Inspirada en “el legado” del dictador cubano Fidel Castro y con una fuerte carga ideológica, la Ley de Comunicación Social fue aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, durante sesión extraordinaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación social para el desarrollo del país”, declaró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, presente en los debates, y agregó que “el largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”.

La prensa oficialista y sus representantes han acogido la noticia con júbilo. La teórica y diputada Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), comentó al medio oficialista Cubadebate que la aprobación de la Ley de Comunicación Social fue “un día histórico”, debido a que en Cuba no existía una norma similar que ordenara el sistema de comunicación desde hacía más de medio siglo.

“Vamos a tener la primera Ley de Comunicación derivada de la Constitución directamente y, además, de una Constitución socialista. A mi juicio, eso no sólo es histórico, porque va a producir eso en Cuba, sino que es mucho más importante y trascendente fuera del ámbito de la geografía nacional”, expresó.

Para Elizalde, quien también fue fundadora de Cubadebate y su Editora Jefa hasta 2017, la cubana es “la primera ley de comunicación de América Latina que integra los distintos sistemas que coinciden dentro del ámbito comunicacional”, al coordinar a todos los actores de la comunicación. “Eso es muy relevante y pone a Cuba a la vanguardia en este tipo de diseño de ley”, dijo.

Sin embargo, donde Elizalde percibió una virtud, la periodista y profesora cubana Iliana Medina percibió una debilidad: “El problema de cualquier ley cubana, y de esta Ley de Comunicación, específicamente, parte de esa Constitución aprobada en 2019, que en el Artículo 1 recoge que Cuba es, por definición, un ‘Estado Socialista’; en el Artículo 4, que ‘la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano’; en el Artículo 5, que ‘el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista-leninista... es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado’; en el Artículo 13-g, que la función del Estado es ‘afianzar la ideología inherente a nuestra sociedad socialista’, y así, sucesivamente”.

“En este contexto, hablar de la Ley de Comunicación casi que daría risa, si no fuera por lo grave que es la situación de pobreza y falta de libertades en que malviven nuestros compatriotas. Esta ley, como todas las demás, y la Constitución misma, y todo el lenguaje que de facto utilizan los medios de comunicación estatales de Cuba, es un intento falaz de manipular y disfrazar conceptos que se usan en los países democráticos, como democracia, participación y transparencia, pero que no tienen ningún sentido si no se parte del principio básico de pluralidad política. Allí son puros eufemismos, palabras huecas”, aseguró Medina desde Tenerife, España, donde reside.

Desde la isla, el periodista y escritor Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba, tampoco recibió con entusiasmo la normativa. “Esto es una extensión de una ley mordaza que ellos han profundizado luego de su experiencia con el 11J (11 de julio), que fue gracias a las redes sociales, y ellos lo tienen claro”, dijo a Martí Noticias.

Rodríguez también opinó que la normativa busca arremeter, principalmente, contra la sociedad civil, los cubanos de a pie, y los perfiles de humoristas e influencers que ridiculizan con memes y otros contenidos a los dirigentes comunistas cubanos y sus políticas. “Al ellos perder el control de la narrativa de lo que pasa en Cuba, están intentando amedrentar con este tipo de ley”, agregó.

La versión 34 del proyecto, que se publicó a comienzos de mayo de este año, revela desde sus fundamentaciones una explícita subordinación a los intereses del Partido Comunista de Cuba, al considerar que la comunicación social contribuye a “fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria”, en un escenario “de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana”.

“El Proyecto, primero que sobre esta materia se promueve en el país, se inspira en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución, se nutre de la práctica cubana en este campo y constituye un texto teórica y conceptualmente fundamentado que distingue a las personas y su acción transformadora como centro de los procesos de comunicación social”, sostiene más adelante.

Sus 64 páginas, compuestas principalmente por 19 capítulos y 107 artículos, fueron el resultado del análisis de acuerdos y planteamientos de congresos y otros foros de la UPEC, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz; así como de la consulta de 312 documentos legales, éticos y políticos sobre la práctica comunicacional desde la etapa colonial y más de 90 tesis de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país.

Además, según el documento, entre los meses de julio y octubre se 2022 se desarrolló un proceso de consultas a lo largo de la isla que implicó más de 60 reuniones y la participación de 6 mil 638 personas, entre ellas estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.

