Derechos Humanos
Decenas de grupos de la sociedad civil se oponen a que Cuba continúe en el Consejo de Derechos Humanos
Decenas de organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana han rechazado en una declaración la recién anunciada candidatura de Cuba como estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el período 2024-2026.
Los firmantes, 21 grupos y 31 activistas, sostienen que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que ha habido un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de estos derechos en Cuba.
Además, recuerdan que en la Constitución de 2019 se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral y que varias de las disposiciones normativas aprobadas luego de la última reforma constitucional son particularmente restrictivas de los derechos humanos, constituyen métodos de control social y desarticulación de la sociedad civil independiente, como son los casos del Código Penal y los decretos leyes No. 370 y 35.
Sobre este aspecto, el expreso político Librado Linares, desde Villa Clara, comentó a Martí Noticias que en el artículo 4 "se habilita a los partidarios del régimen a que cometan todos los desmanes, inclusive, hasta la violencia, en defensa del sistema socialista".
"En el artículo 5, se habilita un solo partido, se convierte al Partido Comunista en el soberano y obviamente no al ciudadano, que es quien debe ser el soberano, también en el artículo 42 hay once prohibiciones de discriminación, sin embargo, no aparece la de por motivos políticos y filosóficos, entonces, por omisión, hay una discriminación, un apartheid en Cuba para los que piensan diferente”, alegó Linares.
Los firmantes de la declaración señalan que cuando el régimen de La Habana se niega a ratificar los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y sus protocolos facultativos, están impidiendo "el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos".
La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, una de las firmantes de este documento dijo a Martí Noticias que “está demostrado que Cuba sí tiene secuestradas a personas, sin poderlas dejar salir, bajo la condición de que no pueden regresar a la isla" y que está demostrado que expresarse libremente "en cualquier situación está censurado por el Gobierno de Cuba".
El activista Manuel Cuesta Morúa, quien reside en la capital de Cuba, fue enfático al declarar que “Cuba no debe repetir dentro del consejo de Derechos Humanos”.
El líder opositor declaró a Martí Noticias que en el tiempo en que La Habana ha sido miembro de dicho Consejo “los derechos humanos en Cuba lo único que hacen es empeorar".
"Incluso, si uno sigue la lógica y la mentalidad del gobierno cubano, de que los derechos humanos deben ir mejorando progresivamente, esta lógica habría que aplicarla a la inversa, ha habido una regresión en el comportamiento del gobierno respecto a los derechos humanos”, indicó Cuesta Morúa.
DECLARACIÓN. Rechazamos la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El pasado 2 de septiembre, autoridades cubanas anunciaron su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el periodo 2024-2026. El gobierno aseguró que respetará los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad. Además, agregó que respaldará iniciativas y mandatos en temas de interés para los países en desarrollo, así como espacios para la genuina y eficaz interacción en esta esfera entre los Estados, la sociedad civil y otros actores. Por ello, cumplirá con las obligaciones adquiridas en virtud de los 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales es Estado parte.
Recientemente, el presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la III cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Jefe de Estado de Cuba ratificó entonces la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos de esta organización sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo.
Sin embargo, las organizaciones que suscriben esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del Examen Periódico Universal de la República de Cuba. Dicho incumplimiento ha ocasionado un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En la Constitución de 2019 se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral.
A esto se suma la no ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Ello impide el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos. Varias de las disposiciones normativas aprobadas luego de la última reforma constitucional son particularmente restrictivas de los derechos humanos, constituyen métodos de control social y desarticulación de la sociedad civil independiente, como son los casos del Código Penal y los decretos leyes No. 370 y 35.
Luego de las protestas de julio del año 2021, aumentó la represión en Cuba. Como consecuencia de esto existen personas detenidas por motivos políticos que fueron juzgadas y sancionadas sin que se hayan cumplido los principios del debido proceso y producto de la falta de independencia de los órganos judiciales. Por otra parte, las más recientes medidas económicas han generado el aumento de la inflación, la pobreza y la desigualdad, sin que el gobierno haya mostrado capacidad de solucionar la crisis actual.
Con base en este orden de cosas consideramos que no hay razones que fundamenten la candidatura de la República de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, las organizaciones y personas firmantes de esta declaración rechazan dicha candidatura.
