Cuba
13 cubanos en el reporte anual de Human Rights Watch
La organización vigilante del cumplimiento de los derechos humanos Human Rights Watch lanzó este jueves su Informe Mundial 2019.
En la 29ª edición del Informe Mundial el grupo analizó las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.
El reporte sobre Cuba tuvo en cuenta las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos de corta duración, la libertad de expresión, los presos políticos, las restricciones a la posibilidad de viajar, las condiciones en centros de detención, los derechos laborales, los defensores de derechos humanos, la orientación sexual e identidad de género y los actores internacionales clave:
A continuación reproducimos íntegramente el informe "Cuba: eventos 2018":
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.
El 19 de abril, tomó posesión en Cuba un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro. Castro continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional.
El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional, que está previsto sea sometida a referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. La nueva constitución, que reemplazaría a la adoptada en 1976, eliminaría el objetivo de “edificar la sociedad comunista”, pero mantendría el reconocimiento del Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2018, y entre enero y agosto fue de 2.024. Esto supone una reducción del 45% respecto de los 3.706 casos informados en ese mismo período en 2017.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
En marzo, el ex preso político Iván Hernández Carrillo informó haber sido golpeado con violencia y detenido cuando intercedió para que no detuvieran a su madre, Asunción Carrillo, integrante de las Damas de Blanco, en el momento en que ella salía de su casa para ir a misa. Hernández dijo haber sido acusado —tras gritar “¡Abajo Raúl Castro!”— y multado por “desacato a la figura del máximo líder”. Los Carrillo fueron liberados ese mismo día.
El 3 de agosto, el disidente José Daniel Ferrer, quien fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011—al ser liberado tras ocho años en prisión— fue detenido junto con el activista Ebert Hidalgo y acusado de “asesinato en tentativa” cuando el automóvil que conducía atropelló a un funcionario del Ministerio del Interior. Diversos activistas han señalado que los cargos son una farsa, y varios testigos sostienen que el funcionario se arrojó delante del automóvil deliberadamente, y que inmediatamente después se puso de pie y se alejó en su motocicleta. Al ser liberado, 12 días más tarde, Hidalgo señaló haber sido sometido a torturas psicológicas y retenido en condiciones severas en una celda oscura y sucia.
En septiembre, la disidente Arianna López Roque fue detenida por un corto lapso tras haber quemado una copia del nuevo proyecto constitucional. López indicó que se le han imputado los delitos de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato, y que un funcionario amenazó con tomar represalias contra su esposo, que actualmente está encarcelado.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios webs dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades. Se siguen aplicando las leyes de desacato contra opositores.
El 30 de enero, la periodista Iris Mariño García, que trabaja para el medio La Hora de Cuba, fue acusada penalmente por ejercicio del periodismo sin habilitación. El director del medio indicó que una mujer acusó a Mariño de haberla entrevistado en la calle y que, cuando la policía interrogó a Mariño, los agentes se enfocaron en las encuestas de opinión que realiza el periódico, lo cual evidencia la motivación política detrás de su detención. Mariño fue detenida nuevamente cuando intentó tomar una fotografía de la manifestación de trabajadores del 1ero de mayo. Fue llevada a una dependencia policial e interrogada.
En julio, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, cuyo trabajo se publica en el sitio de noticias Cubanet, permaneció detenido e incomunicado por 58 horas. La policía allanó su vivienda y confiscó sus computadoras, teléfonos y otros artículos.
En abril de 2018, el presidente Díaz-Canel firmó el Decreto 349, que se espera entre en vigor en diciembre de 2018, en el que se establecen restricciones amplias e imprecisas a la expresión artística. La norma establece que no se permite la “prestación de servicios artísticos” en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Quienes contraten o realicen pagos a artistas por servicios artísticos que no tuvieran la correspondiente autorización podrán ser objeto de sanciones, al igual que los propios artistas. El decreto prevé distintas sanciones, como multas, el decomiso de materiales, la cancelación de eventos artísticos y la revocación de licencias. Diversos artistas independientes locales se han manifestado en contra del decreto. El 11 de agosto, miembros de la policía detuvieron y golpearon a Luis Manuel Otero Alcántara y al menos a otros tres artistas cuando intentaban organizar un concierto contra el decreto, según se informó en los medios.
