La falta de atención médica, el deterioro de las condiciones de alimentación y los castigos contra reclusos que denuncian abusos marcaron la situación de las cárceles cubanas durante septiembre de 2026, según un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Camila Rodríguez, directora de la organización, advirtió sobre la gravedad de las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad y sus consecuencias para la salud y la integridad física de los reclusos.
“Estamos hablando de personas que no reciben atención médica oportuna, que enfrentan problemas graves de alimentación y que además pueden ser castigadas cuando intentan denunciar todo lo que está ocurriendo en las cárceles de Cuba”, dijo Rodríguez a Martí Noticias.
De acuerdo con el informe, el CDPC documentó 93 eventos relacionados con personas privadas de libertad durante septiembre, de los cuales 79 implicaron vulneraciones de derechos. Los incidentes se registraron en 34 prisiones, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal de 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
La organización identificó a 72 personas afectadas, cuatro mujeres y 68 hombres. Entre las violaciones más frecuentes estuvieron la negación de atención médica, con 27 registros; las denuncias sobre el estado de salud de los reclusos, con 26; los problemas de alimentación, con 19; las restricciones a las comunicaciones, con 15; y los traslados, con nueve.
Camagüey, La Habana y Mayabeque concentraron la mayor cantidad de registros. Las prisiones Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la cárcel de Quivicán, en Mayabeque, figuraron entre los establecimientos con más denuncias.
Muertes y deterioro de la salud
El informe recoge la muerte de al menos cuatro personas privadas de libertad durante septiembre. Entre ellas, el preso político Florentino Morono Torres, quien falleció el 20 de septiembre en un hospital de Las Tunas, dos días después de sufrir un infarto en su celda, según la documentación citada por el CDPC.
También se reportó el fallecimiento de Reinier Ramírez Domínguez, un preso común que murió en el Hospital Calixto García, en La Habana, 17 días después de recibir una licencia extrapenal. Según el informe, su estado de salud se encontraba gravemente comprometido por la deficiente atención médica que habría recibido durante su reclusión.
En la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer difundió una denuncia sobre las presuntas muertes por hambre de dos reclusos identificados como Denisen Omar Sierra y Abelito. La información también alertaba sobre otros diez presos en estado crítico por falta de alimentación y desnutrición severa. El CDPC indicó que investiga estos casos para determinar la situación de cada uno de los afectados.
Las denuncias sobre alimentos en mal estado, raciones insuficientes y signos de desnutrición se extendieron a centros penitenciarios de varias provincias. El documento también recoge reportes de brotes de enfermedades y plagas, incluidos fiebre y diarrea en Kilo 8, hepatitis en el Combinado del Este, dengue en Nieves Morejón y chinches y tuberculosis en Kilo 7.
Represalias y restricciones a las comunicaciones
El monitoreo también registró agresiones físicas, aislamiento y otras medidas disciplinarias contra reclusos que protestaron o denunciaron sus condiciones de encarcelamiento.
Entre los casos documentados figura el del preso político Roberto Pérez Fonseca, quien habría sido agredido en la prisión de Quivicán por otro recluso señalado como colaborador de la Seguridad del Estado. Tras protestar con consignas antigubernamentales, fue enviado a una celda de castigo, según el informe.
Asimismo, a partir de mediados de septiembre se denunciaron interrupciones de las llamadas telefónicas en varias prisiones, entre ellas Kilo 7 y Kilo 8, Guanajay, Boniato y el Combinado del Este.
La organización también recogió denuncias sobre afectaciones a los vínculos familiares, incluidas restricciones a las visitas y casos de reclusos que llevan meses sin poder ver a sus familiares.
El Estado es responsable de las personas bajo su custodia
Rodríguez subrayó que la profunda crisis económica que atraviesa Cuba no puede utilizarse para justificar las violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
“Aunque en Cuba se está atravesando por una crisis económica muy profunda, no se puede utilizar esta crisis para justificar todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en el interior de las prisiones”, afirmó.
La activista insistió en la responsabilidad directa del Estado cubano sobre la vida y la integridad de todas las personas que mantiene bajo su custodia, independientemente de los motivos de su encarcelamiento.
Camila Rodríguez reiteró el llamado del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas para que mecanismos independientes de supervisión puedan acceder a las cárceles de la isla y verificar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
“Por eso, para todo el equipo de trabajo del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas es importante recordar que el Estado cubano tiene responsabilidad directa sobre la vida y la integridad de todas las personas que mantiene bajo su custodia, independientemente de los motivos por los que estén encarceladas”, afirmó.
Rodríguez insistió en la necesidad de que observadores independientes puedan entrar a las prisiones cubanas, una demanda que, según señaló, se mantiene desde la década de los 80.
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