Dicho proceso de consulta conllevó a la versión 32 del proyecto, que estuvo disponible en noviembre de 2022, y se sometió a evaluación en el Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, antes incluso de que los más de 400 diputados pudieran discutirla. Supuestamente, en diciembre de 2022, el parlamento debía aprobar la norma, pero el Consejo de Estado “propuso” retrasar su aprobación, debido a su complejidad y a una serie de cambios que había tenido. Y casi un mes más tarde, el 11 de enero, la Asamblea publicó otra versión, la número 33.

El proyecto El Toque Jurídico, coordinado por el abogado cubano Eloy Viera, destacó en un análisis reciente que solo las tres últimas versiones fueron dadas a conocer a la ciudadanía y que en cada una se percibió una evolución negativa. “El proyecto definitivo eliminó o edulcoró los elementos que más señalaron un sector del funcionariado y la opinión pública favorables al Gobierno cubano (que lo consideraba un riesgo porque entendían que la norma abría la posibilidad para impulsar una glasnost cubana)”, explicó.

“La influencia de esos sectores hizo que desaparecieran del proyecto definitivo prerrogativas como la facultad de la ciudadanía para exigir información pública a las entidades estatales; que se establecieran claras limitaciones a los contenidos que pueden ser difundidos; que se restringiera y controlara mucho más el tema de las formas de financiamiento de la prensa estatal; y que se terminara por autorizar la inclusión de la publicidad ‘socialista’”, precisó.

Uno de los avances más mencionados de la Ley de Comunicación Social es que -en sus artículos 37, 38 y 39- permite a “los medios fundamentales de comunicación social” comercializar sus productos y servicios dentro y fuera de Cuba, vender publicidad, recibir patrocinio y optar a cooperación nacional e internacional; aunque sin conceder a dichos medios total autonomía, pues para dar cualquiera de esos pasos necesitan “el aval de su titular y la aprobación de los organismos de la Administración Central del Estado”. Y, en el caso de la publicidad, el visto bueno del Instituto de Información y Comunicación Social.

Además, los llamados en el texto “otros medios de comunicación social” pueden sostener su producción con “fuentes lícitas y transparentes de financiamiento, cuya procedencia no tenga como objetivo subvertir el orden constitucional establecido en el país”.

Pero para los medios independientes del Estado no hay iguales derechos, ni siquiera con limitaciones. La norma jurídica sólo reconoce dos tipos de medios: los fundamentales y otros. Los fundamentales (artículo 28) son las “organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico en la construcción del consenso, cumplen funciones de servicio público y constituyen mediadores políticos, ideológicos y culturales”; como las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios impresos y digitales, y “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

Mientras, “los otros” tienen objetivos y perfil editorial específicos, en correspondencia con la misión o la actividad económica o social que desarrolla su titular, y pertenecen a organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales, o a otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos.

“El principal problema de esta ley y de todas las que hagan es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente, que es lo que muchos le han señalado, el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social”, dijo el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, residente en México, en conversación con Martí Noticias.

Gallego afirmó que el documento no trae muchas novedades y que constituye un esfuerzo más del régimen cubano por mostrar a la comunidad internacional una imagen de cambio e institucionalización. “Mientras se mantenga intacta la base de la estructura política de Cuba y los medios subordinados a ella, es imposible que el sistema de medios estatales produzca periodismo y no propaganda, entendido el primero como una actividad que tiene en su centro el cuestionamiento del poder”, argumentó.

“El sistema de medios cubanos, como lo fue el soviético en su momento, está diseñado a la medida del poder que busca legitimar. Los medios en Cuba no son autónomos, ni se conciben como un contrapeso del poder. Al contrario, se conciben, y así lo dicen explícitamente, como un instrumento del trabajo del poder”, añadió.

Para Medina, las concepciones que sustentan la nueva ley corresponden a “ese estadio primitivo de la comunicación de masas” que los teóricos llamaron teorías hipodérmicas, en el que la comunicación se entiende como un fin propagandístico, que debe ‘inyectar’ en la gente una determinada ideología y servir a los fines del Estado.

“Parece que en las sucesivas 34 versiones que se hicieron, los derechos, en lugar de ampliarse, se fueron reduciendo, hasta caer en la paranoia cerrada y en el lenguaje quintacolumnista del que siempre han hecho gala, año tras año, y ley tras ley. Saben que cualquier apertura podría significar un castillo de naipes sin control que redundará en la pérdida del poder absoluto”, concluyó la profesora.