Presos políticos
En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que había en Cuba 120 presos políticos, incluidos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.
El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, seguía en prisión al momento de redacción del presente. Cardet, a quien se había amenazado con la posibilidad de prisión por apoyar la campaña “Un cubano, un voto”, fue condenado en marzo de 2017 a tres años de prisión. Hasta agosto de 2018, se encontraba encarcelado en régimen de aislamiento y se le negaban las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono. Las autoridades señalaron que las visitas familiares “no estaban contribuyendo a la reeducación”.
En mayo, el exprofesor de biología y consumado ambientalista Dr. Ruíz Urquiola fue condenado a un año de cárcel por “desacato” a un guardia forestal. Inició una huelga de hambre durante el encarcelamiento. En julio de 2018, se le concedió la libertad condicional por motivos de salud. En agosto de 2018, denunció irregularidades en la gestión de su caso y la aplicación de restricciones a la posibilidad de viajar.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que en 2003 se implementaron reformas sobre viajes, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, y en reiteradas oportunidades las autoridades les han negado la salida a personas que expresan disenso.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
En abril, a las disidentes y defensoras de derechos humanos Dulce Amanda Duran, Roseling Peñalvar y Wendis Castillo se les prohibió viajar a Lima para un encuentro de la sociedad civil. A Castillo, defensora de derechos humanos y miembro del Movimiento Dignidad, también se le había prohibido viajar en noviembre de 2017, cuando intentó tomar un vuelo a Lima para participar en una conferencia sobre corrupción y derechos humanos en América Latina.
En julio de 2018, René Gómez Manzano, un conocido disidente que había sido encarcelado varias veces, fue interceptado en el aeropuerto antes de abordar un avión para asistir a un encuentro de derechos humanos en Montevideo. Los agentes le informaron que no estaba autorizado a viajar.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de la atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
El 9 de agosto, Alejandro Pupo Echemendía falleció mientras se encontraba bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, siendo investigado por un supuesto delito vinculado con una carrera de caballos. Los familiares dijeron que su cuerpo presentaba signos de haber sufrido una violenta golpiza, mientras que las autoridades afirman que se arrojó él mismo contra una pared y falleció de un paro cardíaco. Hubo señalamientos de que familiares y testigos fueron coaccionados para que se retractaran de sus declaraciones iniciales y confirmaran la versión oficial.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
Orientación sexual e identidad de género
Luego de protestas, el gobierno cubano decidió eliminar del proyecto de nueva constitución algunas disposiciones que habrían redefinido al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
Actores internacionales clave
En noviembre de 2017, EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. Asimismo, Estados Unidos votó contra una resolución de las Naciones Unidas que condena el embargo estadounidense contra Cuba, lo que supone un cambio radical respecto de su abstención en 2016.
En marzo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana y no se les permitió entrar al país. Habían llegado en avión a Cuba para recibir un premio en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro conformado por 37 ex presidentes y jefes de Estado.
En abril de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, criticó la elección de Díaz-Canel y se refirió a esta como “un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico-familiar”. “Se llama dictadura”, agregó.
En enero de 2018, la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se reunió en La Habana con autoridades cubanas para acelerar la implementación de su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El 15 de mayo, la UE y Cuba celebraron la primera reunión a nivel ministerial del Consejo Conjunto en Bruselas.
Cuba es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, ya que fue reelecta para el período 2017-2019.
[Informe de Human Rights Watch]
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Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Rescatan a tres balseros cubanos en las costas de México y EEUU devuelve a otros 23 interceptados este fin de semana
Tres balseros cubanos fueron rescatados esta semana a varias millas de la costa de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán.
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Marina, se trata de tres hombres que estaban a la deriva y fueron rescatados por unos pescadores locales.
Las altas temperaturas de los últimos días habían provocado deshidratación a los cubanos, cuya embarcación estaba a punto de voltearse.
