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Cuba

Odisea cubana tras salir de un albergue

El 60 % de las viviendas en Cuba están en regular o mal estado (Yusnaby)
El 60 % de las viviendas en Cuba están en regular o mal estado (Yusnaby)

La estancia en un albergue en Cuba puede durar de diez a veinte años y al final la vivienda "asignada" puede que no esté terminada, sin puertas y tuberías defectuosas, pero prefieren esas condiciones a vivir en un albergue.

Después de más de veinte años esperando en un albergue que el Gobierno cubano le asignara una vivienda, Teresa Hermán, de 74 años, se llevó "una gran decepción" cuando se trasladó a su nuevo hogar: "Estaba sin acabar, el piso (suelo) sin tirar, la cocina y el baño sin azulejos".

Teresa, su hija, nieta y bisnieta son una de las 1.100 familias que han obtenido una vivienda desde que se puso en marcha en 2013 un programa para la construcción de 13 asentamientos en La Habana para personas sin recursos que necesitan un hogar en la capital y que son más de 132.600 según datos oficiales.

Muchas de estas personas han vivido durante diez o incluso veinte años en albergues o "comunidades de tránsito", a la espera de que el Estado les entregue una vivienda.

A principios de este año, la familia de Teresa se trasladó a la urbanización del distrito habanero de Marianao, el único de esos 13 asentamientos totalmente terminado y enteramente asignado a familias de escasos recursos, aunque vio con tristeza cómo el ansiado hogar que llevaba dos décadas esperando no cumplía con sus modestas expectativas.

Tanto Teresa como sus vecinos se quejaron a Efe de las "malas condiciones" de las casas, entregadas sin pintar, sin puertas, con baños y cocinas sin alicatar, suelo de mortero (cemento), sin línea telefónica y con las tuberías defectuosas, problemas que algunos han solventado poco a poco asumiendo los gastos de las mejoras.

En Cuba el fondo habitacional asciende a más de tres millones de inmuebles, de los que casi un 40 % está en mal estado, mientras el déficit general se calcula en unas 600.000 casas.

Las casas se han levantado bajo el concepto de viviendas económicas, por las que el Estado garantiza las "condiciones mínimas de funcionalidad y habitabilidad", explicó al diario oficial "Granma" uno de los responsables de este plan del Ministerio de Construcción.

"Desde que llegué aquí, he tenido que hacer una serie de arreglos e inversiones, cuando en realidad no tengo ni donde caerme muerta", lamentó Teresa.

Esa queja es generalizada en la urbanización de Marianao, según constató Efe, y la mayoría de los vecinos no se pueden permitir ni siquiera los gastos necesarios para acondicionar mínimamente su nuevo hogar. "Yo todo lo que he podido hacer es pasarle una manita de pintura a las paredes, que eran todo cemento", cuenta Daylenis Serrano, mujer jubilada que vive con su marido y su padre enfermo, después de haber pasado 23 años en un albergue.

Daylenis confiesa que la alegría de tener por fin un hogar quedó empañada a los tres días de la mudanza, cuando se le atascó todo el sistema de tuberías y desagües de la casa, que quedó inundada de aguas residuales. La mujer, que padece asma y ha sufrido dos infartos cerebrales, afirma que esas condiciones de insalubridad han agravado su salud: "Desde que vivo aquí no he salido del hospital. Cogí una infección de garganta y un hongo en el oído producto del polvo que se levanta por el suelo de cemento", explica.

Otro motivo de malestar entre los vecinos es el régimen de ocupación de la vivienda, ya que según dicen el Estado les prometió una vivienda en propiedad, sin embargo se las han asignado en concepto de "arrendamiento permanente". "Eso quiere decir que la casa nunca será mía y la voy a tener que pagar hasta que me muera", lamenta Alexis Cruz, un hombre de 70 años que vive con su madre, de 91 años y con una discapacidad física.

la alegría de tener por fin un hogar quedó empañada a los tres días de la mudanza, cuando se le atascó todo el sistema de tuberías y desagües de la casa, que quedó inundada de aguas residuales.

Según el testimonio de los vecinos, el precio del alquiler mensual por una casa de dos habitaciones es de 43 pesos cubanos (1,8 dólares), y de 55 (2,2 dólares) en el caso de una de tres dormitorios. Algunas de estas familias viven de exiguas pensiones que rondan los 200 o 300 pesos cubanos (entre 8 y 12 dólares), por lo que el pago de estos costes implica un esfuerzo titánico para cubrir sus necesidades.

A pesar de las dificultades, la mayoría de los vecinos están satisfechos de tener por fin un hogar, después de las "pésimas condiciones" en las que han vivido durante años en las llamadas "comunidades de tránsito", más conocidas como albergues. Además de las 1.100 viviendas sociales ya entregadas en La Habana entre 2013 y 2014, el Ministerio de la Construcción tiene previsto edificar otras 1.480 casas para 2015.

En la concesión de las viviendas se da prioridad a aquellas personas que llevan residiendo en las "comunidades de tránsito" más de 20 años, a quienes habitan inmuebles en estado crítico o tienen alguna discapacidad.

El objetivo es que para 2016 no queden en los albergues de tránsito familias con más de diez años de permanencia.

La vivienda es uno de los principales problemas sociales de Cuba, donde el fondo habitacional asciende a más de tres millones de inmuebles, de los que casi un 40 % está en mal estado, mientras el déficit general se calcula en unas 600.000 casas.

Para paliar la situación, en 2010 el Gobierno abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, además de impulsar un plan de créditos y subsidios para reparar edificios el año pasado.

En noviembre de 2011, se dio luz verde a la compraventa de viviendas entre particulares, una posibilidad prohibida durante décadas y que ha sido una de las medidas más populares del plan de reformas emprendido por Raúl Castro, para "actualizar" el modelo económico socialista de la isla.

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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)

Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.

Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.

La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.

El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.

La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.

La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.

Los Santos de Hialeah
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Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano

Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)
Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)

Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.

Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.

Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.

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En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.

Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.

Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.

Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.

El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.

Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.

Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos

Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.
Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.

El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.

La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.

“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".

"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.

Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.

De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.

Activistas y familiares denuncian las críticas condiciones que sufren los presos en las cárceles.
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También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.

Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.

En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.

"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.

Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo

En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)
En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)

Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).

La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.

Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.

Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.

"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.

La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.

Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.

"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo

Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR
Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR

El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.

El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.

“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.

El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.

“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.

La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:

“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.

“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.

No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.

En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.

En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.

Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.

“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.

Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.

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