Las quejas por la distribución arbitraria de la electricidad en Cuba se han disparado debido a la crisis energética que provoca apagones que superan las 70 horas diarias en varias regiones.
El déficit de electricidad ha dejado en evidencia una clara desigualdad territorial: mientras provincias como Matanzas soportan apagones extremos de hasta 90 horas, la disponibilidad de energía se redirige hacia La Habana, una maniobra que intenta contener el creciente descontento y las continuas protestas en la capital.
Lejos de esos focos, territorios como el poblado Juan Gualberto Gómez, de Matanzas, sufren cortes de electricidad que alcanzan cifras alarmantes. Residentes reportan que han permanecido entre 70 y 90 horas sin servicio eléctrico, sin acceso a comunicaciones, ni siquiera ante una emergencia.
Un ciudadano, que prefirió mantener el anonimato, denunció que la aplastante mayoría de la población en la provincia sufre cortes eléctricos extremos, acumulando más de 70 horas continuas sin servicio.
Alertó que el Despacho Nacional de Carga está sacrificando a territorios como Matanzas y Villa Clara para sostener el suministro en La Habana y así frenar el disgusto popular en los barrios capitalinos.
“En este escenario de crisis estructural, los matanceros soportan el mayor peso del déficit energético del Sistema Electroenergético Nacional”, indicó.
Asimismo destacó que la situación resulta particularmente paradójica para los matanceros, dado que esta provincia alberga la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país.
El colapso en los hogares golpea con especial dureza la vida cotidiana con la descomposición de los alimentos que necesitan refrigeración, falta de agua potable al no poder bombear los pozos, además de las condiciones insoportables que provocan las altas temperaturas.
“En la ciudad de Cárdenas, el reparto Fructuoso Rodríguez, aunque tiene una programación rotativa de seis horas sin corriente y tres con corriente, al final no está estable la corriente”, puntualizó un cardenense que solo se identificó como “el diplomático”.
“El bloque cuatro, que se comprende que es los barrios La Marina y Fundición, está dirigido por despacho provincial de Matanzas, que es la que decide brindar servicio eléctrico al bloque cuatro, una o dos horas. No tiene horario fijo. El bloque dos, que es la zona Partido y Gobierno, se beneficia un poco más de corriente, y la zona hospital es de 9 de la mañana a 5 de la tarde el apagón, ya toda la noche sí obtiene corriente”.
La población señala la enorme desigualdad y acusa al gobierno de proteger del racionamiento a zonas turísticas, hospitales y repartos donde residen altos funcionarios, dejando al resto de la ciudadanía con un servicio mínimo.
Por su parte, el gobierno ha reconocido la falta total de combustible y aceite que lo obliga a priorizar circuitos específicos.
En las redes sociales, los usuarios han reportado grandes diferencias en los tiempos de corte incluso dentro de un mismo municipio o cuadra. Mientras unos bloques permanecen sin fluido eléctrico, los colindantes pueden tener servicio regular debido al diseño del sistema de distribución de la Unión Eléctrica de Cuba.
Las quejas apuntan a que la disparidad en el esquema de cortes responde a una estrategia de priorización política. El objetivo del Gobierno es claro: abastecer a la capital y minimizar las protestas diarias que se suceden en sus calles.
Aunque La Habana también sufre apagones, los cortes suelen ser programados y de menor duración, evitando el colapso total que se vive en el interior del país.
Este sábado, el internauta Javier Bobadilla relató en Facebook que una mujer mayor, apoyada en un bastón, llegó a su casa como parte de un recorrido por el barrio Cayo Hueso, en Centro Habana. Explicó que la anciana está recogiendo firmas para exigir una distribución equitativa de los apagones.
La diferencia de trato entre la capital y las provincias ha comenzado a desbordar la paciencia de los ciudadanos en medio de un trance que el propio Ministerio de Energía y Minas ha calificado de grave, en el que el Estado se ve obligado a operar bajo el principio de desviar los recursos críticos hacia las zonas donde la agitación social representa un mayor riesgo político.
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