Tras recibir la atención médica correspondiente, los migrantes fueron atendidos por oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) para "continuar con los trámites de su situación legal en territorio" mexicano.
El rescate de los tres balseros ocurre apenas unas semanas después de que otro grupo de migrantes de la isla fuera encontrado con graves signos de deshidratación después de más de un mes en altamar, mientras buscaban llegar a Estados Unidos. Junto a ellos viajaban otros cuatro cubanos que fallecieron en alta mar.
Los gobiernos de Cuba y México se reunieron este martes, en La Habana, para abordar la grave crisis migratoria que afecta a la isla. En el encuentro participaron el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío y la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores Laura Elena Carrillo Cubillas.
Recientemente los presidentes de México, Andres Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron un grupo de medidas para reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera.
"A corto plazo, los dos líderes ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos", detalla el comunicado sobre el encuentro.
De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por el gobierno mexicano, la migración irregular interceptada en el país se ha triplicado en el primer trimestre del año alcanzando las 360.000 personas.
Entre enero y marzo las autoridades detectaron a 359.697 "personas en situación migratoria irregular", un incremento de 199,68 % frente a las 120.029 del mismo periodo de 2023.
El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 89.718 registrados, seguido por Honduras (37.323), Ecuador (36.956), Guatemala (36.934), Colombia (21.534), Nicaragua (18.711), El Salvador (17.720), Haití (16.791) y Cuba (10.464).
EEUU devuelve a Cuba más de una veintena de balseros interceptados en el mar
Este martes, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG por sus siglas en inglés) repatrió a la isla un grupo de 23 balseros cubanos que fueron interceptados el pasado fin de semana en dos operaciones cerca de los Cayos de Florida.
Se trata de 20 hombres y 3 mujeres que salieron por Cárdenas y el Mariel.
El Ministerio de Interior (MININT) indicó que en lo que va de año han ocurrido un total de 39 devoluciones con 545 personas desde distintos países.
“Tres de los devueltos se encontraban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar el país y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación del beneficio. Otros dos fueron trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos”, precisó la televisión cubana.
Sólo a Estados Unidos han llegado más de medio millón (538,670) de migrantes cubanos desde diciembre de 2021, según cifras oficiales.
La estampida de los últimos dos años es mayor que la crisis migratoria del Mariel, en la década de los 80 (130.000), y la de los balseros en 1994 (35.000).
Turista rusa gasta cerca de un millón de rublos en Cuba en 16 días: “No quiero volver”
Dieciseis días en Cuba le costaron a una turista rusa cerca de un millón de rublos y, luego de la experiencia, la mujer asegura que no quiere regresar.
Elena Liseykina contó en su blog "Viajar con una cámara" algunos de los obstáculos que enfrentó en la isla.
"A diferencia de los países normales, donde primero recibes un servicio y luego lo agradeces, en Cuba primero tienes que desembolsar unos dólares y luego esperar tener una toalla limpia en tu habitación. O no aparecerá", detalló.
Antes de irse de vacaciones, Liseykina valoró la opción de los particulares pero se dio cuenta que el gasto sería aún mayor. Entonces compró un paquete en un hotel todo incluido, donde ni siquiera disponía de agua caliente para hacer el te.
Cuba y su apuesta por el turismo ruso
El régimen de La Habana ha apostado por los rusos para fortalecer el sector turístico internacional, considerado como la “locomotora de la economía” en la isla pero que no ha logrado recuperarse tras la pandemia del coronavirus.
Entre enero y marzo de este año Cuba recibió 43 mil turistas rusos, según estadísticas oficiales. Cristina León, consejera de Turismo de la embajada de la isla en Moscú, dijo en abril pasado que el país estaba listo “para recibir al menos 200 mil huéspedes rusos" en 2024.
Rusia logró establecer líneas directas con los principales aeropuertos de los polos turísticos cubanos y este año se ha propuesto llegar “a 20 vuelos semanales”.
En 2023 arribaron al país 2.436.979 de turistaas, una caída de 43% del arribo de turistas al país en comparación con la alcanzada en 2019, que fue de 4.275.561.
