos requisitos de divulgación y multas punitivas por violaciones.

Los opositores lo consideran una amenaza a la libertad de expresión y a las aspiraciones del país de unirse a la Unión Europea. Han apodado el proyecto de ley "la ley rusa", comparándolo con la legislación utilizada para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas críticos del Kremlin.

El gobierno dice que el proyecto de ley es necesario para frenar lo que considera actores extranjeros dañinos que intentan desestabilizar la política en la nación del sur del Cáucaso de 3,7 millones de habitantes.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo al presidente Volodmyr Zelenskyy durante un viaje a Kyiv este martes que parte de un importante paquete de ayuda estadounidense había llegado a Ucrania y que había más en camino que "marcaría una diferencia real".

“Estamos decididos, junto con muchos otros socios de Ucrania, a asegurarnos de que tenga éxito en el campo de batalla. Estamos igualmente decididos a que, con el tiempo, Ucrania se mantenga firme por sí misma”, expresó el funcionario.

El viaje de Blinken es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que el Congreso aprobó el mes pasado un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares, largamente retrasado. Las tropas de Kyiv están luchando contra una nueva ofensiva rusa en el noreste, así como contra ataques en el este.

Blinken llegó a Kyiv en tren temprano el martes por la mañana en una visita no revelada anteriormente, que se produce días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Kharkiv, abriendo un nuevo frente.

El secretario de Estado tambien se unió a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para un almuerzo de trabajo y se reunió con representantes de la sociedad civil.

Antes de reunirse con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, Blinken dijo que Estados Unidos está decidido a ayudar a Ucrania a tener éxito tanto en el campo de batalla como también en ganar la paz, “en construir la Ucrania más fuerte posible, una Ucrania que no solo se mantenga militarmente firme sobre sus propios pies, sino también económica y democráticamente”.

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Después en un discurso en el Instituto Politéctico Igor Sikorsky, el secretario de Estado dijo que lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha destruido en Ucrania, Rusia debería y pagar para reconstruirlo, al tiempo que dijo que Estados Unidos tiene la intención de usar su poder para apoderarse de los activos rusos.

"Estamos trabajando con nuestros socios del G7 para ver que los activos soberanos inmovilizados de Rusia se utilicen para remediar el daño que Putin sigue causando", declaró.

Asimismo, opinó que la demora del Congreso estadounidense en aprobar la ayuda militar había hecho a Ucrania más vulnerable a los ataques rusos.

“Pero he venido a Ucrania con un mensaje: no están solos”, dijo Blinken.

"Estamos con ustedes hoy y permaneceremos a su lado, hasta que la seguridad de Ucrania, su soberanía y su capacidad de elegir su propio camino estén garantizados", añadió.

Más de 3,5 millones de migrantes en Estados Unidos tienen pendientes sus casos de asilo, según datos públicos compilados por TRAC, un proyecto de la Universidad de Syracuse.

A los de 2,8 millones que estaban a la espera a finales del año fiscal 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sumado más de 1,3 millones nuevos entre octubre y abril, lo que eleva el total a 3.596.317.

Aunque los jueces no pueden seguir el ritmo del flujo de nuevos casos que llegan a las cortes se espera que este año se procese una cifra récord.

"En lo que va del año fiscal (hasta abril de 2024), los jueces de inmigración han emitido órdenes de deportación y salida voluntaria en el 35,7% de los casos completados, totalizando 170.165", explica el documento.

Asimismo, señala que solo el 13,9 por ciento de todos los inmigrantes cuya deportación se ordenó en abril de 2024 (incluidos los niños no acompañados) tenían un abogado en el momento en que se emitió la orden.

Según registros judiciales, solo el 0,38% de los casos nuevos del año fiscal 2024 buscaron órdenes de deportación basadas en cualquier presunta actividad criminal del inmigrante, aparte de una posible entrada ilegal.

Entre los casos de la Corte de Inmigración completados en abril de 2024, los inmigrantes en Colorado tuvieron la proporción más alta con órdenes de deportación. A los residentes de Vermont se les ordenó la deportación más baja.

La pasada semana el gobierno de Estados Unidos informó sobre varias iniciativas para evitar la migración ilegal desde Centroamérica y el Caribe, así como el apoyo con 578 millones de dólares en ayuda humanitaria para la región.

Marcela Escobari, asistente Especial del Presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de La Casa Blanca, dijo que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han incrementado "las vías para regularizar a poblaciones inmigrantes en sus territorios" y que "México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajos a inmigrantes haitianos".

"Impusimos restricciones de visa a directivos de varias empresas colombianas de transporte marítimo por facilitar la migración irregular hacia los Estados Unidos”, aclaró.

Asimismo, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para América Central, recordó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo aprobó restricciones a vuelos comerciales utilizados para el tráfico de inmigrantes.

“Nuestro mensaje es claro, nadie debe lucrar a costa de los migrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Seguiremos colaborando con Gobiernos dentro y fuera de la región, así como con el sector privado, buscando eliminar esta práctica explotadora que pone a los migrantes en peligro”, aseguró.

El juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez comenzó este lunes con la selección del jurado en la corte federal de Manhattan. El acusado enfrenta 16 cargos penales que incluyen soborno, fraude y actuación como agente extranjero, y está siendo juzgado junto a dos empresarios de Nueva Jersey en un tribunal federal de Manhattan.

