Enlaces de accesibilidad

América Latina

EEUU preocupado por "dudosa legalidad" de nuevo Supremo en Venezuela

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gladys Gutiérrez (c) preside una reunión con los magistrados recién designados por la Asamblea Nacional. EFE
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gladys Gutiérrez (c) preside una reunión con los magistrados recién designados por la Asamblea Nacional. EFE

"Estos esfuerzos son de dudosa legalidad e interfieren en el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional recién elegida por mandato constitucional", dijo una fuente del Departamento de Estado.

Estados Unidos aseguró este jueves estar "profundamente preocupado" por los recientes esfuerzos del Gobierno de Venezuela "para establecer un Parlamento alternativo" y "alterar los procedimientos normales para nombrar a los magistrados" del Tribunal Supremo de Justicia, indicó a EFE un oficial del Departamento de Estado.

"Estos esfuerzos son de dudosa legalidad e interfieren en el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional recién elegida por mandato constitucional", apuntó la misma fuente bajo anonimato.

"Seguimos pidiendo que se respete la voluntad del pueblo, la separación de poderes, y el proceso democrático. Creemos que el diálogo político es la mejor manera de abordar los desafíos serios que enfrenta el pueblo venezolano", agregó.

La mayoría parlamentaria saliente, chavista, designó y juramentó este miércoles a 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el voto salvado de la oposición venezolana que calificó el procedimiento de nombramiento de jueces como "inconstitucional" y "antiético".

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) saliente, el oficialista Diosdado Cabello, dio por "aprobada por mayoría constitucional" la designación de los jueces y reiteró que este nombramiento se hacía "de acuerdo con la Constitución y las leyes de esta patria".

La designación se realizó a menos de dos semanas para que la nueva AN de mayoría "calificada" opositora de dos tercios sea instalada después de que en las legislativas del pasado 6 de diciembre el bando adverso al Gobierno lograra 112 diputados contra 55 del chavismo.

Además, el Parlamento saliente instaló un Parlamento Comunal Nacional, una cámara que aunque está estipulada en las leyes venezolanas, concretamente en la Ley de las Comunas, no había sido instalada hasta ahora, cuando el chavismo ha perdido, por primera vez en 15 años, el control de la AN.

En este sentido, el Departamento de Estado estadounidense recordó en declaraciones a Efe que "como se articula en la Carta Democrática Interamericana, que todas las democracias de la región se han comprometido a respetar, la separación de poderes y la independencia de los poderes del Estado se encuentran entre los elementos esenciales de la democracia representativa".

El Gobierno estadounidense agregó que "sigue apoyando al pueblo venezolano en su trabajo hacia un futuro democrático, pacífico y próspero".

Vea todas las noticias de hoy

CPI da luz verde a pesquisa sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El gobierno de Nicol[as Maduro expresó su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. (AP/Peter Dejong, Archivo)
El gobierno de Nicol[as Maduro expresó su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. (AP/Peter Dejong, Archivo)

Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional dictaminaron el viernes que puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.

Por su parte, Caracas expresó su desacuerdo con la decisión.

El juez presidente del panel de apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, dijo que el tribunal "rechaza las apelaciones" presentadas por Venezuela.

El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, anunció a finales de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la investigación a gran escala quedó en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. La CPI es un tribunal de último instancia que sólo se ocupa de casos cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar, un sistema conocido como complementariedad.

Khan siguió adelante con sus esfuerzos para continuar su investigación, la primera del tribunal en América Latina. El fiscal dijo el año pasado que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia "siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en procedimientos potencialmente relevantes".


Los jueces de la CPI estuvieron de acuerdo con Khan y el año pasado lo autorizaron a reanudar las pesquisas en Venezuela. Los jueces señalaron en ese momento que "Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable".

Caracas apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del viernes.

En tanto, el gobierno de Maduro expresó el viernes en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la CPI y afirmó que "quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado (abierto)" en esa instancia judicial "responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido".

"Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la constitución", destacó el escrito divulgado por el canciller venezolano Yvan Gil mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Venezuela reiteró que como Estado tiene "derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuicia cualquier delito cometido en su territorio", agregó el comunicado.


Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la decisión y consideró que el caso es "a todas luces politizado, donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades (y) a nuestra fuerza armada nacional", entre otros organismos de seguridad, que "han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra república, a favor del pueblo venezolano, frente al extremismo violento, frente al extremismo que por todas las vías a pretendido tomar el poder".

En declaraciones difundidas por la televisión estatal, Rodríguez manifestó que los contactos con el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se mantendrán en atención al memorando de entendimiento en que el gobierno de Maduro se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.

"Hemos recibido al fiscal y los seguiremos recibiendo", acotó.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más prestigiosas del país sudamericano, aplaudió la decisión al considerar que se trata de "un paso crucial en la lucha contra la impunidad en Venezuela".