Aunque Rusia representa un mercado importante, el país que más turistas aportó fue Canadá en ese periodo fue Canadá, con un total de 936.436. Este año el comportamiento es similar.
Las críticas de los turistas canadienses son cada vez más frecuentes
En las últimas semanas la prensa canadiense ha publicado varios testimonios de ciudadanos de ese país con malas experiencias en la isla. Uno de los casos más dramático fue el de Faraj Allah Jarjour.
El hombre, de origen sirio y residente en Canadá, falleció el pasado 22 de marzo durante unas vacaciones en Varadero. Sus restos fueron localizados en Rusia un mes después.
La familia, que pagó diez mil dólares para la repatriación del cuerpo, denunció lo ocurrido en medios locales tras recibir los restos de un ruso, unos 20 años menor.
Este año, el gobierno de ese país envío una alerta a sus ciudadanos. "Tenga mucho cuidado en Cuba", dijeron en un comunicado en el que detallan algunos de los riesgos a los que se enfrentan los turistas cuando viajan a la isla.
"Asegúrese de que sus pertenencias personales, incluido su pasaporte y otros documentos de viaje, estén seguras en todo momento. No lleves objetos de valor en su equipaje facturado, evite mostrar signos de riqueza, mantenga los dispositivos electrónicos fuera de la vista", explicaron.
En el documento hicieron referencia a las estafas, robos de tarjetas de créditos y a los servicios y productos multados. "Confirma siempre los precios antes de consumir o contratar un servicio. Las disputas sobre cobros excesivos pueden conducir a la violencia".
Instan al gobierno español a condenar la política represiva del régimen cubano
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó la Proposición no de Ley relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las «misiones de colaboración en el exterior de Cuba», presentada por el Grupo Parlamentario Popular y auspiciada por la organización Prisoner Defenders.
Con 18 votos a favor y 17 en contra, el texto aprobado insta al Gobierno español a:
1. Condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
2. Exigir al Gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión.
3. Manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
4. Condenar las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior.
5. Solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares, para que lo puedan hacer en plenas garantías de libertad y sin represalias.
De acuerdo a Prisoners Defenders, la cifra de presos políticos cubanos ascendió a 1,092 hasta el 31 de marzo de 2024.
Al presentar la iniciativa, Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular, recordó la política restrictiva por ideología del régimen y subrayó las condiciones de trabajo forzado de los cubanos destacados en misiones internacionales que incluyen la prohibición de relacionarse con la población local, el toque de queda, la retención del pasaporte y la penalización a los que abandonan sus funciones.
Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y miembro del grupo plurinacional Sumar, pidió que se rechazara la PNL y, en su lugar, votar a favor de su enmienda en que pedía el levantamiento del bloqueo y de “las sanciones ilegales a Cuba”.
Respecto a las misiones médicas cubanas, Santiago argumentó que el involucramiento en misiones internacionales es voluntario, pero encontró respuesta en la voz de Alberto Asarta, del grupo de Vox: “aunque la participación en las misiones de internacionalización cubanas es oficialmente voluntaria”, muchos se sienten presionados y temen represalias si no las aceptan.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders se mostró satisfecho con el resultado de la votación.
“Han sido meses de arduo trabajo de todos los implicados para retratar al régimen sátrapa y esclavista de Cuba, que no es más que hacer una mínima justicia con la gravedad de sus actos. Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que han condenado la represión contra los manifestantes del 11 de julio, hoy prisioneros políticos del régimen que son sistemáticamente torturados, así como el trabajo forzoso que caracteriza a las misiones de médicas cubanas y lamentamos que la izquierda parlamentaria sigue insistiendo con el bloqueo, embargo o sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Cuba, cuando lo que se estaba debatiendo es la esclavitud y la represión de un Estado contra su propio pueblo. La política exterior de otro Estado puede ser objeto de debate, pero la represión de un gobierno contra su propio pueblo no puede soslayarse bajo ninguna excusa”, apuntó Larrondo.
Aunque las PNL no son vinculantes en el ordenamiento jurídico español, sirven para fijar posiciones de la cámara.
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