Menéndez escuchó mientras el juez Sidney H. Stein informaba a varias docenas de posibles jurados sobre los cargos contra Menéndez y dos de los empresarios que presuntamente le pagaron sobornos: Fred Daibes y Wael Hana. Los tres se han declarado inocentes. Un tercer empresario se ha declarado culpable y ha acordado testificar contra los otros acusados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se pospuso al menos hasta julio.

Los fiscales dijeron que los Menéndez aceptaron efectivo, barras de oro y un carro de lujo a cambio de que el senador ejerciera su influencia política en Nueva Jersey y para ayudar a los gobiernos de Egipto y Qatar.

Presuntamente, el senador prometió ayudar a Egipto a obtener ventas de armas y otro tipo de ayuda militar, y ayudó al acusado Hana, un empresario egipcio-estadounidense, a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne halal a Egipto.

Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Daibes, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión qatarí, y trató de interrumpir un caso penal federal contra Daibes en Nueva Jersey.

Menéndez y su esposa también enfrentan cargos de obstrucción a la justicia. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2018 y 2023.

El juez le ha informado a los posibles testigos que el juicio que podría durar de seis a siete semanas.

Después de que se anunciaron los cargos en septiembre, Menéndez fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente.

Encuestas recientes muestran que Menéndez es profundamente impopular entre los votantes de Nueva Jersey, y muchos senadores demócratas, incluido Cory Booker, de Nueva Jersey, han pedido su renuncia.

Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en 2017.

Cuatro congresistas republicanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalando que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba “está basado en una falacia y no en la realidad”.

“Cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el actual embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense” y beneficia Rusia y China, que están estrechamente alineados con Cuba, alertaron los representantes María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos A. Giménez y Blaine Luetkemeyer.

Los legisladores exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las restricciones al acceso de los cubanos al sistema financiero estadounidense son consistentes con la actual legislación estadounidense.

Asimismo alegaron que “para eludir las sanciones estadounidenses, la Administración Biden está utilizando una “laguna legal”, canalizando dinero a “Pequeños Negocios” de la Isla que, en muchos casos, están conectados con el régimen cubano”.

Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre de 2023 de que el Presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de los Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense.

Señalaron que “el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil, y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta”.

“Por ejemplo, el gobierno cubano intensificó las restricciones sobre las transacciones en efectivo y casi prohibió los retiros de cajeros automáticos para las empresas en un esfuerzo por llevar su economía a una sociedad sin efectivo. Si bien el Banco Central de Cuba utiliza esta herramienta para controlar la inflación, también permite convenientemente que el régimen tenga una participación dominante en casi todas las transacciones”, dicen los legisladores.

En la misiva se preguntan si "dada la estrecha relación entre el sector privado y el Gobierno cubano", deberían esperar que "el opresivo régimen de Díaz-Canel se beneficie al acceder al sistema financiero estadounidense".

Señalan que según el Reglamento de Control de Activos Cubanos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, "los bancos cubanos no pueden abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, lo que limita los pagos entre Cuba y el resto del mundo a través de bancos estadounidenses".

“Es imperativo entender cómo el Departamento de Estado está trabajando con la OFAC para abordar estas preocupaciones”, opinaron.

Mencionaron también el funcionamiento del Sistema de Pagos con Tarjeta Nacional Ruso (NSPK), una entidad del Banco Central de la Federación de Rusia, que lanzó sus tarjetas de pago Mir en Cuba y señalaron que el presidente y director ejecutivo de NSPK, Vladimir Komlev, actualmente está sancionado por la OFAC por facilitar la guerra de Rusia en Ucrania y eludir las sanciones internacionales.

“Si la Administración Biden aliviara las sanciones a Cuba a través de su esquema regulatorio para empresas privadas, ¿cómo aseguramos que los dólares estadounidenses no van a una entidad del Banco Central ruso, dirigida por un individuo sancionado, y así se apoya un esfuerzo de guerra ilegal en Ucrania?”, preguntan los congresistas en la carta.

El pasado 19 enero, la congresista Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, llevó a cabo una audiencia titulada "El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden".

En la misma participó el Subsecretario adjunto Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.

“En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo… Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote”, dijo el funcionario.

La congresista Salazar preguntó entonces al Subsecretario si la administración Biden revisaría las nuevas regulaciones relativas a Cuba y si abriría el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes.

“No tengo más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento”, contestó Jacobstein en esa ocasión.

La representante cubanoamericana también quizo saber cómo la administración Biden se aseguraría de que el apoyo no estuviera dirigido a empresas que benefician al régimen o que pertenecen a familiares de sus líderes.

“Sé que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba. Nuestra evaluación es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar aquí en términos absolutos. No creemos que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches”, expresó el Subsecretario Adjunto.

“Creemos que la expansión orgánica del sector privado cubano en la isla, liderada por el propio pueblo cubano y no por ningún gobierno extranjero, es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Sobre todo, debemos alentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su propio futuro económico”, dijo el funcionario.

Asimismo opinó que “no lograr involucrar y apoyar al sector privado cubano dejará espacio para que Rusia y la República Popular China den forma a la dirección de la economía cubana”.

“No debemos permitir que esto suceda”, declaró.