"En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro", destacó Provea en un comunicado.

Fiscal pide elevar pena contra Fernández de Kirchner a 12 años de cárcel por corrupción

Fernández de Kirchner niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos.
Fernández de Kirchner niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos.

Un fiscal solicitó aumentar de seis a 12 años de prisión la condena que la expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en 2022 por corrupción en la obra pública, en una primera audiencia el lunes ante una corte de apelación.

Fernández de Kirchnerfue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida por el delito de administración fraudulenta —defraudación al Estado— por unos 1.000 millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos (2007-2015) al menos 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.

El mismo tribunal absolvió a la dirigente peronista por el delito de asociación ilícita, por el que la fiscalía había solicitado 12 años de prisión.

“La escala penal resultante es ínfima para la gravedad de los hechos”, sostuvo el fiscal Mario Villar en referencia a la condena de seis años contra Fernández de Kirchner, durante la primera audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal –máximo tribunal penal del país— que lleva el trámite de apelación.

“Incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, cuestionó el funcionario.

El tribunal puede confirmar, reducir, aumentar e incluso desestimar la condena que pesa contra la también exvicepresidenta entre 2019-2013. No obstante, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

La política de centro-izquierda enfrenta varias causas judiciales en su contra, desde lavado de dinero hasta encubrimiento de los supuestos responsables de un atentado terrorista.

Para el fiscal, “la asociación ilícita está comprobada” en el caso contra la exmandataria. Indicó que durante su presidencia “se constituyó un esquema de corrupción para-institucional a través de mecanismo de manipulación de la obra pública”, de la que fueron partícipes los entonces funcionarios del área del Ministerio de Infraestructura —encargado de la obra pública— y el empresario Báez, amigo de la familia Kirchner.

En el cierre de su exposición, Villar solicitó condenar a Fernández de Kirchner “en calidad de jefa de la asociación ilícita” a 12 años de prisión.

Fernández de Kirchner, que mientras dure el proceso seguirá en libertad, niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos y económicos para socavar su popularidad y apartarla de la escena política.

Diálogo entre Colombia y ELN en riesgo de congelarse por reclamos de la guerrilla

La representante del gobierno colombiano Vera Grabe, izquierda, y el comandanteELN), Pablo Beltrán, intercambian su acuerdo de extensión del alto el fuego firmado en La Habana, Cuba, el martes 6 de febrero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)
La representante del gobierno colombiano Vera Grabe, izquierda, y el comandanteELN), Pablo Beltrán, intercambian su acuerdo de extensión del alto el fuego firmado en La Habana, Cuba, el martes 6 de febrero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Según la guerrilla el gobierno colombiano dispuso un diálogo regional en Nariño, un departamento fronterizo con Ecuador, en el que ha "desconocido" a la delegación del ELN.

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) están en riesgo de congelarse luego de que el grupo armado llamó a consultas a su delegación por un entredicho del que culpó al gobierno.

La delegación del gobierno señaló en un comunicado difundido la madrugada del miércoles que la decisión del ELN es unilateral y de su "entera responsabilidad" y que genera "crisis innecesarias que prolongan la confrontación armada".

Aunque la guerrilla advirtió que la mesa de diálogo podría congelarse, el gobierno mantuvo su disposición de avanzar en el proceso, por lo que aún no está claro si se trata de una suspensión o un traspié superable.

Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, el anuncio del ELN indica que irán a consultas internas para tomar una decisión sobre cómo proceder.

"Es un recordatorio de que todavía estamos en una etapa muy frágil en el proceso, porque aunque han habido avances puede entrar en crisis en cualquier momento, entonces no podemos tomar por sentado que la mesa va a continuar, va a requerir un trabajo continuo por ambas partes", señaló Dickinson a The Associated Press.

Uno de los principales pilares de la negociación es la participación de la sociedad civil durante encuentros en todo el país. Según el ELN el gobierno dispuso un diálogo regional en Nariño, un departamento fronterizo con Ecuador, en el que ha "desconocido" a la delegación del ELN.

El gobierno respondió que se trata de iniciativas que lideran mandatarios locales para proteger a la población y "realizar transformaciones sociales" y no lo consideró un incumplimiento de su parte.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha dicho a medios locales en los últimos días que en su departamento iniciarán diálogos de paz en marzo y que incluirían al ELN, pero también en un futuro a otros grupos armados que operan en la región.

El proceso con el ELN es el más avanzado dentro de la política de "paz total" que impulsa el gobierno del izquierdista Gustavo Petro para entablar diálogos simultáneos con grupos armados y bandas criminales.

Entre los avances más notables, el ELN suspendió los secuestros extorsivos en el marco de un cese al fuego de seis meses.