Organizaciones
Asociación Cubanos Libres en Zaragoza
Asociación Francesa por la Democracia en Cuba
Asociación Pro Libertad de Prensa
C3 Coalición de Cuentapropistas Cubanos
Club de Escritores Independientes
Colectivo +Voces
Compromiso Democrático
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
Consejo para la Transición Democrática en Cuba
Cuba en Familia
Cuba Próxima
Cultura Democrática
D´Frente
Federalismo y Libertad
Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)
Liberty+ Foundation
Mujeres Democristianas
Partido Demócrata Cristiano de Cuba
Red Femenina de Cuba
Solidaridad de Trabajadores Cubanos STC
Transparencia Electoral
Personas
Armando Chaguaceda Noriega
Asuncion Carrillo
Carolina Barrero Ferrer
Daylin Leiva Barceló
Diana Carmen Oseguera Acevedo
Dunia Medina
Elena Larrinaga de Luis
Ileana de la Guardia Fernández
Ileana Pérez Drago
Ivette García González
Jorge Luis Valdés
Jorge Masetti
José Casares Soto
Kirenia Carbonell Dieguez
Librado R. Linares García
María Elena Mir Marrero
María Isabel Puerta Riera
Marthadela Tamayo
Maybelin Ramos
Mayté Suárez Luaces
Miryorly García Prieto
Rafael de Jesús Prada Alfonso
Raimet Martínez Ávila
Ricardo González Alfonso
Sergio Miguel Castillo Díaz
Solveig Font Martínez
Tania Bruguera
Yahima Díaz Barrabes
Yanelys Nuñez Leyva
Yanet Rosabal Navarro
Yoel Armenteros
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Informe mundial señala a Cuba como país con espacio cívico cerrado
La ONG CIVICUS Monitor, que trabaja en coordinación con más de 20 organizaciones internacionales, mantuvo a Cuba entre los países con un espacio cívico cerrado, tras evaluar las políticas públicas, la práctica de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, entre otros requisitos.
En el informe anual "El poder ciudadano bajo ataque 2023", la entidad define el estado del espacio cívico de cada país como abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado, a partir de datos recopilados a lo largo del año por activistas de la sociedad civil, equipos de investigación regionales, índices internacionales de derechos humanos y sus propios expertos.
Ahora mismo hay 28 países o territorios con un espacio cívico cerrado, 50 con un espacio cívico represivo y 40 con un espacio cívico obstruido, lo que significa que 118 de 198 países y territorios analizados en el reporte están experimentando graves restricciones a las libertades fundamentales. En comparación, 43 países tienen un espacio cívico estrecho y sólo 37 tienen una calificación abierta.
En el caso de Cuba, la ONG concluye que además de presionar constantemente a la sociedad civil independiente, las autoridades cubanas usaron tácticas de acoso y vigilancia para repimir a los opositores.
Civicus Monitor citó como ejemplo que hubo 134 acciones represivas en septiembre, durante la cumbre en Cuba del G77 más China.
Hasta el año 2021, en el informe de Civicus Monitor, sólo Cuba estaba en la categoría de país cerrado en el continente americano.
En el análisis del 2023, la ONG incluye a Venezuela y Nicaragua entre las naciones donde hay consecuencias severas cuando la sociedad civil expresa su disenso, y prevalece la impunidad ante el acoso a los activistas.
"Actualmente, casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados. Este es el porcentaje más alto desde 2018, cuando CIVICUS comenzó a investigar sistemáticamente las condiciones del espacio cívico en todo el mundo. Así, el porcentaje de la población que vivía en países cerrados aumentó del 26% en 2018 a 30,6% en 2023. Estos datos señalan una crisis en el espacio cívico, subrayando la imperante necesidad de unir esfuerzos inmediatos a nivel global para revertirla", indicó el reporte.
Trasladan de cárcel a preso político que convocó a huelga de hambre
Las autoridades penitenciarias trasladaron a la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, al preso político guantanamero Eider Frómeta Allen como medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendían realizar un grupo de reos el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos.
El cambio ocurrió tras ser incautadas por oficiales del Combinado de Guantánamo unas cartas en las que los presos convocaban a los reclusos de otras cárceles a llevar a cabo una huelga de hambre el 10 de diciembre, explicó a Martí Noticias, la madre del preso político, Griselia Allen, residente en la ciudad de Guantánamo.
