La organización de asesoría legal Cubalex solicitó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas que mantenga abiertas las acciones urgentes relacionadas con seis sobrevivientes del operativo realizado el 25 de febrero de 2026 en las inmediaciones de Cayo Falcones, en la provincia cubana de Villa Clara, al considerar que la respuesta presentada por el Estado cubano no esclarece aspectos fundamentales sobre el caso ni aporta pruebas documentales que respalden sus afirmaciones.
En un escrito remitido al Comité, Cubalex sostuvo que la información enviada por las autoridades cubanas carece de documentos que permitan verificar datos sobre la suerte, el paradero y la situación jurídica de los afectados.
El caso hace referencia al operativo en el que una embarcación con matrícula del estado de Florida fue interceptada por fuerzas cubanas cerca de Cayo Falcones. Cuatro personas murieron durante la operación y una quinta, el cubanoamericano Roberto Álvarez Ávila, falleció posteriormente a causa de las heridas sufridas, según la información disponible.
La organización recordó que presentó las solicitudes de acción urgente en marzo de 2026, después de que familiares y representantes legales denunciaran que durante varios días no lograron obtener información oficial sobre el paradero ni el estado de salud de los sobrevivientes, pese a realizar consultas en hospitales, estaciones policiales y otras instituciones estatales.
En sus observaciones, Cubalex cuestionó que el Estado cubano describió el incidente como una “agresión armada” y una “infiltración terrorista”, argumentando que el asunto no corresponde al ámbito de las desapariciones forzadas. Sin embargo, la organización afirmó que esa calificación “no justifica la incomunicación de las personas detenidas, el ocultamiento de su paradero, la ausencia de registros oficiales, la restricción del acceso a la defensa, la falta de atención médica adecuada o una muerte bajo custodia sin una investigación efectiva”.
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