La suspensión de los secuestros se dio como parte de la superación de la más reciente crisis de los diálogos con el ELN, luego de que la guerrilla secuestrara a los padres de un futbolista, una acción que generó cuestionamientos sobre su voluntad de paz.

El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, ha intentado diálogos con el Estado cinco veces sin éxito.

Una eventual suspensión de los diálogos podría truncar el avance del proceso. Durante el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) fueron suspendidas las negociaciones luego de que murieran 22 policías en un ataque con explosivos.

Al llegar al poder en agosto de 2022 Petro retomó la mesa de negociación con la guerrilla que ha contado con el apoyo de Venezuela, México, Cuba, Noruega, Chile y Brasil como países garantes.

Oposición venezolana denuncia escalada de la represión; negocia fecha de las presidenciales con gobierno de Maduro

Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)
Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

La oposición venezolana llamó al gobierno a facilitar las realización de unas elecciones transparentes en el país y denunció una “escalada de la represión” en un nuevo diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro para discutir la fecha de los comicios presidenciales.

El representante de la oposición, Gerardo Blyde, dijo en conferencia de prensa tras las conversaciones de este lunes que ambas partes se han obligado a mantener un clima de paz para que puedan realizarse unas elecciones limpias y transparentes en el país.

"Todo el escalamiento de la represión, que ha venido aumentando, no contribuye en nada a esa paz, y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del acuerdo de Barbados", subrayó Blyde.

El coordinador de la delegación opositora habría hecho alusión, según un reporte de Associated Press, a la acusación de conspiración para presuntamente desestabilizar el país contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero.

El líder opositor dijo que lo que necesita el país es "certeza", y que "no existe ninguna necesidad de estar abriendo a supuestas consultas al mundo entero y a todos los sectores". La certeza en una "seguridad jurídica", que traiga "paz electoral", que trace "un camino y una ruta", y no en "el capricho de quien domine el poder" para determinar que el proceso electoral ocurra "cuando más le convenga".

A finales de 2023, durante las conversaciones en Barbados, las partes acordaron fijar una fecha para las elecciones en el segundo semestre de 2024, pero Maduro ordenó el inicio del proceso de consulta paralelo semanas atrás, destaca un reporte de la agencia de noticias Blomberg.

Mientras, Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno de Maduro, señaló que la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición presentó "un documento muy similar a los que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país".

Rodríguez añadió que se trató de un "documento típico" donde se habla de las condiciones generales de las elecciones, no entraron en detalle. Sobre todos se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas del registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral y de una fecha electoral que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos".

Blyde, por su parte, dijo a los periodistas que los partidos opositores mantienen su participación en el proceso electoral y exigió que se permita la inclusión de todos sus candidatos.

El gobierno de Maduro podría estar dispuesto a hacer algunas concesiones a la oposición para evitar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el Acuerdo de Barbados con Venezuela, tras la ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Zelensky agradece a Guatemala por el apoyo a Ucrania (VIDEO)

El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS
El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, se reunió este sábado con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, en el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, a la que asisten decenas de mandatarios, políticos y estadistas de todo el mundo.

Un parte de prensa de la oficina de Zelensky, asegura que el gobernante ucraniano expresó su gratitud por el encuentro y por el inquebrantable apoyo de Guatemala desde el inicio mismo de la invasión rusa a su país en febrero del 2022.

“Estamos agradecidos a su país y sociedad por el apoyo a Ucrania, nuestra soberanía e integridad territorial. Es importante para nosotros tener una fuerte relación bilateral con Guatemala”, declaró el ucraniano.

Arévalo fue invitado por Zelensky a participar en la inauguración de la Cumbre de Paz Global, pues para Ucrania, destacó Zelensky, es importante “que la representación de los países del mundo en esta importante cumbre sea lo más amplia posible”.

Le informó sobre la manera que está laborando el corredor de cereales en el Mar Negro, a pesar de la negativa rusa de que sea viable.

Ambos mandatarios discutieron la posibilidad de crear centros de almacenamiento de cereales en diferentes regiones del mundo para garantizar la exportación, evitar una crisis alimentaria y garantizar la seguridad del grano a nivel mundial.

Al inicio del encuentro, el presidente de Guatemala dijo que era un honor reunirse con el presidente de Ucrania y le deseó lo mejor al pueblo ucraniano.

Este mismo sábado las autoridades de Guatemala divulgaron informes sobre una reunión de Arévalo con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

El encuentro fue, según un Twitter del gobierno un "productivo intercambio para fortalecer la colaboración en temas de seguridad y estrechar lazos entre ambas naciones".

Arévalo también anunció que la reunión sirvió para "fortalecer los lazos de colaboración en desarrollo económico, gestión migratoria y combate al crimen".

En julio del 2022, el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó Ucrania y se solidarizó con Zelensky y dijo sentirse consternado por el dolor y la devastación que vio en el país europeo.

Cargar más

XS
SM
MD
LG