“Ellos iban a hacer una huelga general por el día 10. Mandaban a decir algo sobre eso, algunas instrucciones y al muchacho (con el que iban a sacar al exterior las cartas) se las cogieron. Eso fue el 29 de noviembre, dice que se formó tremendo ‘revolcón’ allá dentro. Empezaron a mover presos de piso y a sacar para otros lugares”, afirmó la señora.
“Eider me llamó el viernes y me dijo que lo habían ‘deportado’ para Santiago de Cuba, como un castigo. Le dijeron que como medida de seguridad”, denunció.
Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Frómeta Allen extingue una sanción de ocho años y medio de privación de libertad, de los que ya ha cumplido un poco más de la mitad, pero el Tribunal de Ejecución negó el cambio a un régimen de menor rigor al opositor encarcelado, una decisión que, en la práctica, es determinada, por las autoridades del establecimiento penitenciario y el Ministerio del Interior, según han advertido abogados independientes.
La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que había hecho. Tiene que readaptarse a las condiciones del nuevo centro, pero para su familia es un castigo indirecto: Frómeta Allen fue trasladado a una prisión situada a más de 80 kilómetros de su hogar.
“Ahora es más difícil porque me queda a dos horas de viaje y el transporte está pésimo. Tendría que coger un carro particular que, el que menos, me cuesta 500 o 600 pesos. Tengo que ver cómo yo puedo llegar hasta allá”, lamentó la mujer.
La recepción de “la jaba”, en la que los familiares llevan a sus presos alimentos y productos de aseo, es de vital importancia en Cuba ya que el Estado no provee los necesarios suministros para satisfacer las necesidades básicas de los recluidos.
“No tengo a nadie allá, no tengo donde preparar el almuerzo que le llevo. Tengo que prepararlo desde aquí desde mi casa”, agregó la madre del preso político.
“Con las medicinas, sobre todo de la presión, una las compraba en el mercado negro y se las llevaba a la cárcel, pero ahora no sé cuántas veces podré viajar allá”, afirmó.
Esta semana la supervisora del Centro de Derechos Humanos en Cuba, Martha Beatriz Roque Cabello, habló a Martí Noticias sobre la situación de Frómeta Allen, preso desde el 2019 y sus múltiples cambios de prisión.
La opositora dijo que al residente de Guantánamo lo tenían encarcelado en el penal de Kilo 8, en Camagüey; recientemente fue trasladado para el Combinado de Guantánamo, pero hace seis días lo sacaron de allí y fue enviado para el penal de Boniato, en Santiago de Cuba.
Robles ya lleva tres años preso por levantar un cartel exigiendo libertad y el fin de la represión en Cuba (VIDEO)
El pasado 4 de diciembre marcó el tercer aniversario del encarcelamiento de Luis Robles Elizastigui, preso político por expresar sus opiniones de manera pacífica en La Habana.
Caminó solo, portando un cartel que exigía la libertad de Denis Solís, un rapero del Movimiento San Isidro que estaba encarcelado por esos días, "No + represión" y "LIBERTAD". El video del joven caminando por el bulevar de San Rafael se hizo viral porque al momento de su detención fue defendido por una gran cantidad de personas que intentaron evitar que se lo llevaran detenido.
La madre de Robles, Yindra Elizastigui, en una conversación con Martí Noticias, recordó un hecho ocurrido poco después de su arresto pero también el impacto que su ausencia ha representado para la familia.
Las declaraciones de un oficial de la Seguridad del Estado, insinuando que Robles estaba en el “lugar y momento equivocado”, reflejan la posición de las autoridades sobre su detención.
Yindra Elizastigui afirmó que esas palabras insinuaban un castigo ejemplarizante y no una justificación legítima para la encarcelación de su hijo durante tres años.
Condenado en 2022 a cinco años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, Luis Robles ha enfrentado hostigamiento por parte de las autoridades en el Combinado del Este, la prisión de alta seguridad en La Habana. Esta situación ha afectado a su familia, especialmente a su hijo de tan solo cuatro años.
La madre de Luis Robles explicó que ha experimentado problemas de salud a raíz de la situación de su hijo, desarrollando diabetes, hipertensión y complicaciones cardíacas.
El preso político, de 31 años de edad, mantenía que su protesta no estaba vinculada a ninguna organización opositora, sino que fue una expresión independiente de su frustración ante la injusticia y la represión en su país.
La familia de Luis Robles Elizastigui sigue abogando por su liberación y por el respeto a sus derechos fundamentales.
Yindra Elizastigui enfatiza que no descansará hasta que su hijo recupere la libertad que le fue arrebatada.
Casi un centenar de reos enfermos en Melena del Sur y sin atención médica, denuncia madre de preso político
Casi un centenar de reos se ha enfermado en una prisión de Melena del Sur, Mayabeque, tras beber agua contaminada, denunció a Martí Noticias, Zenaida Licea, madre del preso político Manuel Velázquez Licea.
“Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es en el agua”, apuntó Licea quien explicó que en el penal Melena II, donde se encuentra su hijo, “hay más de 90 presos con esa enfermedad”.
“Toda el agua está contaminada; no tienen agua ni para bañarse. El agua se la buscan de una cisterna, el agua que le baja a ellos es un agua ‘zurrapienta’, ‘blancusia’, y así mismo tienen que tomársela, porque no hay agua limpia ahí”, detalló la madre del integrante del movimiento "Opositores por una Nueva República".
“Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena II (…) que se la llevan en pipas, en una cisterna, pero contaminada. Entonces, he tenido que llevarle agua hasta que le alcance”, dijo.
Manuel Velázquez recibió la visita de un médico especialista “por el problema de la fiebre y el dolor en las articulaciones y le mandaron el ‘Rocephin’ (antibiótico) porque aquí no hay y eso es a nivel de hospital y así, lleva más de dos semanas enfermo. Ahí hay más de 90 presos así mismo”, reiteró Licea.
La señora asegura que el especialista le dijo que, si lograban conseguir el antibiótico “por otra vía", su hijo sería ingresado en el hospital para recibir el medicamento.
En su denuncia, reiteró que el opositor es víctima de persecución: "¿Usted sabe lo que es ese niño enfermo y que a la una de la mañana, lo estén llamando para darle requisa, para estarlo registrando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo, a ver qué es lo que está haciendo?”.
“Están todos flacos, flacos e imagínate, aquello es una tos, una tos y no tienen medicamentos. Allí la alimentación, pésima, a esos niños lo que les dan de almuerzo es una ‘agüita’ de arroz y ya, allí no hay alimentación ninguna”, concluyó Zenaida Licea.
El pasado mes de mayo, Vázquez Licea, junto a otros 13 prisioneros políticos cubanos en distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y libertad para todos los presos políticos
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Muerte de preso político 11J entre cientos de violaciones cometidas en el contexto del examen de derechos humanos a Cuba
Mientras el régimen cubano era sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registraba al menos 300 acciones represivas cometidas en la isla.
De acuerdo con dicho reporte, las autoridades represivas cubanas ejecutaron más de 85 detenciones arbitrarias y cometieron 83 incidentes de abuso contra presos políticos. También, “predominaron los sitios de viviendas de activistas y opositores, amenazas, citaciones policiales, juicios y multas”.
Desde Madrid, España, donde tiene su sede el OCDH, Yaxis Cires, director de Estrategia de la ONG, dijo a Martí Noticias que es significativo "que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en el que el régimen cubano fue analizado por Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos”.
Cires hizo énfasis en que durante esta “revisión”, el régimen de La Habana recibió “una fuerte crítica de la comunidad internacional por las grandes violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla y, también, en el mes en que visitó (Cuba) el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor (Eamon) Gilmore”.
OCDH destaca en el informe la muerte del prisionero político Luis Barrios Díaz, quien falleciera a causa de negligencias por parte de las autoridades del penal 1580, ubicado en la localidad capitalina de San Miguel del Padrón, donde cumplía una condena de nueve años por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Arroyo Naranjo.
“Estamos denunciando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrios, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento en que tenían que hacerlo. Desde agosto, la familia estaba denunciando la situación que presentaba (Barrios) desde el punto de vista respiratorio y lo llevaron al hospital para ser tratado, ya cuando poco podían hacer los médicos”, puntualizó Cires.
“Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen”, concluyó.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
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